La magistrada Carola Soria Piquer tiene el gatillo fácil en materia de medidas cautelarísimas. La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha ordenado al consistorio de la capital de La Plana retirar libros de temática LGTBI de los centros docentes tras un recurso de 'Abogados cristianos', presentado este mismo viernes. La ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa permite al juez adoptar medidas cautelares, sin escuchar a la otra parte, cuando concurran circunstancias de especial urgencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la drástica medida sólo puede adoptarse en casos excepcionales cuya extrema urgencia quede claramente acreditada.
Así, la jueza ha estimado conveniente admitir el recurso de la organización ultraconservadora para secuestrar varios lotes de libros de temática LGTBI destinados por el Ayuntamiento de Castellón a los centros docentes de la ciudad. La campaña municipal pretende aportar herramientas a alumnos y docentes contra la homofobia. 'Abogados cristianos' defiende que las obras contienen ofensas religiosas; al parecer son “libros de ideología de género”. La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón señala en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es que “concurren las circunstancias de urgencia” para proceder a la retirada de los libros, aunque advierte: “sin que ello suponga en modo alguno una anticipación del fallo”.
Algo similar pasó con la última (y polémica) cautelarísima que dictó la magistrada. Carola Soria Piquer, en un auto del pasado 13 de agosto, estimó la medida solicitada por la familia de un paciente ingresado por COVID-19 en el Hospital de La Plana (Vila-real) para que fuera tratado con ozonoterapia. Una decisión que sublevó a los profesionales de la medicina (los facultativos de las UCI de los hospitales valencianos advirtieron de que esa técnica no estaba autorizada en pacientes con coronavirus) e incluso a la Conselleria de Sanitat, que amenazó con denunciar a la familia del paciente.
Apenas dos semanas más tarde, otro juez levantaba la medida cautelar. Durante ese tiempo, la comunidad médica interpretó la decisión de la magistrada como una suerte de injerencia en el terreno científico. Los facultativos y especialistas alertaron de que la resolución suponía una puerta de entrada a las pseudoterapias en el sistema de salud público.
Medida urgente para que no llegue a los “alumnos menores”
La última cautelarísima dictada por la magistrada Carola Soria Piquer ha sido de este viernes, con no menos polémica que la anterior. Pocas horas después de que la letrada de 'Abogados cristianos', Polonia Castellanos, interpusiera el recurso, la magistrada ha dictado el auto. El grupo ultraconservador defiende que la entrega de los lotes de libros a los centros docentes vulnera derechos fundamentales, “incluye contenido sexualmente explícito” y comete un “constante escarnio de las religiones”.
La jueza señala en el auto que “si bien es cierto que los libros ya han sido entregados” en los centros educativos, “la urgencia radica” en que en el “lapso de tiempo” que supone la tramitación ordinaria de la medida cautelar (y no la urgente), los libros podrían ponerse “a disposición de los alumnos menores de edad a quienes van dirigidos”.
El Ayuntamiento de Castellón, dirigido por la socialista Amparo Marco, ya ha anunciado que presentará alegaciones contra la insólita medida. “Nos hemos quedado perplejos frente a esta decisión”, ha declarado la edil de Cultura, Feminismo y LGTBI, Verònica Ruiz, de Compromís. El síndico de la coalición en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha tachado la resolución judicial de “inadmisible”.
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha recomendado en Twitter echar una ojeada a los libros secuestrados cautelarmente, “disfrutar de ellos y recomendarlos”.
Se avecina un efecto Streisand de manual. El último libro secuestrado por un juez (Fariña, del periodista Nacho Carretero) disparó sus ventas.