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La consulta ciudadana por el agua de Alcázar, ilegal para Labrador

Jesús Labrador, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, ha afirmado públicamente que la Consulta Ciudadana carece de garantía legal. Labrador ha afirmado también la apertura de un expediente sancionador contra el exalcalde socialista de la localidad, por promover las movilizaciones del 18 y 19 de febrero.

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El delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, ha afirmado en rueda de prensa que una entidad de la naturaleza de la Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar no puede convocar una consulta ciudadana como la que el colectivo tiene planeado para los días 20, 21, 22 y 23 de marzo. Labrador ha señalado que, eso sí, la asociación puede llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa “dentro de su ámbito interno”.

La participación en la Consulta Ciudadana organizada por la Plataforma, se puede realizar en modo presencial, cualquiera de los dos días, acudiendo a las urnas dispuestas para la votación en distintos lugares de la localidad, junto con el DNI y, en su caso, el certificado de empadronamiento para certificar la residencia en la localidad. También se puede solicitar el servicio de ‘urna ambulante’, a través del correo consultaciudadanaalcazar@gmail.com, en caso de no poder desplazarse. En el caso de realizar la votación por correo, el ciudadano debe descargarse la papeleta disponible en este enlace http://consultaaguas.wordpress.com/voto-correo/, al que se adjuntará una fotocopia del DNI, con el volante de empadronamiento en su caso, a la dirección Consulta ciudadana. Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar. Apartado nº 13. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Expediente abierto al exalcalde de Alcázar

De igual modo, Labrador ha confirmado la apertura de un expediente sancionador al exalcalde de la localidad, José Fernando Sánchez, debido a su condición de presunto organizador de las concentraciones ciudadanas en protesta por el cambio de gestión de agua los días 18 y 19 de febrero, movilizaciones que no fueron debidamente comunicadas. Sánchez Bódalo se ha referido a este proceso como una acción  de ‘utilización deleznable y vomitiva’ de información policial, por parte de la Delegación del Gobierno. El antiguo alcalde ha señalado también que no conoce dicho expediente sancionador, por lo que no considera que no ‘ha de confirmarse’ hasta que las partes se hayan citado.

   Para Sánchez Bódalo, si este expediente existe "tiene un cierto grado de confidencialidad" y no se ha de confirmar "hasta que las partes se hayan citado", por lo que "hacer una noticia de algo en lo que está trabajando la policía es una utilización partidista, burda y grosera de la Delegación de los medios de comunicación".


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