CV Opinión cintillo

Un avance histórico para las trabajadoras del hogar: pasos hacia el trabajo decente


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El tiempo transcurre a una velocidad de vértigo. Apenas hemos dejado atrás el verano y, envueltos en la actividad frenética del día a día, encaramos como cada año el 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La Confederación Sindical Internacional viene impulsando desde 2007 esta jornada de reivindicación que pone el foco en la falta de calidad en el empleo, en la inabarcable tarea que tenemos por delante para lograr avanzar hacia un empleo decente, aquel que se realiza con pleno respeto a los derechos laborales fundamentales, para que el trabajo se desarrolle con seguridad, con protección social, sin discriminación alguna y vertebrado por el diálogo social.

A veces, una fecha tan señalada agudiza una cierta pesadumbre al comprobar lo despacio que avanzamos, lo lejos que parece quedar la meta. Pero en esta ocasión, la aprobación del Real Decreto-ley para la mejora de las condiciones de trabajo y reconocimiento del desempleo de las personas trabajadoras al servicio del hogar me devuelve intacto el optimismo.

El pasado mes de junio, más de una década después de su aprobación, nuestro país ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta ratificación, prevista por el Gobierno, aunque acelerada por una sentencia europea, ha supuesto un avance transcendental. Más de 600.000 personas, la inmensa mayoría mujeres, y gran parte de ellas migrantes, verán ampliados sus derechos este mismo mes, poniendo un punto y seguido a una lucha que dura ya demasiado tiempo. Se trata de medidas que históricamente ha venido reivindicando CCOO. Si bien, como decía, hay motivos para la satisfacción, ésta no puede ser plena, pues quedan asuntos pendientes del Convenio 189 a trasponer en nuestra legislación, tales como la regulación del derecho de negociación colectiva para el sector o la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social, aplazada hasta 2024.

Entre los avances, me permito resaltar tres: la extensión de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la modificación del régimen de extinción del contrato en el trabajo del hogar y el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo. No son poca cosa, por lo que me referiré a ello sucintamente.

La aplicación de la Ley de prevención quedará ultimada por un reglamento que se debe negociar en el plazo de seis meses en el ámbito del diálogo social, por cierto, muy desdibujado durante este proceso de acomodo de la directiva. La nueva norma alude específicamente a prevenir la violencia contra las mujeres empleadas. Ojalá pudiera decir que más vale tarde. Ya me entienden.

Por su parte, la profunda reforma del régimen de extinción del contrato ha finiquitado la figura del desistimiento, un auténtico coladero de abusos, que implica, entre otras cuestiones, que se incremente la indemnización por despido improcedente y el límite de mensualidades a retribuir en caso de despido, pasando de 12 a 24 meses. A pesar de que se sigue considerando una relación laboral especial, y que se establecen ciertas singularidades a la hora de regular causas específicas de extinción, lo cierto es que tras la norma quedan muy limitadas las posibilidades de extinguir el contrato sin una causa más o menos sólida.

Pero si por algo se mide la magnitud del avance que supone la nueva legislación es por la eliminación de la clamorosa discriminación y de la honda injusticia social que suponía negar la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras del hogar. Desde octubre quedará habilitado el reconocimiento de este derecho en términos de igualdad con el resto de personas trabajadoras del régimen general.

Lástima que una norma con un peso como este Real Decreto-ley, tan significativa en términos de igualdad, haya quedado a medio camino de lo esperado. En este sentido, es decepcionante el retraso de la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social hasta 2024, con el efecto que supone para cuestiones tan relevantes como la integración de lagunas en el cálculo de pensiones. También resulta insatisfactoria la indefinición en lo que se refiere a la acreditación de competencias de las empleadas del hogar dedicadas al cuidado o a la atención de personas. La puesta en valor y la dignificación del trabajo de cuidados se antoja uno de los grandes pilares del cambio del modelo productivo que con tanta insistencia reclamamos. Una mirada llena de futuro, una aspiración que nos trae el otoño cada 7 de octubre.

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