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La Comunitat Valenciana, segunda autonomía con mayor porcentaje de regadíos en zonas tensionadas por la sequía

Mapa de las zonas con regadíos en territorios tensionados por la sequía.

Europa Press

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La organización Greenpeace considera “necesario” recortar el volumen de agua del regadío en España, “racionalizarlo” en aras de una “necesaria transición hídrica justa” para lograr un reparto de los recursos hídricos que garanticen la supervivencia de todos ya que en la actualidad “no hay agua para tanto regadío”. En el caso de la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con mayor porcentaje de regadíos en zonas tensionadas, con un 32,88%.

Así lo ha reclamado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, durante la presentación del informe 'La burbuja del regadío en España' que explica las zonas con mayor riesgo y que alerta de la “insostenibilidad del regadío”, al tiempo que en este contexto electoral pide a los partidos que expliquen su política hídrica.

El trabajo recuerda que desde 2004 a 2021 los regadíos “legales” han aumentado al menos en 536.295 hectáreas; de las que 14.884 hectáreas de riego se realizan en invernaderos. En total, en España ser riegan 3,97 millones de hectáreas lo que, según Saldaña supone que la extensión de regadío ha aumentado un 16% entre 2004 y 2021.

El documento precisa que las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Catalunya y Región de Murcia. De hecho, las tres primeras suman el 56% de todo el regadío en España.

Durante la rueda de prensa, el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, ha advertido de que las señales de alarma son evidentes ya que España es el segundo país con más estrés hídrico de Europa, ya que tiene un 75% del territorio en riesgo de desertificación.

“No podemos permitirnos regar como si nada”, afirma Barea que considera que este informe de Greenpeace pone “el cascabel al gato” al regadío, el mayor consumidor de agua de España.

En este contexto, recuerda que el 80% del agua se destina a la agricultura y la ganadería; otro 15 por ciento a consumo urbano y el 5% a uso industrial. Sin embargo, destaca que el ahorro en el consumo se centra en el uso urbano e industrial y no en la agricultura.

Barea ha incidido en que el regadío se concentra cada vez en menos manos, lo que implica que no ayuda al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de cada vez, menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría. “Si seguimos con este modelo y crecimiento desmedido está en peligro de desaparecer nuestra agricultura tradicional”, advierte.

Así, insiste en que “no hay agua para tanto regadío” y por ello es necesario recortarlo. El trabajo indica además cuáles son las zonas prioritarias de reducción ya que a pesar de que la ciencia estima que España cada vez tendrá menos agua, la planificación hidrológica del Ebro, Duero, Gudiana y Segura recoge aumentos en regadíos.

Asimismo, Barea denuncia que el 16,2% del regadío está en zonas con acuíferos en mal estado o vulnerables a nitratos y un 3,7% de ese regadío está en zonas donde ya ha cambiado el clima.

En definitiva, la ONG afirma que el agua es escasa, contaminada y mal gestionada y que el regadío en España es “insostenible”. En el marco de su campaña 'Salvar el Agua', precisa que el 32,88% de las zonas sobre acuíferos tienen un “mal estado cuantitativo”; el 45,52% del regadío sobre acuíferos presenta un “mal estado químico”; el 56,69% son zonas con elevados niveles de nitratos y en el 15,83% de las zonas se ha producido una evolución climática.

El trabajo apunta que en total el 16,23% de los regadíos españoles están en áreas tensionadas, por lo que son, esas zonas las que Greenpeace considera preferentes de reducción, empezando, en primer lugar por los regadíos ilegales. Además, ve conveniente hacer un análisis socioeconómico de las explotaciones con los afectados.

Por cuencas, las que peor situación reflejan, según el informe de Greenpeace, son el Guadiana, con un 38,06 por ciento, Segura, 27,44%; cuencas de Baleares, 26,88%; Júcar, 25,78%; Mediterráneas Andaluzas, 25,44%; las cuencas internas catalanas, 24,91% y Guadalquivir, 19,34%.

Igualmente, por comunidades autónomas, la peor situación se da en Castilla-la Mancha, Comunitat Valenciana y Región de Murcia. En estas tres comunidades, alrededor de una tercera parte de los regadíos ya se sitúan en zonas tensionadas.

Cuenca del Júcar y Segura

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, es la segunda con mayor porcentaje de regadíos en zonas tensionadas, con un 32,88%. Una tercera parte de sus regadíos se sitúan en zonas que cumplen los criterios que determinan un peor estado de los acuíferos, un mayor impacto de la agricultura industrial y que, de manera prioritaria, tendrían que reducirse. Las zonas con mayor impacto del regadío se concentran fundamentalmente en las áreas más cercanas a la costa, tanto en la cuenca del Júcar como en la del Segura.

Además, 22.000 de éstas hectáreas, en la franja costera al norte de Castellón, se sitúan sobre zonas críticas, en las que ya se ha producido un cambio en su clasificación climática hacia un clima más árido. Esta circunstancia hace que la Comunitat Valenciana sea la segunda CCAA con mayor superficie de regadío bajo estas circunstancias en términos absolutos y relativos.

En el conjunto del país, el trabajo estima que el 13,8% de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico, como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana, donde su estado es “algo crítico”.

Ante estas “señales de alarma evidentes”, Barea ha insistido en que es posible regar “como sin nada” y además el regadío está concentrada en pocas manos por lo que “no ayuda” al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de, cada vez, menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría. “Si seguimos con este modelo y crecimiento desmedido está en peligro de desaparecer nuestra agricultura tradicional”, reitera.

De este modo, ante el contexto de elecciones generales del 23 de julio, Greenpeace observa que es una “buena oportunidad” para que los partidos definan su postura ante este problema para que el electorado sepa cuáles son las propuestas que protegen el agua, a las personas y los ecosistemas y pide a los ciudadanos a exigir un “compromiso medioambiental inequívoco a sus dirigentes”.

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