El PP y de Vox boicotean las zonas de bajas emisiones en las capitales valencianas y Elche retrasa las multas a 2050

El boicot al Pacto Verde Europeo y en concreto a la aplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha sido una de las condiciones impuestas por Vox para apoyar el nombramiento del popular Juan Francisco Pérez Llorca como presidente del Gobierno valencia tras la dimisión de Carlos Mazón. Una exigencia que no sorprende teniendo en cuenta que en numerosos ayuntamientos en los que gobiernan ambos partidos han tumbado su aplicación o la han desvirtuado con medidas carentes de sentido para cubrir los objetivos que persigue.

Por ejemplo, en el Ayuntamiento de València Vox retiró su apoyo a la alcaldesa del PP, María José Catalá, para aprobar la ordenanza de regulación de la ZBE, lo que puede implicar la pérdida de 135 millones de euros en inversiones en la ciudad, entre otras cosas para financiar los descuentos en el bonobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Tampoco ha tenido mayor interés Catalá en pactar su aprobación con Compromís y el PSPV, de lo que se puede deducir que el boicot forma parte del pacto de investidura de Pérez Llorca.

Un reciente informe de la Sindicatura de Comptes pone cifras a todo este contexto político y evidencia que en las grandes capitales gobernadas por el PP y por Vox (València, Castelló de la Plana, Alicante y Elche) no se ha puesto en marcha, o como en el caso de Elche, se desvirtúa puesto que su ordenanza “prevé libre acceso y circulación de los vehículos sin distintivo ambiental hasta el 31 de diciembre de 2049”. En Alicante se aprobó la ordenanza pero en la práctica no ha supuesto nuevas restricciones de tráfico de ningún tipo ni sanciones.

El documento advierte de un “retraso generalizado” en toda la autonomía. Para entender la magnitud del problema, conviene recordar qué es exactamente una ZBE. Se trata de un área delimitada dentro del municipio donde se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire que respiran sus vecinos y reducir las emisiones asociadas al tráfico. Esta medida es de obligado cumplimiento para los municipios de más de 50.000 habitantes en virtud del artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

El informe recuerda que “la implantación de las ZBE es una obligación legal y tiene que contribuir al cumplimiento de dos objetivos principales: mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático” y añade: “Las medidas asociadas al cumplimiento de estos objetivos tienen que promover el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal hacia formas de transporte más sostenibles y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte”.

Así, alerta que “con fecha 31 de marzo de 2025, ninguno de los 15 municipios fiscalizados contaba con una zona de bajas emisiones en funcionamiento. Únicamente dos (Alicante y Benidorm) habían completado tanto la instalación de los elementos esenciales (señalización, cámaras, sensores y sistema de control) como la aprobación definitiva de una ordenanza municipal que delimita y regula la ZBE”.

Según el informe, en Castelló de la Plana se han implantado medidas, pero no se ha aprobado la ordenanza; en Alcoi (PSPV-Compromís) y Elda (PSPV) estaba el proyecto técnico redactado; en Sant Vicent del Raspeig (PP-Vox), Torrevieja (PP-Vox-Sueña) y Vila-real (PSPV-Compromís) el proyecto técnico estaba en fase de redacción; y en Orihuela (PP-Vox) y Paterna (PSPV) no se había iniciado ningún trámite en la fecha de redacción del documento de la Sindicatura.