La Diputación de Alicante, gobernada por el PP y Ciudadanos, ha adjudicado un contrato de auditoría a la consultora Faura Cases, por 13.915 euros, para que analice la contabilidad de los grupos en la institución provincial entre 2015 y 2019. Compromís ha denunciado la contabilidad supuestamente opaca del grupo popular en la Diputación y transferencias sin justificar de fondos al partido por más de 446.000 euros al partido. La Fiscalía Anticorrupción investiga el destino de estos fondos, así como el vaciado de la cuenta bancaria del PP tras la dimisión de José Joaquín Ripoll, tal como destapó este diario.
La maniobra pretende, según la formación valencianista, evitar que se hagan públicas las facturas de los gastos, que hasta el momento no han sido justificadas. El grupo popular recibió ingresos por valor de unos 930.000 euros de la Diputación de Alicante entre 2007 y 2019. En el periodo que auditará la consultora externa, la anterior legislatura, hay ingresos sin justificar del grupo popular al partido por más de 446.000 euros.
Compromís denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, por los presuntos delitos de malversación y falsedad documental, los trasvases de fondos. El Ministerio Fiscal mantiene abiertas diligencias de investigación penal sobre el destino de los gastos y sobre la cuenta en la CAM vaciada al dimitir Ripoll.
La consultora seleccionada ha participado en jornadas organizadas por la Diputación de Alicante y también realizó el control financiero del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez.
Compromís ha presentado un recurso de reposición contra la contratación externa de la auditoría, “que trata de dar cobertura a la negativa reiterada por parte del grupo popular a presentar los documentos contables que justifiquen los gastos subvencionados en un periodo en el que ya existía un Reglamento en vigor [a partir del pasado 2014]”.
El grupo popular en la institución provincial, apunta el recurso, tenía la “obligación de conservar las facturas y registros contables que reflejasen la imagen fiel de los gastos sufragados con la dotación económica que la Diputación de Alicante le asignaba”. Así, la externalización de la auditoría es una “argucia jurídica manifiestamente ilegal”, agrega.