Una década con el sistema fraudulento de becarios en la Administración Pública valenciana que creó el PP

La Inspección de Trabajo ha obligado a la Generalitat Valenciana a asumir a 28 becarios como trabajadores y ha ordenado su alta en la Seguridad Social al entender que había una “relación laboral encubierta”. El caso que ha sacudido el Palau de la Generalitat, en cuyo departamento de Presidencia trabajan los jóvenes afectados, no es de nueva creación.

En ciertos entornos sorprende la denuncia, bien por considerar que las condiciones de los becarios no eran tan malas, bien porque es una práctica común. Tan común que lleva diez años desarrollándose en la Administración Pública valenciana, según Comisiones Obreras, el sindicato denunciante. Las responsables de la denuncia, Ana García y Soledad Fernández, ubican el origen de estas becas de Comunicación en 2009, con Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana. 

Las responsables de Empleo y Servicios a la Ciudadanía de CCOO señalan directamente a la gestión del PP como responsable del sistema fraudulento. Pero en la rueda de prensa de exposición de la denuncia criticaron que en diez años no se haya revisado este sistema y que el Gobierno del Pacto del Botánico (compuesto por PSPV, Compromís y Unidas Podemos), siguiera operando con él.

El sindicato considera que se da un “caos organizativo” en las bases de las becas; cada departamento tiene sus propias convocatorias, con bases diferentes e, incluso, en una misma conselleria hay propuestas similares en una dirección general u otra.

Que la Administración Pública utilice becarios para cubrir puestos de personal laboral -trabajadores propiamente dichos- viene de un problema mayor. La conocida como 'ley Montoro' impide a los departamentos públicos abrir nuevas convocatorias de trabajo y pone estrictos límites a la contratación de personal técnico. Precisamente los trabajos que desempeñan estos becarios. La norma, que lleva el nombre de su ideólogo, el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, se aprobó en 2013 y continua vigente, pese a que el PSOE se comprometió a derogarla.

“Durante la crisis se han destruido 300.000 empleos públicos en todo el Estado”, denunciaba Salomé Fernández. Estos puestos de trabajo no han sido renovados en una década, por lo que muchas administraciones echan mano de la figura del becario -remunerada con 1.000 euros mensuales en el caso de la Generalitat Valenciana- para tener trabajadores. Para García, “no debe ser una justificación que se hiciera desde hace tiempo. Lo que sí dice la Inspección es que es un fraude de ley y se debe modificar”, señala la responsable de Empleo de CCOO.

Casos similares se han dado en la Diputación de Valencia, en la Universidad Complutense de Madrid y en otras corporaciones. En la Diputación valenciana la Inspección obligó a dar de alta a ocho trabajadores acreditando que disponían de correo electrónico y teléfono corporativo, incluso aparecían en el directorio de la corporación.

La Generalitat Valenciana ha emitido un comunicado en el que afirma que estas becas formativas se desarrollan desde hace 30 años. Presidencia asegura que la actividad “está en todo momento planificada, dirigida y supervisada por funcionarios que la coordinan y tutorizan”.

El departamento de Ximo Puig señala que aún no conoce la resolución de la Inspección de Trabajo, ni ha recibido las actas, pero defiende que las becas se llevan desarrollando casi tres décadas y que se respetan “de forma escrupulosa los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como de sus becarios”. Asimismo, este departamento indica que analizará las conclusiones de la Inspección de Trabajo y se compromete a “realizar los ajustes necesarios para mejorar aspectos relacionados, por ejemplo, con la evaluación del proceso formativo”.