La amarga derrota de la República

Patricio Azcárate, último combatiente de la Batalla del Ebro en la que participó como secretario del jefe del Estado Mayor.

José Ramón Juániz Maya

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Con el hilo conductor del extraordinario relato de Patricio Azcárate, hijo del último Embajador de la República en Londres, la periodista valenciana Rosa Brines acaba de presentar el documental La amarga derrota de la República, en el que se adentra en la decisiva batalla del Ebro y narra cómo se vivió desde el frente de batalla el abandono internacional a la II República, la solidaria participación de las brigadas internacionales y el difícil el papel que tuvo que realizar Juan Negrín, último presidente del Gobierno, en medio de una República que se desangraba también por dentro. De la mano de historiadores como Ángel Viñas, Jorge Ramos y J.R Valero, la directora Rosa Brines nos acerca rigurosamente y con profunda sensibilidad a los lugares más recónditos de aquéllos últimos meses de la contienda que nos evocan la amargura de la derrota de la República.

Sin duda fue una derrota amarga. Una amargura que ya embargó a tantos demócratas de entonces, y que también hoy sobrecoge a cualquier demócrata que reflexione, como aquí hacemos, a propósito del precioso trabajo de Rosa Brines, sobre este hecho histórico que condicionó a los demócratas de antaño, cuando no cercenó brutalmente sus proyectos de vida, y que a renglón seguido, condicionaría las vidas de varias generaciones de españoles, sin que hasta el momento, nuestro país haya podido encontrar un verdadero proceso de reconciliación.

Porque sobre la derrota de la República, los vencedores proyectaron en el tiempo de la dictadura franquista una negra sombra que, lamentablemente, tampoco se iluminó en la Transición, ni en las cuatro décadas de democracia. Esa ocultación de la verdad se adornó y se sigue adornando, además, con falsedades y mentiras que como modernas fake news todavía mantiene el franquismo sociológico en contra de la Memoria Histórica, como señalaba con precisión Juan Miguel Baquero en elDiario.es en su artículo Las 'fake news' del franquismo sociológico que atentan contra la Memoria Histórica.

En esa sombra de amargura que se sigue proyectando sobre nuestras vidas después de ochenta años y que nos recuerda con rigor el documental de Rosa Brines, podemos apreciar al menos cuatro importantes lagunas de verdad que es necesario iluminar y seis grandes mentiras que es preciso denunciar;  estas últimas ya señaladas por Juan Miguel Baquero en el artículo citado.

1º. En primer lugar, se proyecta como un hecho cierto y constatado, la laguna de verdad del dolor de miles de víctimas inocentes, muchas de ellas y todavía, olvidas en fosas y cunetas, que fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, violadas y/o encarceladas y sometidas a trabajos de esclavitud hasta su muerte por hambre, enfermedad o ejecución, en el curso de la guerra y después durante la dictadura. Un dolor que es como una sima profunda en nuestra memoria colectiva y que nunca deberemos olvidar, además, como garantía de no repetición.

Esta sombra de amargura y dolor se alimenta desde el franquismo sociológico, aún hoy, con la falsedad de que “las fosas comunes no existieron”. Es la primera gran mentira contra la memoria histórica. Las fosas comunes no son una mentira. Existen y hay que abrirlas todas. Y es un deber del Estado, amparado en el Derecho Internacional Humanitario, satisfacer el derecho de los familiares a honrar con dignidad a sus muertos.

2º. En segundo lugar, se proyecta la laguna de verdad del dolor de todas las víctimas sobrevivientes al conflicto, que sufrieron el exilio, la persecución, la humillación, el robo de sus hijos, el expolio de su trabajo y de todos sus bienes, el hambre y la miseria impuestos por los vencedores sin ninguna piedad. Un dolor que por su proyección en el espacio, se desliza cada día por un túnel interminable que recorre de parte a parte toda nuestra geografía, y que por su proyección en el tiempo, sigue impregnando a las nuevas generaciones que toman el testigo de la lucha por la verdad y la justicia.

Por eso, no nos sorprende, aunque sí nos indigna, que ante la legítima y persistente lucha de las víctimas por la verdad, justicia y reparación, algunas voces vuelvan a defender aquí en España. Como en El Salvador, que no hay que remover las heridas del pasado, que la verdad solo abre viejas heridas ya cicatrizadas con el paso del tiempo e incluso con la desaparición de los posibles victimarios. Esta es la segunda gran mentira contra la memoria histórica. Porque cualquiera que se acerque al dolor de las víctimas o que simplemente las escuche, puede comprobar que las heridas siguen abiertas y que el silencio y el olvido que se les impone constituye una tortura y una permanente revictimización.

