La exjefa de recursos humanos confiesa en el juicio que la presidenta del Puerto de Valencia le mandó las bases que Intervención ve irregulares

El juzgado de lo social número 8 de València acogió este martes el juicio por las presuntas irregularidades en el proceso de selección por el que A. G., exempleada del Consorcio Valencia 2007, obtuvo una plaza como jefa de Gestión Económico-Financiera de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). La vista se debió celebrar en julio del pasado año, pero quedó suspendida por indisposición de uno de los letrados.

La causa surge como consecuencia de una denuncia de UGT al considerar que tanto este proceso de selección de personal de alta dirección como otro que resultó adjudicado a M. G., también exdirectiva del Consorcio y pendiente de juicio, estuvieron amañados.

Según han informado a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical, la vista comenzó a las 10.15 horas y fue especialmente relevante el testimonio de E. O., exjefa de recursos humanos de la APV, quien confesó ante la jueza que fue la presidenta, Mar Chao, la que en abril de 2024 le remitió por correo electrónico las bases ya redactadas y con el jurado conformado, tal y como avanzó elDiario.es al revelar los correos intercambiados por ambas responsables.

E. O. afirmó ante la magistrada que desaconsejó a la presidenta que fuera ella la que elaborara las bases, pero que aun así la instrucción fue que se publicaran lo antes posible haciendo los ajustes numéricos necesarios. La exjefa reveló también que después de este encontronazo con Chao fue trasladada a otro departamento, en concreto al de Compromiso Corporativo.

También fue llamativa la estrategia del abogado del estado que defiende a la APV. Las mismas fuentes han comentado que centró todos sus esfuerzos en evitar que el informe de la Intervención General del Estado destapado en exclusiva por esta redacción sea admitido como prueba en el caso. Su principalmente es que hay un recurso del organismo portuario ante la Audiencia Nacional contra una resolución del Consejo de Trasparencia que concluye que el informe es público. Por lo tanto, considera que hasta no se resuelva este contencioso no se puede hacer uso del documento.

A esta pretensión se ha opuesto el abogado de UGT que ha defendido que tal y como concluye el consejo de transparencia, el informe se debe entregar debidamente anonimizado a cualquier interesado que lo requiera porque tiene la consideración de público y que esta cuestión no tiene por qué interferir en procedimiento judicial alguna, como sostiene la defensa de la APV.

Del interés del abogado del estado en que no se tenga en cuenta el informe de la Intervención se puede intuir que se trata de una de las claves del procedimiento. No en vano, señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección, entre ellos el que se analizó en la vista de este martes, “contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

La jueza también se interesó por el acta notarial presentada semanas antes de adjudicarse la plaza en la que varios extrabajadores del Consorcio aciertan que la adjudicataria iba a ser A. G., como así sucedió. De hecho, acudió uno de los exempleados que presentaron el escrito ante notario para dar fe de que efectivamente lo hicieron porque estaban convencidos de que el proceso estaba amañado.

Las partes disponen ahora de 10 días para alegar lo que consideran oportuno y para presentar su escrito de conclusiones a partir del cual la jueza emitirá un fallo.

Al respecto, fuentes de la APV han señalado: “Se ha celebrado el juicio esta mañana y estamos a la espera. La jueza ha dado traslado a las partes para presentar conclusiones y posteriormente estaremos a la espera de recibir la sentencia”.

Investigación en Anticorrupción

El juicio de este martes es independiente de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio de este martes adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G.. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.