Denuncian que el Consell permitió a Lavalin modificar su oferta durante el concurso del aeropuerto

Gesnaer, la empresa que perdió el concurso de adjudicación del aeropuerto de Castellón ante la mercantil canadiense SNC-Lavalin, ha denunciado que la Generalitat Valenciana permitió a la sociedad norteamericana modificar su oferta durante el transcurso del proceso concursal para que pudiera corregir tres puntos que no cumplían el pliego de condiciones.

Según informa Radio Valencia, el Tribunal Administrativo Central tendrá que decidir en los próximos días sobre la validez del proceso de adjudicación después de que Gesnaer haya recurrido la decisión de Aerocas. La apelación se basa en supuestas “irregularidades administrativas” en las que incurrió la Generalitat.

Entre estas presuntas irregularidades, la Cadena Ser se refiere a que cuando se notificó la preadjudicación, el Consell indicó a Lavalin que rectificara los tres puntos de la oferta que incumplían el pliego. De esta forma, denuncia Gesnaer que Aerocas dio oportunidad a la empresa canadiense para que modificara su oferta en pleno proceso, cuando, según el gerente de la empresa presuntamente perjudicada, Juan Manuel Pérez, la oferta de Lavalin debería haberse descartado por incumplimiento del pliego de condiciones.

Gesnaer también asegura que su exclusión del concurso estuvo motivada por el modelo económico-financiero, un aspecto que apuntan que no era evaluable para la adjudicación, así como también apuntan que la adjudicataria incumplió el plazo de presentación del aval bancario.

Retrasar la apertura

Desde Compromís advertían hace unos días que el recurso presentado por Gesnaer contra la adjudicación de la gestión del aeródromo castellonense podía tratarse de una nueva “escenificación” de una “pelea pactada” para retrasar la puesta en marcha de la infraestructura hasta la campaña de las próximas elecciones autonómicas, en 2015.

Adjudicación a Lavalin

Aerocas adjudicaba el pasado 3 de marzo a SNC-Lavalin la gestión del aeródromo castellonense. La empresa canadiense, vetada por el Banco Mundial por el soborno a funcionarios de Bangladesh, percibirá 25 millones de euros en los primeros 10 años de funcionamiento si la instalación no recibe un mínimo de 360.000 pasajeros al año.

El periodo de adjudicación a la sociedad americana es de 20 años y Lavalin no deberá pagar ni un euro al Consell si la infraestuctura -cuyo coste final no está muy claro, tal y como apuntaba la Defensora del Pueblo en su informe anual de 2013- no recibe un mínimo de 1,2 millones de viajeros al año, cifra que se antoja muy complicado de alcanzar.