La reforma de la financiación autonómica es una urgencia de salud pública

Pedro Sánchez dijo sentirse “encantado” de poder “retomar los debates políticos” anteriores al estado de alarma al responder al diputado de Compromís Joan Baldoví, que le había recordado la letra del pacto de investidura. “El acuerdo incluía la financiación autonómica y la ministra de Hacienda ha asumido el compromiso de remitir el primer esqueleto de la financiación en noviembre”, anunció el presidente del Gobierno durante el pleno del Congreso.

La reforma del modelo de financiación autonómica, caducado hace varios años, es una reivindicación central de las fuerzas políticas y las instituciones valencianas porque la discriminación que sufre la Generalitat Valenciana en el reparto de recursos es flagrante. Hace tiempo que nadie discute que es el gobierno autonómico peor financiado. Pero todavía no se ha puesto sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta para resolverlo.

Y si el portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, se apresuró a advertir a sus aliados valencianistas en el Gobierno del Pacto del Botánico que “no es una cuestión de medallas” y que el nuevo modelo no se conseguirá “por el hecho de que Compromís tenga un diputado en Madrid”, lo cierto es que Sánchez no habría puesto una fecha al borrador si Baldoví no hubiera incluido el asunto en el acuerdo para la investidura y no le hubiera reclamado al presidente su cumplimiento tras un desencuentro con el Gobierno que llevó a Compromís a votar contra las últimas prórrogas del estado de alarma.

En todo caso, el conseller de Hacienda, el también socialista Vicent Soler, que se felicitó explícitamente por el anuncio, destacó: “El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado de forma reiterada su compromiso con las comunidades autónomas, en general, y con la Comunitat Valenciana en particular, con el adelanto de la liquidez necesaria para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y con la habilitación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones, totalmente inédito en la España autonómica, y ahora lo vuelve a hacer anunciando el inicio de la reforma del sistema de financiación autonómica”.

Soler añadió que el plan de recuperación tras la pandemia “tiene que incluir inexcusablemente la reforma del sistema de financiación autonómica”. Y apuntó dos criterios clave: el de “suficiencia”, que implica aumentar los recursos de las comunidades autónomas, como responsables de la gestión de los servicios públicos fundamentales, y el de “equidad”, que exige “una distribución horizontal de recursos entre las autonomías, según el criterio de población, porque las personas son las destinatarias de los servicios públicos fundamentales que gestionan las comunidades autónomas”.

Se trata de un enfoque con el que se ha mostrado coincidente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que tiene una lógica que va más allá de los intereses específicos valencianos, ya que sobre esa base debe forjarse el nuevo modelo, antes de incorporar cualquier otra consideración o matiz. Y consiste en que la Administración central ha de ceder parte de sus ingresos para garantizar que ninguna de las comunidades autónomas retroceda en términos absolutos, pero también que estén suficientemente financiadas las competencias que afectan al núcleo del bienestar colectivo. Una perspectiva que la crisis causada por la pandemia del coronavirus hace más imprescindible todavía.

Lo ha explicado con datos el comisionado para la financiación autonómica de la Generalitat Valenciana, José Antonio Pérez. Los recursos del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, a las que incomprensiblemente se exigió además en los tiempos del PP objetivos de déficit más duros que a la Administración central, “apenas han permitido cubrir, en el conjunto del periodo 2009-2018, el 77% del gasto en servicios públicos fundamentales evolucionado según las necesidades”, señala. “El resultado de todo ello es que el comportamiento en el gasto en políticas del Estado del bienestar de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas de régimen común ha resultado muy distinto. Mientras que la Seguridad Social ha podido atender la totalidad de sus prestaciones e incrementar el gasto a lo largo de la década, gracias al apoyo de la Administración central y del Fondo de Reserva, las comunidades autónomas han tenido que realizar ajustes medios anuales de dichos servicios, en términos reales por habitante ajustado, del -1,7% durante todo el periodo 2009 a 2018, con un efecto acumulado cercano al -12%”.

Dicho de otra manera, las competencias que atañen al Estado del bienestar como la salud, la educación y la protección social, y que son gestionadas por los gobiernos autonómicos, han visto reducidos en los últimos años sus recursos en términos reales. Una deriva especialmente relevante en lo que se refiere a la sanidad. “El funcionamiento de la financiación autonómica, además de unas diferencias de financiación per cápita de más del 30% entre comunidades autónomas de régimen común y de más del 70%  de estas con las forales, ha provocado una tremenda brecha entre financiación pública autonómica y necesidades de la población”, escribe José Antonio Pérez. “En las circunstancias que se avecinan esta situación es de extrema gravedad y las desigualdades se hacen insoportables. Resulta de la máxima urgencia aprestarse a corregir la insuficiencia de la financiación autonómica y su falta de equidad”.

El experto nombrado por la Generalitat Valenciana para la reforma del sistema advierte: “Con frecuencia, la petición de revisión del sistema de financiación autonómica se ha percibido por los responsables de impulsar su reforma, esencialmente el Gobierno de España (y una parte importante del establishment capitalino), como otra oleada del insaciable apetito por el gasto de los gobiernos autonómicos y su escaso deseo de afrontar el coste político de la exacción fiscal ante sus electores. Pero, como hemos visto, los datos no dan la razón a ese argumento. Desde 2010 hasta 2019 el gasto autonómico está situado sistemáticamente por debajo de la evolución de las necesidades de la población y la asignación de la financiación autonómica es enormemente desigual para atender necesidades de la población que son muy similares”. Y concluye que esos objetivos son incompatibles con una reducción estructural de los impuestos: “Los milagros no existen”.

En la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, Ximo Puig, ha venido denunciado reiteradamente el dumping fiscal que practica Madrid al reducir o suprimir impuestos propios, la insuficiencia y la desigualdad de los recursos se traduce estructuralmente en un endeudamiento público (una deuda histórica) que se acumula de año en año fundamentalmente debido al deficitario sostenimiento del sistema de salud.

Ahora, cuando se habla de la reconstrucción tras la pandemia, hay coincidencia en señalar el fortalecimiento de la sanidad como un eje fundamental. Y no parece razonable que la forma de lograrlo consista ni en bonificar impuestos por parte de las comunidades ni en seguir haciendo uso por parte del Gobierno central de mecanismos extraordinarios para apoyar la liquidez de los gobiernos autonómicos o el reparto periódico de fondos no reembolsables. Porque reformar el sistema de financiación autonómica significa reforzar el Estado del bienestar frente a la crisis. Una necesidad de salud pública perentoria.