3º. Porque, en esa sombra de amargura y junto a las heridas abiertas del dolor, aparece en tercer lugar la laguna de verdad de un programa explícito y diverso de memoricidio, que durante cuarenta años de dictadura franquista, y amparado en la cultura del miedo y el silencio impuesto, no sólo negó la existencia de las innumerables víctimas de su sangrienta victoria, sino que impuso una despiadada mordaza a los vencidos y sus familias. Esa mordaza siguió tapando la voz víctimas, después, en la transición, con la Ley de Amnistía de 1977, bajo el lema de “perdón y olvido”, y tampoco la retiró posteriormente, el TS en su sentencia de 27 de febrero de 2012, que como recordarán, absolvió al juez Baltasar Garzón del delito de prevaricación, por asumir a competencia para la investigación de los crímenes del franquismo. Pero en la que el Alto Tribunal, después de admitir expresamente que “los hechos denunciados son de acuerdo a las normas actuales vigentes, delitos contra la humanidad, en la medida en que las personas fallecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”, determina, en contra del derecho internacional de los derechos Humanos y del derecho internacional humanitario, que la Ley de Amnistía, impide dicha investigación.

Y así seguimos hasta hoy, en un país en el que las víctimas de la guerra civil y del franquismo y sus familiares, sólo pueden ser escuchadas desde el esfuerzo de la sociedad civil. Porque tampoco la Ley de Memoria Histórica, ni el nuevo proyecto de ley recientemente anunciado; pese a suponer una importante apuesta por la dignidad de las víctimas olvidadas, establecen de entrada un mecanismo extrajudicial e internacionalmente contrastado, como es una Comisión de la Verdad. Un espacio en el que se pueda escuchar la voz tantos años silenciada de las víctimas sobrevivientes y, en todo caso, el relato heredado por sus familiares de las vivencias traumáticas y del dolor transmitido a las nuevas generaciones.

No obstante, creo que es posible considerar comprendida en el ideal de cobertura de lo establecido en la Ley 52/2007, y por la misma razón, en el nuevo Proyecto de Ley de Memoria, la creación de una Comisión de la Verdad. Un objetivo por el que merece la pena trabajar.

Para las víctimas, recuperar públicamente su memoria de dolor, es recuperar la vida. Porque, como señala José María Ruiz-Vargas, Catedrático Emérito de Psicología de la Memoria, “sin memoria no hay vida; no hay pasado, presente, ni futuro, porque… la memoria es la vida”.

Por eso, también, es necesario afirmar que cualquier ejercicio de represión de la memoria histórica individual y colectiva, provenga de regímenes dictatoriales o de leyes de amnistía para los victimarios de crímenes contra la humanidad, sea cual sea la razón y el contexto histórico en que se promulguen, son instrumentos contra la vida, son leyes contra la naturaleza humana que ninguna sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos puede permitir.

La recuperación de la memoria histórica puede ser, además, una experiencia positiva de psicología por la salud para las víctimas, porque la víctima necesita verbalizar su dolor, y al hacerlo mediante el vehículo de la palabra y su expresión, consigue llevar al plano consciente aquello más profundamente reprimido en la psique de la persona, logrando de esta forma un cambio terapéutico que le libera tras ese trance, de muchos años de angustia. Nuestra experiencia en el Tribunal de El Salvador así nos lo ha demostrado.

Con ello se deshace la tercera gran mentira contra la Memoria Histórica, desde la que se afirma que “las víctimas sólo buscan venganza y subvención”.

4º. En esa sombra de amargura se proyecta finalmente la laguna de verdad de la impunidad; de una parte de los que en el exterior y desde el desprecio al Derecho Internacional de la época, en esencia el Pacto de La Sociedad de Naciones de 1919 que obligaba al apoyo militar a la República Española, propiciaron la derrota de ésta, abandonando a su suerte a los demócratas españoles o incorporando sus ejércitos a las fuerzas sublevadas; y de otra, en el contexto de la guerra y durante la dictadura, la impunidad de los victimarios y responsables de prácticas genocidas y crímenes contra la humanidad; lo que dado el fracaso de la justicia y del Estado de Derecho en nuestro país, ha provocado la necesidad para las víctimas de buscar caminos de reparación a través de la justicia universal (Querella Argentina).

