El fallo contra la jubilación forzosa en Sanidad deja en evidencia la política laboral de la Generalitat
La política laboral del gobierno valenciano no pasa la prueba de los tribunales. El fallo contra la jubilación forzosa del personal sanitario, obligado a retirarse a los 65 años aún en contra de su voluntad, es el último revés contra las decisiones del Consell en materia de personal.
En este caso, los tribunales han considerado ilegal que médicos o enfermeros deban, como estableció la Conselleria de Sanidad, jubilarse a los 65 años. Hasta 2013, podían hacerlo a los 70 tras pasar los preceptivos exámenes médicos y tal como marca el estatuto laboral del sector.
Sanidad, sin embargo, impulsó la medida para ahorrar en personal, ya que las jubilaciones raramente eran cubiertas. Ahora, el fallo del Tribunal Superior de Justicia obliga a la Generalitat a readmitir a los jubilados forzosos –unos mil- y a pagarles los salarios que no han percibido.
Los tribunales también han anulado la quita de parte de la paga extra decidida por el Consell cuando la Generalitat bordeaba peligrosamente el impago de su deuda. Además, han tumbado varios de los expedientes de regulación de empleo impulsados en empresas públicas.
El caso de RTVV, el que mayor polémica generó, incluida la rebelión de los trabajadores de Canal 9 contra el President Fabra y el Partido Popular, se aprobó en agosto de 2012 con un total de 1.198 trabajadores afectados de una plantilla de cerca de 1.700 (70%). Fue declarado nulo por el TSJ. Alberto Fabra, inmediatamente, decidió cerrar la televisión pública en una decisión inédita en España.
En Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento de Residuos SA) el expediente afectaba inicialmente a 439 de los 1.441 trabajadores de la empresa, aunque posteriormente se redujo el número primero a 405 y después a 205. Tras el recurso de los trabajadores, el TSJCV declaró nulo el procedimiento al considerar, como en el caso de RTVV, que no se negocío con 'buena fe', obligando a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados. El Tribunal Supremo lo acaba de considerar, aunque en menor grado, también ilegal.
La Agencia Valenciana de la Movilidad inició en diciembre de 2012 un ERE que afectaba a 31 de los 39 empleados del organismo ( 79% de la plantilla). También fue declarado nulo por el TSJCV en abril y de nuevo el tribunal adujo falta de buena fe, ordenando la readmisión de los afectados.
Casos cerrados con éxito
El resto de casos, en los que ha habido acuerdo tras la negociación con los sindicatos, los ERE se han llevado adelante. Nos encontramos ante casos como el de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que afectó a 450 trabajadores; Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias), 140 afectados sobre una plantilla de 235 personas; el Servef, en el que se han visto implicados sus 75 empleados; Ciegsa, con 55 de sus 90 trabajadores afectados; y más recientemente, el Palau de les Arts, donde se ha despedido a 40 personas, o el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, 33 trabajadores objeto de ERE.
