Los escándalos que se han quedado por investigar en el caso Taula de corrupción del PP en Valencia

La instrucción del caso Taula de corrupción del PP en Valencia, que se ha troceado en siete piezas para supuestamente agilizar su investigación, va lenta. Muy lenta. Recientemente el fiscal anticorrupción ha pedido un año más para seguir con las pesquisas de la rama conocida como “pitufeo”, en la que se persigue un posible delito de financiación ilegal del PP de Rita Barberá en las elecciones de 2015. Esta solicitud ha soliviantado a las defensas de los nueve concejales del PP imputados que alegan indefensión y dilaciones indebidas.

Las demás piezas separadas siguen más o menos en la misma situación y fiscal y juez instructor siguen realizando diligencias y analizando los informes policiales más de cuatro años después, desde que el 29 de julio de 2014 la denunciantes y diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo presentara la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Pérez Garijo ha sido de los pocos políticos de izquierda que ha criticado la instrucción puesto que, según dijo en la comisión parlamentaria del caso Taula en las Corts Valencianes esta semana, se han quedado patas importantes de la trama corrupta por investigar. Además, también criticó la actuación fiscal porque, tal y como puntualizó, “depende del poder político”.

¿Cuáles son esas sombras que la investigación judicial no está intentando alumbrar?

Según las denuncia inicial y las demás aportaciones de la diputada de izquierdas -hasta siete-, al menos se han quedado tres patas importantes por investigar: los sobrecostes escandalosos en las obras de carreteras de la Diputación de Valencia, las luces LED del empresario amigo de Alfonso Rus y la etapa anterior a Marcos Benavent en la saqueada empresa pública Imelsa.

El departamento de carreteras de la Diputación de Valencia siempre ha sido un área muy polémica del ente provincial. En esta caso, la diputada de izquierdas denunció proyectos concretos y aportó documentación de modificados de obra sin justificar. En la carretera entre La Yesa y Alpuente el desvío del presupuesto inicial fue de un millón de euros; en la de Rocafort-Montcada 82.399 euros y en la de Xeraco 361.494 euros.

Pérez Garijo acusaba al equipo de Alfonso Rus, imputado en varias de las causas de Taula, de adjudicar las obras con criterios no objetivos, licitar los trabajos antes de expropiar los terrenos o inaugurar carreteras antes de que se adjudicara la obra.

La otra gran pieza que no se ha judicializado -de momento- es la instalación de centenares de miles de luces LED producidas por la empresa de un amigo de Rus Inelcom y donde trabajaba un importante barón del PP en la comarca de la Costera. Esta empresa se quedó con el 50 % del proyecto de la diputación de sustitución de bombillas tradicionales en el que se invirtieron unos 11 millones de euros.

Rus se inventó una central de compras para distribuir el plan de LED, lo que no evitó que la empresa Inelcom consiguiera un porcentaje mayoritario de adjudicaciones pese a ser nueva en el sector de estas bombilla. Curiosamente, eran los ayuntamientos gobernados por el PP los que mayoritariamente confiaron con la empresa de Xàtiva.

Además, la diputada también aportó numerosa documentación sobre la etapa en Imelsa anterior a la de Marcos Benavent, el autodenominado “yonki del dinero”. Antes, apunta la denuncia, se habría funcionado en esa empresa pública con numerosas irregularidades y con decenas de enchufados y trabajadores zombies, es decir, que cobraban sin ir a trabajar.