Sobre la labor político-diplomática llevada a cabo ante la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, por parte de los diferentes gobiernos de la II República durante la Guerra Civil, se trata ampliamente en el Documental de Rosa Brines, que nos desvela claramente la internalización del conflicto desde su inicio y los prejuicios infundados, especialmente de Gran Bretaña, sobre el carácter comunista del Gobierno de la República; imputación falsamente personalizada en su Presidente Juan Negrín; lo que constituye la cuarta gran mentira contra la memoria histórica.

La internalización del conflicto fue tan flagrante que algún autor, como el historiador David Jorge, señala que es preciso hablar de Guerra de España, en lugar de la tan estandarizada como equívoca de Guerra Civil Española. Y que al mismo tiempo, es necesaria la modificación de la cronología tradicional de la Segunda Guerra Mundial, que establece su comienzo en 1939, como ya denunciaron en 1936 y 1937 en Ginebra, ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, personalidades españolas como Julio Alvarez del Vayo, ministro de Estado y el presidente Juan Negrín, en 1936 y 1937 con estas palabras: “los campos ensangrentados de España, son ya, en realidad, los campos de batalla de la guerra mundial”. Palabras que entonces representaban la propia voz de la conciencia de Europa que nadie quiso escuchar.

Claro que hubo enfrentamientos entre familiares, entre gentes de una misma tierra. Pero la Guerra de España no fue una guerra entre hermanos o una guerra cainita (quinta gran mentira contra la memoria histórica), sino que fue un conflicto internacionalizado desde su inicio e incluso en su preparación.

En definitiva, en la amarga derrota de la República se oculta la sombra de un conflicto internacional ejecutado y resuelto en violación de las normas internacionales de la época, y que responsabiliza a las potencias europeas que ignoraron deliberadamente la ayuda a la República Española y a las que intervinieron ilegalmente como invasoras. Esta responsabilidad nunca exigida ni satisfecha constituye una flagrante impunidad histórica de estos países frente al pueblo español y el Estado Español que trabajos como este documental de Rosa Brines ponen en evidencia y es necesario difundir.

Finalmente, en esta sombra de amargura se proyecta la laguna de verdad de la impunidad de los victimarios responsables de prácticas genocidas y crímenes de lesa humanidad promovidos y ejecutados durante la guerra y posteriormente, en la dictadura franquista, por los responsables del ejército sublevado y de los gobiernos franquistas; lo que ha sido reconocido como dato histórico cierto por el propio Tribunal Supremo, en la sentencia antes citada.

Y con ello combatimos la sexta gran mentira del franquismo sociológico contra la memoria histórica; el conocido “Todos mataron igual”, que recoge Juan Miguel Baquero; lo que no es verdad ni cuantitativa, ni cualitativamente. Porque para el derecho internacional, no es lo mismo la tipificación como practicas genocidas y delitos de lesa humanidad, de la barbarie planificada para el exterminio de la población civil indefensa por la mera discrepancia ideológica, como la  realizada por las fuerzas sublevadas; que la realización de crímenes en evidente extralimitación del ejercicio del derecho de resistencia, fruto de la ira popular frente a una agresión interior y exterior, desde luego mal canalizada por algunos desalmados; pero que nunca obedecieron a plan alguno ni de los Gobiernos de la República, ni de sus fuerzas regulares. Muy al contrario, se luchó desde el Gobierno contra esas conductas execrables.

Pero lo que sonroja al Derecho Penal Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es la impunidad.de las prácticas genocidas y graves crímenes contra la humanidad cometidos por los sublevados durante la guerra y después de ella, para los que no puede haber amnistía ni prescripción.

No olvidemos que la tipificación de estos crímenes obedece a unos principios básicos e históricos en el Derecho Internacional que nos recuerdan que se trata de crímenes que suponen la forma de agresión más brutal a la persona humana; trascienden al individuo, convirtiendo a toda la humanidad en víctima; son internacionales, de interés de la comunidad política, cívica y humana internacional; suponen, más allá de su tipificación, una ética negativa inherente a todo ser humano, en el sentido de que “aunque no se sepa cómo se debe actuar, todo el mundo sabe muy bien cómo no se debe actuar”; y por último, ningún gobierno o tribunal puede desconocer esos valores y esos principios que antes que estatales son humanos e integran el ius cogens (derecho común obligatorio). De ahí su obligatoriedad, so pena de garantizar la barbarie.

En conclusión, y como señalaba al principio, una amarga derrota; pero además, llena de sombras y mentiras que trabajos como el de Rosa Brines contribuyen a que entre todos vayamos desvelando día a día.

*José Ramón Juániz Maya es abogado y fue juez del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador (2009-2019)

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Publicado el
2 de noviembre de 2020 - 22:30 h

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