“Fuego y furia” en la empresa pública de la Diputación de Valencia: un sindicalista despedido y otro sin empleo y sueldo

La empresa pública Divalterra se ha convertido en un territorio hostil para los sindicalistas, en concreto para los delegados de la Confederación General de Trabajadores (CGT). En el último año, los dos representantes de este sindicato en el comité de empresa han sufrido decisiones muy duras desde la dirección de la sociedad perteneciente a la Diputación de Valencia. Uno, Adelí Estornell, que formaba parte del comité de empresa, fue despedido de manera fulminante el pasado año tras entregar una carta por registro de entrada en la que criticaba la opacidad en la gestión y acusaba a la mercantil de tener un cuerpo “parapolicial”. Otro, Arsenio Vergara, ha sido suspendido de empleo y sueldo 20 días justo el día después de llevar a la empresa a juicio por “ocultarle” información como representante de los trabajadores.

Divalterra, antes Imelsa, ha sido una empresa complicada y envuelta en polémicas y casos de presunta corrupción. En una de las patas del caso Taula, que investiga la etapa del PP, se indaga en el enchufe de directivos y trabajadores que en algunos casos, nunca acudieron a su puesto de trabajo. En el caso Alqueria, se investiga la contratación irregular de siete políticos de partidos de izquierda como altos cargos fruto de una denuncia de dos directivos de la empresa que entraron de la mano de Marcos Banavent, el autodenominado yonki del dinero, cerebro arrepentido del saqueo sistemático de los fondos públicos en la etapa popular.

Tras la explosión del caso Alqueria se hizo cargo de Divalterra el gerente Antonio Mas, que proviene de la empresa. Mas ha intentado poner orden en la sociedad y ha tomado alguna polémica decisión, como cuando subió el sueldo a su anterior departamento mientras los brigadistas seguían con el sueldo congelado. Mas ha sido el máximo dirigente de la entidad cuando se ha actuado contra los dos sindicalistas de la CGT.

La actuación más dura de la nueva dirección fue contra Adelí Estornell, quien además de criticar la gestión de la empresa pidió la identidad de los directivos de la empresa a los que Marcos Benavent ocultó su sueldo a la directora de Recursos Humanos. El sindicalista, que era delegado por CGT, mandó una carta por registro de entrada y a las pocas horas fue citado por el director de los servicios jurídicos, José Luis Vera, con la amenaza de que si no se presentaba sería sancionado. Esta situación acabó con el despido del trabajador, que tiene denunciada a la empresa, demanda que ha acabado en un juicio que se debe celebrar en el mes de septiembre.

Fuentes de la Divalterra aseguran a preguntas de eldiario.es que el escrito de Estornell, publicado en sus redes sociales y presentado por registro de entrada, contenía términos “muy graves” como que existen cuerpos “parapoliciales” dentro de la empresa. La polémica surgió, señalan, porque la Guardia Civil detuvo a un brigadista con una arma en la mochila. Divalterra, al conocer la situación, lo despidió. “Ese sindicalista se amparó en la CGT y provocó el escrito de Estornell”, explican las mismas fuentes. Por su parte, aseguran desde Divalterra, Arsenio Vergara “desobedeció” a su coordinador de manera reiterada. Además, al no ser delegado sindical “se le negaba la información”. En la anterior legislatura, Vergara sí que fue delegado electo de USO.

En estos momentos, Estornell tiene denunciada a la empresa por su despido y Vergara por “acoso sindical”. Fuentes del entorno de los sindicalistas consideran que “la persecución se debe a que es un año crucial para Divalterra porque hay un cambio en la figura jurídica de la empresa y habrá que negociar mejoras salariales”. Parafrasenado al libro que relata las relaciones en la Casa Blanca de Donald Trump, “fuego y furia” en la empresa pública de la Diputación de Valencia.