Un exconcejal del PP y su cuñado se sentarán 20 años después en el banquillo por la trama de Aguas de Calpe

Los supuestos delitos se gestaron a partir de 2004. Han pasado la friolera de 20 años, pero por fin los principales implicados se sentarán en el banquillo. En una decisión que por el tiempo bien puede calificarse de histórica, la Audiencia de Alicante ha fijado para el 24, 25 y 26 de septiembre de este año las sesiones del juicio oral por el caso de Aguas de Calpe, uno de los episodios de presunta corrupción más convulsos en la Marina Alta de este siglo.

Según las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, que datan de 2021, una presunta trama de empresas pantalla se adueñaron de más de un millón de euros de dinero público que debía haberse destinado a la renovación de la red de agua de Calp. Por estos hechos se encuentran procesadas ocho personas para los que el Ministerio Público pide 59 años de cárcel. Entre ellas el exconcejal de Aguas de Calpe y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, el empresario Francisco Artacho, que se enfrentan a nueve años por presuntos delitos de fraude continuado y prevaricación administrativa.

Roselló y Artacho fueron en realidad dos personalidades estelares de aquellos controvertidos años, entre 1995 y 2007, en los que Calp estuvo gobernada por el exalcalde del PP Javier Morató. Roselló se erigió en la mano derecha del munícipe mientras su cuñado hacía de presunto conseguidor por sus buenos contactos con numerosas empresas. Los tres se vieron implicados en otro escándalo de esa época, el caso Brugal, por el que ya fueron condenados en octubre de 2022 después de que el juez considerara probado que aceptaron sobornos de la firma de la basura Colsur de Ángel Fenoll.

Pero aún faltaba por juzgar el caso Aguas de Calpe, en el que el exalcalde no está acusado aunque en su día resultó investigado, que se ha demorado una eternidad. Tanto que la Fiscalía llegó a denunciar su retraso y acusó a las defensas de realizar constantes prácticas dilatorias. Hubo algún implicado que llegó incluso a tener una orden de búsqueda y captura. Y el caso se atascó entre el juzgado de Dénia y otro de Benidorm.

Esa tardanza ha comportado graves consecuencias económicas y personales para los perjudicados por la trama. Y para entenderlo bien hay que revisar cómo funcionaba, siempre según el relato del fiscal.

Una subcontrata y otra más que no hacían nada

En marzo de 2004 el Ayuntamiento de Calp, cuyo concejal de Abastecimiento era Juan Roselló, adjudicó directamente a la empresa mixta Aguas de Calpe, de la que Roselló también era consejero, las obras de renovación de la red del municipio por 3,3 millones de euros, aunque en realidad aquellos trabajos sólo costaban 2,2. El resto del dinero público, para ser exactos 1.073.296 euros, se quedó por el camino, a juicio de la Fiscalía en el bolsillo de un carrusel innumerable de subcontratas.

A saber: Aguas de Calpe subcontrató aquella renovación a Obras Hidráulicas de Levante, empresa creada por Artacho que en un primer momento se dedicaba al buzoneo y que en ese mismo 2004 cambió su propósito al de obra civil. Aún así esta empresa no movió un dedo y volvió a subcontratar las actuaciones a una nueva mercantil, Montubo Obra Civil, que tampoco hizo nada; no en balde su gerente, Salvador Ibarra, se enfrenta ahora a 6 años de cárcel, y Montubo le encargó de nuevo los trabajos a dos mercantiles que fueron las de que de verdad extendieron tuberías, taladraron calzadas y excavaron la tierra.

A estas dos últimas empresas, bien conocidas en la Marina Alta, la trama les dejó a deber por su tareas 245.233 euros a ExcaGata y más de 83.000 a Vives Dalmau. Las dos mercantiles ejercerán ahora como acusación particular en el juicio que debe celebrarse en la Audiencia en septiembre, lo que no es extraño: aquellas deudas le arruinaron la vida al propietario de ExcaGata, Nicolás Agudo, que ya no pudo levantar cabeza desde entonces: no cobró ni un solo euro.

“Se creían intocables”

Agudo, que ahora tiene 70 años, llegó a presentar dos quejas oficiales para que el juicio pudiera celebrarse. Por fin lo ha logrado. Es la lucha de casi toda una vida: “Llevo peleando 19 años, ha sido la historia de David contra Goliat y casi me echo a llorar cuando me enteré de que por fin podrá hacerse justicia y podré recuperar lo que es mío”.

Este empresario de Gata recuerda que aquellas obras en Calp le costaron mucho esfuerzo: “Tuve a ocho empleados trabajando noche y día para sacar adelante las obras en la red y luego me dejaron colgado, lo tuve que pagar todo de mi bolsillo”. Así que estas dos últimas décadas han sido un tormento: “He perdido la vista y la salud, he pasado muchos años de sufrimiento, de noches y más noches sin dormir”.

Un asunto incómodo para un diputado nacional

La decisión de la Audiencia de Alicante de fijar al fin juicio para Aguas de Calpe supone un golpe en la línea de flotación del PP de Calp, que ahora se encuentra en la oposición liderado por César Sánchez, quien ya fuera alcalde entre 2011 y 2019 y es actual diputado en el Congreso. A la multitudinaria asamblea celebrada en febrero del pasado año para encumbrar a Sánchez como candidato del partido y apartar a la alcaldesa actual, Ana Sala, que tuvo que fundar otro partido, acudieron tanto Juan Roselló como el exalcalde Javier Morató. Y lo arroparon.

Los procesados y las acusaciones particulares

En total hay ocho procesados. El Ministerio reclama 9 años de prisión para Juan Roselló y Francisco Artacho por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude continuado y por el de estafa. Solicita la misma pena para Jesús Lara Santamaría, administrador de Obras Hidráulicas de Levante, la firma cuyo control ejercía Artacho, así como seis años de prisión para el gerente de otra de las subcontratas implicadas, Salvador Ibarra.

También están acusados el consejero de Aguas de Calpe de la época Francisco Zorrilla y el gerente de la empresa mixta, Alberto Mut, para los que el Ministerio Público pide 7 años y 3 meses de cárcel. Mientras, Victoriano Sánchez y Antonio Ramón Céspedes, quienes según el fiscal sacaron 435.801 euros de la cuenta de Obras Hidráulicas para dárselos a Artacho, se enfrentan cada uno a 6 años de cárcel.