Chabolas en el circuito urbano de Fórmula 1 de València: así ha acabado el proyecto estrella de Camps que costó 89 millones

Las chabolas en el centro del circuito urbano.

Los monoplaza circulaban a toda velocidad por el circuito urbano, los áticos y los balcones de las viviendas cercanas se alquilaban a precios desorbitados y los yates atracaban en la dársena interior del Puerto de València para ver las carreras.

Francisco Camps, el expresidente que hace política desde el organismo jurídico que asesora a la Generalitat Valenciana

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Con València en la cresta de la ola mediática tras la Copa de América, la Fórmula 1 fue el proyecto estrella con el que Francisco Camps concurría a las elecciones de mayo de 2007. No en vano, el Gran Premio y el circuito urbano se presentaron 17 días antes de los comicios, también con la presencia de Rita Barberá, en un acto en el que el magnate Bernie Ecclestone anunció que solo habría Fórmula 1 en València si el expresidente popular ganaba en las urnas.

Tanto Camps como Barberá vencieron con amplias mayorías, con lo que empezó a gestarse su sueño, el de ver rodar a los monoplaza junto a yates de lujo en el puerto de València, a imagen y semejanza de Mónaco. De esta forma, con las carreras a poco más de un año (la primera tuvo lugar en agosto de 2008), el trazado se construyó contra viento y marea, saltándose todos los trámites administrativos, pasando por encima de los vecinos de Nazaret y con la crisis económica irrumpiendo con fuerza.

Mientras se aprobaban duros recortes en los servicios públicos, Camps y Barberá se paseaban a bordo de un Ferrari descapotable en la presentación de la escudería italiana en el circuito de Cheste en una de las imágenes que seguramente más daño hicieron al PP, asediado entonces por casos de corrupción como Gürtel o Nóos.

De hecho, Camps sigue imputado en la causa que investiga la condición de avalista de la Generalitat Valenciana a la empresa Valmor, creada para organizar el Gran Premio de Fórmula 1, si bien el pasado mes de octubre la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo. Además, está procesado en la pieza de Gürtel de Fitur.

Ahora, nueve años después del último Gran Premio de Europa, las arcas públicas de la Generalitat Valenciana siguen pagando la factura del evento que según Camps iba a ser “a coste cero”. Como informó elDiario.es, recientemente la Conselleria de Vivienda abonó 7,5 millones de euros correspondientes a un crédito de 60 millones que se solicitó en su día para hacer frente a los costes de construcción del trazado.

El crédito empezó a pagarse en 2016 y tiene una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones anuales, por lo que quedan por abonar 15 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023.

El circuito, sin embargo, tuvo un coste total de 89,7 millones de euros. Pero no solo la construcción del trazado supuso gasto para las arcas públicas. El coste total de la organización del Gran Premio entre los años 2008 y 2012 ascendió a 308 millones de euros entre el circuito (89,7 millones), la compra de la empresa Valmor y el canon (115 millones) o la retransmisión de Canal 9 (26 millones de euros), entre otros conceptos.

Un gasto millonario que, lejos de ayudar a revitalizar la zona de Natzaret y El Grau, ha agravado su degradación por la parálisis que ha supuesto para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Grau.

Tal y como ha comprobado in situ elDiario.es, el circuito urbano ha sido tomado por un asentamiento de chabolas. Según el vicepresidente de la asociación vecinal Grau-Port y portavoz de la Plataforma Litoral per al Poble, Vicent Martínez, “hace unos tres años comenzaron a aparecer las primeras chabolas y desde entonces el asentamiento no ha dejado de crecer”.

Con todo, afirma: “La realidad es que no causan ninguna molestia pero no parecen las condiciones más dignas para estas personas. Los servicios sociales deberían ofrecerles alguna solución”.

En cuanto al circuito, explica que lo que solicitan es “un proyecto para que se le dé un uso público provisional hasta que se desarrolle el PAI de El Grau, puesto que actualmente supone una enorme barrera urbanística entre este barrio y Natzaret”.

Además, exige que se mantenga en unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias: “El año pasado vinieron 50 camiones a llevarse basura y escombros y ahora empieza a haber zonas de nuevo en las que vienen a tirar desperdicios de todo tipo”.

El circuito sigue vallado, aunque hay una parte abierta a la que se accede desde la calle del Poeta San Martín que lleva al cementerio y por esa zona entran y salen las personas que viven en el asentamiento. Según Martínez, incluso entran vehículos a hacer prácticas de conducción y también patinadores que han llegado a hacer carreras.

“Deberían hacer un eje peatonal que conectara la nueva zona que están finalizando del PAI del Camí Fondo con el Cuc de Llum para conectarlo de una forma rápida con el barrio de Natzaret, ya que ahora hay que dar un rodeo tremendo a todo el circuito para poder cruzar”, explica Martínez, quien recuerda la reivindicación del barrio con respecto al PAI de El Grau: “La zona verde del cauce del río debe seguir la misma anchura que la parte de la Ciudad de las Ciencias”.

El desarrollo de El Grau se mantiene atascado debido a las dificultades para desarrollar el convenio firmado por el Consistorio, dirigido entonces por Rita Barberá, con la Generalitat, que entonces presidía el propio Camps, para financiar las obras del circuito.

En virtud de ese acuerdo la administración autonómica adelantó 45 millones de euros para la consecución del trazado a su paso por El Grau, que después le devolvería el Consistorio mediante algún tipo de gravamen a repercutir a los propietarios de los terrenos, puesto que, en realidad, esa parte del asfaltado se reconvertiría en las calles de la futura urbanización del PAI de El Grau.

Sin embargo, esta solución plantea muchos problemas legales. El Ayuntamiento trabaja en un estudio para determinar a cuánto podrían ascender las cargas repercutibles a los propietarios, pero ya ha dejado entrever que será muy complicado recuperar la totalidad de los 45 millones, por lo que la diferencia tendrá que ser asumida por la administración.

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