El Jurídic Consultiu del que aún forma parte Camps decidirá sobre la legalidad del convenio de la Fórmula 1 que él promovió

El circuito urbano de Fórmula 1 continúa generando costes millonarios a las arcas públicas, pese a que hace nueve años que se disputó el último Gran Premio de Europa y que toda la parte recayente a El Grau y Natzaret está vallada, abandonada y carece de uso ciudadano. Una zona en la que además ha proliferado un asentamiento de chabolas.

Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que preside el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, abonó 7,5 millones de euros correspondientes a un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para abonar los costes de construcción del trazado.

El crédito empezó a pagarse en 2016 y tiene una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones anuales, por lo que quedan por abonar 15 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023.

Pese a todo, el expresidente del Gobierno valenciano que apostó por traer la prueba a la ciudad, Francisco Camps, insiste siempre que se le pregunta al respecto en el “coste cero” del trazado y no solo eso, sino que lo reivindica como uno de los legados más importantes de sus años de mandato.

La afirmación de Camps se explica en el convenio que firmaron en su día la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento para ejecutar el circuito, en virtud del cual, el ejecutivo autonómico adelantaba 45 millones de euros para costear las obras. Una inversión que después el Consistorio debía devolver mediante las cargas urbanísticas que deben abonar los propietarios de los terrenos del Plan de Actuación Integral (PAI) del Grau, puesto que en realidad el trazado se debía reconvertir en los viales del futuro barrio. Con todo, finalmente los costes del circuito se elevaron a 89 millones de euros, por lo que aún recuperando los 45 millones del convenio, la infraestructura nunca iba a quedar sin coste para las arcas públicas.

En este sentido, Dalmau anunció este martes que tras haberse detectado una serie de irregularidades en el mencionado convenio firmado en 2007 entre ambas administraciones para el desarrollo del circuito de Fórmula 1, se solicitará en los próximos días al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad Valenciana la declaración de nulidad del documento.

Así pues, este organismo del que Camps forma parte desde hace 10 años como miembro nato deberá pronunciarse sobre la validez jurídica del convenio que él mismo impulsó. El expresidente sigue a día de hoy en el organismo, pese a que recientemente anunció que lo abandonaría para incorporarse al despacho de su abogado defensor en varias causas judiciales, Delgado Abogados. Una incorporación que salvo cambios de última hora, se producirá el 1 de septiembre.

Si el caso del convenio del circuito de Fórmula 1 llegara antes al CJC, Camps tendría voz, pero no voto sobre el mismo por su calidad de consejero nato.

Precisamente, el pasado 7 de mayo el propio exlíder del PP valenciano presentó en el Ayuntamiento de València una acción de responsabilidad en virtud de la cual exigía el cumplimiento del convenio firmado por el Consistorio, drigido entonces por Rita Barebrá, con la Generalitat, que entonces presidía el propio Camps, para financiar las obras del circuito.

El Consistorio contestó poco más tarde que que entre las obligaciones del Ayuntamiento con el citado convenio, figura el compromiso de “tramitar una ordenanza con un canon de urbanización para la financiación del proyecto repercutiendo en los propietarios el coste real de la actuación o cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento de Valencia considere adecuada”.

En este sentido, se le informó de que se descarta la imposición de un canon y “sin perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas puedan obtenerse en cualquier momento fuentes de financiación externa, el Ayuntamiento no ha tramitado ordenanza y se gestionara a través del propio PAI como carga de urbanización de todo aquello que sea repercutible en los propietarios”, dejando entrever que será muy complicado repercutir la totalidad de los 45 millones, por lo que la diferencia deberá de ser asumida por la administración.

Irregularidades detectadas en el Convenio

Según informó este martes la Conselleria de Vivienda, la ley de procedimiento administrativo 30/1992 establece en su artículo 62 las razones que podrían causar la nulidad de un convenio. Al amparo de este artículo y dado que la EVha dispone de competencias para la revisión del convenio, el presidente del Consejo de Dirección de la entidad, en este caso Rubén Martínez Dalmau, ha iniciado el expediente de revisión de oficio, por haber detectado una serie irregularidades.

Por parte de la Generalitat, las personas que firmaron el convenio no tenían competencias para hacerlo. El convenio fue impulsado y firmado por el presidente del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos (GTP), pero no fue impulsado ni aprobado por el Consejo Administrativo del mismo organismo que era quien tenía competencias en la cuestión. Solo aparece la firma del presidente del GTP y del consejero a cargo.

Por parte del Ayuntamiento de València, el convenio y las modificaciones de planificación urbana que se tuvieron que realizar para hacer posible las obras, se aprobaron el 28 de septiembre de 2007 por Junta de Gobierno Local, a pesar de que, la normativa en lo referente al funcionamiento del Ayuntamiento indica que este tipo de documento tenía que haberse aprobado en el Pleno del Ayuntamiento por tratarse de cuestiones de planeamiento. No era competencia de la Junta de Gobierno, aun así, el convenio nunca pasó por el Pleno del Ayuntamiento.

Por otro lado, en el convenio se aprobaron cuestiones relativas a la determinación urbanística de la ciudad, pero no se tramitaron según indica la ley urbanística valenciana.

El convenio establecía que la GTP avanzaba el dinero, que debía ser reembolsado por los propietarios tras la tramitación de los procedimientos urbanísticos correspondientes, pero dichos propietarios nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa.

En consecuencia, el convenio abría la puerta a que fueran los propietarios del Sector del Grau y no el Ayuntamiento quienes soportaran el coste de las obras, pero no se tramitó simultáneamente la modificación del Plan General ni el Programa de Actuación Integrada, por lo que además hoy en día se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos.

La decisión del Consell Jurídic Consultiu será de carácter vinculante. En caso de aceptar la invalidación del convenio, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha solicitado también que se pronuncie sobre la pertinencia de solicitar responsabilidades a las personas que dieron lugar a la nulidad, entro otros, el propio Camps.

El coste total de la organización del Gran Premio entre los años 2008 y 2012 ascendió a 308 millones de euros entre el circuito (89,7 millones), la compra de la empresa Valmor y el canon (115 millones) o la retransmisión de Canal 9 (26 millones de euros), entre otros conceptos.