El contrato de entrada de la Gürtel en Valencia: la guía de medios que presentó González Pons
El juicio de la trama de corrupción Gürtel no solo está sirviendo para certificar que el PP valenciano se financió de manera irregular en las campañas de 2007 y 2008 sino para evidenciar que una red corrupta se introdujo -o emanó- del mismo tuétano de la formación política. La versión de Álvaro Pérez El Bigotes desvela que tras una discusión con el equipo de Mariano Rajoy y, sobre todo, tras la pérdida en 2004 del Gobierno de España, la red corrupta emigró a las autonomías donde los populares afianzaban su poder, sobre todo en València y la Comunitat Valenciana.
Y las fechas y los hechos cuadran con la versión de El Bigotes. Álvaro Pérez explicó al juez que ayudó a organizar la campaña de Francisco Camps que le aupó a la presidencia de la Generalitat en junio de 2003, tras la abrupta salida al Gobierno de Eduardo Zapalana en 2002 y el interregno de José Luis Olivas, imputado ahora en el caso Bankia, entre otros. Pérez declaró ante el magistrado que, como quedó sorprendido ante sus encantos, el expresidente Camps le dijo “vente para Valencia”.
Así, el 24 de julio de 2003 la trama constituyó Orange Market con 3.001 euros y Pablo Crespo de administrador. Para evitar trámites ante las prisas y las expectativas de negocio, la firma se la compraron a Ramón Cerdá, el mismo empresario valenciano a quien Urdangarin y su socio le compraron el Instituto Nóos. En ese momento, la Comunitat Valenciana esperaba la llegada de grandes eventos como la Copa América o la visita del Papa, donde la Gürtel hizo su negocio.
En marzo de 2004, Mariano Rajoy perdió las elecciones generales de manera inesperada y a la trama Gürtel le saltaron las prisas puesto que necesita negocio público para sustentar su estructura. Con Álvaro Pérez ya en Valencia y con Orange Market montada comenzaron a engrasar la maquinaria que, por poner un ejemplo más que sustancial, permitió a El Bigotes ganar él solo una media entre 2006 y 2007 de 400.000 euros anuales, según los datos hechos públicos por las acusaciones en el juicio.
Y así llegó el primer contrato público para la red. La guía de medios de comunicación de 2005 -una recopilación de teléfonos y direcciones de medios de comunicación- que se adjudicó a mediados de 2004. Este contrato ha sido investigado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ha evidenciado que las órdenes para contratarlo llegaron directamente desde Presidencia de la Generalitat. El 27 de agosto de 2004 Esteban González Pons, amigo de Camps de la universidad y en aquel momento persona de su máxima confianza, se convirtió en portavoz del Gobierno y consejero de Relaciones Institucionales.
Como se observa en la guía de medios de 2005, Esteban González Pons presentaba este documento que había sido diseñado y maquetado por Orange Market con un coste de 12.020 euros. El contrato formaba parte de una operación más grande de servicios, como el reparto de USB, que se adjudicó también a dedo a empresas de la trama corrupta. En concreto a DT Consulting (12.020,24 euros), Boomerangdrive (10.500 euros), Trece S.L. (6.354,15 euros), Technology Consulting Managemente S.L. (12.020,24 euros) y Good and Better S.L.(12.020,24 euros). Lo que viene a ser un contrato fraccionado para evitar los concursos públicos.
Estas decisiones, según la instrucción de la pieza separada número 5, fueron tomadas directamente por el equipo de Francisco Camps. Fue la aparición de Orange Market en la mancheta de la guía de medios lo que hizo saltar las alarmas en la oposición valenciana, que a través del diputado socialista José Camarasa preguntó por el motivo y la identidad de esta empresa nueva que entraba en la Administración. El PP, que tenía mayoría parlamentaria en las Corts Valencianes en ese momento, paró las preguntas al no considerarlas de interés general.
El resto de la historia ya es conocido. Contratos millonarios amañados en Turismo para Orange Market y beneficios para la trama en la televisión valenciana con la llegada del Papa en 2006, con un contrato de 14 millones de euros también investigado para el servicio de pantallas gigantes.
Esteban González Pons relató en su autobiografía Camisa Blanca, que este contrato estuvo a punto de salirle muy caro porque estuvo a punto de ser imputado. “Alguien muy importante en el Ministerio del Interior insistió confidencialmente ante los periodistas para que me presentaran como posible enredado en un conocido asunto judicial que no tenía nada que ver conmigo”, relata. El ahora eurodiputado y portavoz de la delegación española del PP en Bruselas afirma en su libro que se intentó “hacerle daño” y “ensuciarle”, y revela: “sin tener por qué, me salvó Garzón”. El exjuez fue el primer instructor del caso Gürtel.
Cuando estalló el escándalo en el año 2009 y ya como vicesecretario portavoz del PP, González Pons fue quien forzó la dimisión del exsecretario general del PP Ricardo Costa cuando fue imputado. Ese 9 de Octubre, día de la Comunitat Valenciana, dijo la célebre frase: “La fiesta se ha acabado”. A lo que Costa le replicó en una memorable rueda de prensa: “La fiesta en el PP no se acaba nunca”.
Por lo vivido en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel de esta semana, Ricardo Costa tenía razón.
