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Convocado un pleno extraordinario para adjudicar la gestión de las aguas de Alcázar de San Juan

Manifestación 9 de marzo en Alcázar de San Juan. Foto: Juventudes Izquierda Unida de Alcázar

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Tras la masiva manifestación en la plaza de España de la localidad, el grupo municipal de Izquierda Unida ha denunciado la convocatoria municipal de un pleno extraordinario el miércoles 12 de marzo, a las 8’15 de la mañana, cuyos primeros puntos de la Orden del día tratarán la toma de posesión de nuevos concejales y la toma de control de la gestión de las aguas municipales por parte de la empresa de FCC-Aqualia durante los próximos 25 años. El grupo local del partido político ha manifestado sus dudas ante esta decisión por parte del Ayuntamiento, ya que consideran que los nuevos concejales, número 18 en la lista del PP y tercero en la lista del partido local Ciudadanos Por Alcázar, estarán recién electos y, por tanto, no estarán en una posición adecuada para elegir una adjudicación tan importante, como es el sector de las aguas municipales. En este sentido, Izquierda Unida ha expresado su duda respecto a la documentación de la adjudicación, que incluye la Memoria Técnica, sus anexos, las alegaciones presentadas, los pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas, entre otras, que alcanzan las 1500 páginas.

Por otro lado, la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, ha planificado la gestión de una Consulta Ciudadana, a realizarse los días 20, 21, 22 y 23 de marzo, evento que se vería opacado por el pleno extraordinario, por lo que el grupo político considera también que con la decisión del Pleno se está evitando la expresión popular de los ciudadanos, mientras se continúa menospreciando la opinión de más de 11.000 vecinos que ya han presentado su firma contra la gestión público-privada de las aguas. A pesar de reconocer la legalidad de la convocatoria de este Pleno, critican la falta de ética, transparencia y democracia de la decisión por parte del Ayuntamiento, y hacen un llamamiento a todos los alcazareños a que acudan al Pleno para manifestar su opinión ante el Gobierno y mantener su calidad de ciudadanos, y no pasar a usuarios.

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