La justicia estrecha el cerco sobre el PP valenciano
El PP valenciano se está encontrando con un duro obstáculo a la hora de intentar desgastar al Consell con su labor de oposición e intentar marcar la agenda política: la sombra de la corrupción, tras 20 años con gobierno popular en la Generalitat, es muy alargada. En las dos últimas semanas, hasta cinco asuntos supuestamente turbios -y uno de, como mínimo, dudosa gestión- han dominado la actualidad mediática y política. Un resumen de dos semanas pésimas para el PP.
Lunes 11. Arranca el juicio por el caso Nóos. Aunque los focos estuvieron sobre la hermana del Rey, Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, se sienta en el banquillo. El juez del caso, el afamado José Castro, ha lamentado la ausencia entre los acusados de Francisco Camps y Rita Barberá.
Las administraciones valencianas -además de la Generalitat, el ayuntamiento de Valencia- pagaron a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey, 3.6 millones de euros por la organización de varios congresos deportivos –Valencia Summit- que sólo costaron 910.600. Además, Nóos, la empresa del marido de la infanta Cristina, se embolsó 382.000 euros del contribuyente por un estudio sobre unos eventuales Juegos Europeos que nunca se celebraron.
Lunes 11. Empiezan las declaraciones por el caso Valmor. El empresario Fernando Roig aseguró que los accionistas de Valmor advirtieron a la Generalitat de que la prueba era inviable dados los grandes déficits anuales, pese a lo cual el gobierno Camps decidió avalar las pérdidas de la compañía y asumir el cánon anual que los organizadores -Valmor- debían pagar cada año a Formula One Management, la empresa del magnate Bernie Ecclestone.
La Fórmula 1 celebrada en Valencia en los días de vino y rosas supuso un quebranto económico de unos 300 millones de euros. Entre ellos, 34 destinados por el Consell de Alberto Fabra a comprar Valmor, la empresa a la que Camps adjudicó, a dedo, la organización de la prueba. Anticorrupción investiga el caso tras encontrar indicios de prevaricación, malversación y delito societario. José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat, también ha comparecido como testigo en el juicio por su condición de expresidente de Bancaja.
Miércoles 13. Detenido otro exalto cargo del PP en relación con el cártel del fuego. El juez ordenó el arresto de más de 20 personas, entre ellas Pedro Hidalgo, exdirector general de Interior de la Generalitat. Se investiga la comisión de hasta ocho delitos -organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público- en las supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos a empresas de aeronaves para la extinción de incendios. El exdelegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ya fue detenido por este asunto.
Viernes 15. Arranca la comisión de investigación del accidente de Metro en Valencia, que causó 43 muertos y 47 heridos en julio de 2006. Los primeros comparecientes -portavoces de varios partidos en la fugaz comisión montada por el PP entre julio y agosto de aquel año- fueron unánimes: “La investigación del metro del PP fue una comisión de exculpación”. El accidente y su posterior gestión, incluido el trato hacia la asociación de las víctimas incluido, desgastó mucho al PP. La nueva comisión sigue haciéndolo. El caso también se investiga por vía judicial.
Lunes 18. Detenciones en la operación Frontino o el caso Acuamed, una empresa del Ministerio de Agricultura. El juez ha enviado a prisión a varios cargos de la empresa pública por irregularidades en la concesión y gestión de contratos públicos. La mayor parte son obras hechas en la Comunitat Valenciana: presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante o presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia.
Miércoles 20. Imputación de Consuelo Císcar. La exdirectora del IVAM, el museo de arte moderno de Valencia, y parte de la cúpula de la pinacoteca, ha sido imputada por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación por comprar obras de arte con sobrecostes del 1.500%. La juez encargada del caso asegura que hay “importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor” y que esta práctica redundaba en “un claro lucro para terceros”. El marido de Císcar, el exconseller Rafael Blasco, está en prisión por robar ayudas a países en vías de desarrollo.
