Desescalar, cooperar, federalizar

Seis prórrogas después de la declaración inicial de estado de alarma, del 14 de marzo de 2020, y toneladas de crispación política más tarde, los inevitables equilibrios político-territoriales del modelo autonómico asimétrico nacido de la Constitución de 1978, parecen haber impuesto su lógica sobre cualesquiera otras consideraciones.

Tras una férrea centralización de la dirección de la lucha contra la pandemia y una estrategia de gestión de crisis y de comunicación que no ha estado exenta de polémicas y agravios, ahora, con más de la mitad de los territorios y de su población ya en fase tres, el tramo final del plan estatal de desescalada viene a incorporar a las Comunidades Autónomas bajo el estandarte de la “cogobernanza”.

Hasta qué punto este golpe de timón ha sido fruto de la convicción o tan solo de la necesidad de asegurar complicidades para la votación de la última prórroga del estado de alarma o incluso de eventuales acuerdos territoriales futuros, es ahora ya irrelevante.

Pero lo que la pandemia no ha alcanzado a ocultar es la existencia de una crisis territorial no resuelta y que, combinada con la crisis económica y social que, como todo indica, seguirá a la emergencia sanitaria, puede derivar en una situación extremadamente conflictiva una vez que las urgencias del presente dejen paso a los déficits institucionales de siempre.

El deficiente funcionamiento de los escasos instrumentos legales habilitados para favorecer la cooperación institucional, unido a la ausencia de una cultura política favorable al dialogo constructivo y la colaboración multilateral, junto a otras carencias, entre las que no es la menor el obsoleto e injusto sistema de financiación, se han revelado letales para un modelo autonómico incapaz de evolucionar con suficiente flexibilidad como para mantener los vínculos cohesivos básicos por encima de las diferencias nacionales subyacentes.

La reforma en profundidad de un Senado que, como recordaba hace ya veinte años el profesor Jordi Solé Tura, “ha sido y es el gran error de la Constitución”, por su falta de audacia al vincularlo a las viejas provincias en lugar de a las nuevas autonomías, sigue siendo una demanda pendiente y compartida por amplios sectores de la opinión pública. Pero algo semejante puede afirmarse de los remiendos habilitados para suplir las carencias de una cámara de representación y articulación territorial incapacitada desde su mismo origen.

La escasa operatividad de la “Comisión General de las Comunidades Autónomas” del Senado, así como la irregularidad y nula eficacia de los escasos “Debates sobre el Estado de las Autonomías”, ambos introducidos en la reforma de su Reglamento de 1994, no han hecho sino evidenciar aún más las carencias políticas y funcionales del modelo nacido de una coyuntura histórica ya superada.

La misma Conferencia de Presidentes, una iniciativa impulsada por Rodríguez Zapatero en 2004 con vocación de constituirse en órgano de cooperación multilateral de alto nivel político, tan solo había llegado a reunirse un total de seis ocasiones en los últimos quince años. Mientras que, desde la declaración del actual estado de alarma, se han celebrado un total de trece encuentros, de carácter telemático y sin apenas ausencias, y ya se anuncia un posible encuentro presencial para antes de agosto.

La pandemia ha alterado, también en el ámbito institucional, viejas reglas y rutinas. Frente a la vocación centralizadora de las primeras semanas parece abrirse paso tímidamente una nueva lógica de reconocimiento de la diversidad y de profundización en las respectivas competencias exclusivas de cada institución sin renunciar a la cooperación política y al dialogo para superar las limitaciones del estrecho marco constitucional actual. Dos requisitos imprescindibles para una recuperación que debe asentarse tanto en un cambio profundo de modelo productivo y la consolidación y garantía de robustos servicios públicos y derechos sociales, como en la articulación federal de un proyecto compartido e ilusionante de convivencia.

*Antonio Montiel Márquez, abogado y politólogo, coautor del libro ‘Acord del Botànic. La vía valenciana para el cambio político’ (Balandra ed.)