Reducir la jornada para vivir mejor

Han pasado 40 años desde que se implantó en nuestro país la jornada laboral de referencia de 40 horas semanales. Demasiados años sin que los incrementos de productividad, favorecidos por la transición digital, se traduzcan en una disminución del tiempo de trabajo. Sin embargo, sí han repercutido en los beneficios empresariales que continúan en ascenso, hasta alcanzar los 311.000 millones de euros en 2023.

Es justo, por tanto, que los sindicatos reclamemos una redistribución de la riqueza y que la recuperación económica, producida en buena medida a costa de una clase trabajadora que ha cargado con las consecuencias de una inflación desbocada, nos revierta. En este caso, por la vía de la reducción de la jornada, sin reducción salarial. Si tomamos en consideración el volumen de horas extra que se realizan, la mayoría ni siquiera pagadas, además de denunciar el fraude que supone para quiénes lo sufren y para las arcas públicas, da cuenta de los miles de puestos de trabajo que se podrían generar.

También debemos contemplar, a la hora de la implantación de esta medida, que ya en muchos sectores y empresas hemos negociado convenios que recogen jornadas inferiores a las 40 horas semanales. Hemos de tener en cuenta que las horas semanales son una referencia, y que lo importante es que, una vez se reduzca a 37,5 horas, lo podamos trasladar a los convenios colectivos con la distribución anual de la jornada que va a depender del sector productivo y su idiosincrasia.

Así que no compartimos la estrategia de la CEOE, que sigue azuzando el miedo hacia una hipotética destrucción de la economía y amenazando con bloquear la adaptación de los convenios colectivos. Su última advertencia ha sido la de asegurar que solo cederá si obtiene una rebaja significativa de los costes laborales. Traducido al lenguaje del común de los mortales, la patronal demuestra su patriotismo admitiendo públicamente que quiere aportar menos al sostenimiento del estado del bienestar, aunque sin renunciar a reclamar ayudas para sus sectores productivos.

En cambio, los sindicatos consideramos que esta medida, además de para la creación de empleo, tendrá un impacto positivo en la salud física y mental del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Reducirá el impacto de las bajas médicas o los accidentes, ya sean in itinere o en el centro de trabajo. Favorecerá la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar y la corresponsabilidad en los cuidados. Tendrá beneficios ambientales, tal y como pudimos comprobar en pandemia, al reducirse las emisiones vinculadas a la movilidad, o disminuir el uso energético para establecer políticas de mitigación frente al cambio climático. Y desde luego, contribuirá a revitalizar la actividad económica, especialmente en los sectores relacionados con el ocio y el tiempo libre.

Pero por encima de todo, servirá para que la gente viva mejor, porque humanizará las relaciones laborales, porque responderá a la demanda de “trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. Argumentos nos sobran para tratar de que se materialice esta reducción de jornada hasta las 37,5 horas por ley, con la mira puesta en que puedan disminuirse hasta las 35 a través de la negociación colectiva.

Por eso esta semana iniciamos movilizaciones, y digo bien, iniciamos, porque seguiremos presionando a la CEOE para intentar alcanzar un acuerdo. Y en el caso de que sea inviable, porque insista en mantener propuestas alejadas de la realidad y de lo que necesita este país, emplazaremos al Gobierno a que cumpla con su obligación y legisle. Y a los partidos políticos a que se retraten en el Congreso, votando a favor de la clase trabajadora o en contra, como ya lo hizo la derecha y extrema derecha con la reforma laboral, la de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional.