Ibi, 1968: la cara amarga del desarrollismo franquista

Eran las 20’30 de la tarde, del viernes 16 de agosto de 1968, cuando una terrible explosión sacudió la localidad alicantina de Ibi, rompiendo cristales y persianas metálicas, dañando el tendido eléctrico y desconcertado inicialmente a sus habitantes que no tardaron en identificar su origen: había estallado la “fábrica de la pólvora”!.

Los primeros que llegaron a la partida rural de “La Pileta”, a poco más de dos kilómetros del casco urbano, encontraron un escenario estremecedor: el fuego arrasaba varias construcciones precarias y había restos humanos esparcidos en un radio de 200 metros. Durante las horas siguientes, en una cadencia dramática, fueron llegando los cadáveres al tanatorio improvisado en la Iglesia, mientras que los heridos eran conducidos al Hospital Oliver de Alcoi. El balance final de lo que sería uno de los accidentes laborales más graves de la historia de España fue de 33 muertos y 16 heridos, la práctica totalidad de la plantilla de la empresa “Mirafé”, dedicada a la elaboración de potentes fulminantes para pistolitas fabricadas en la que ya entonces se conocía como “capital mundial del juguete”.

Aquella explosión puso también de manifiesto las duras condiciones de trabajo y las miserias (materiales de unos y morales de otros) sobre las que se estaba construyendo un proceso de industrialización caótico, impulsado por una dictadura que pretendía legitimar su dominio (“XXV años de paz”) con un crecimiento económico desordenado basado en la explotación laboral, bajos costes salariales y el señuelo de un acceso al consumo hasta entonces vedado para la inmensa mayoría.

No todo era cuestión de juegos

Hasta mediados de siglo Ibi había sido un pequeño pueblo, de actividad mayoritariamente agraria y lento crecimiento demográfico, en el que operaban también un par de fábricas de juguetes, cuyos promotores habían demostrado una notable capacidad emprendedora y desplegado sistemas de gestión laboral estandarizados (contratos, seguros, pluses…), de las que pronto surgirían nuevos proyectos empresariales no siempre respetuosos de la, ya de por sí laxa, legislación vigente.

Las sirenas de aquellas primeras fábricas pautaban los tiempos de una población que en apenas una década doblaría el número de sus habitantes, pasando de 6.129 según el censo de 1960 a 13.916 en el de 1970, como resultado del movimiento migratorio que procedente de Andalucía y Castilla-La Mancha llegaba en busca de trabajo y se instalaba de forma precaria en los barrios que se levantaban precipitadamente en la periferia de la localidad.

Se trataba de una emigración mayoritariamente joven que venía huyendo de la pobreza rural, con poca cualificación y mucha necesidad de acceder a recursos básicos, lo que la convertía en objeto frecuente de sobre-explotación en las fábricas y talleres de nueva creación (hasta un total de 54 operaban a finales de los sesenta, con una plantilla total de 4.000 trabajadores, aproximadamente), generando procesos de competencia a la baja con la población autóctona que se cruzaban con los derivados del choque cultural (“de fora vindran que de casa ens tiraran…!”).

MIRAFÉ, la fábrica de los horrores

La empresa se había creado informalmente en 1960 por parte de los hermanos Juan y Francisco Ferre en asociación con el químico catalán Pedro Miras, que pronto abandonaría el proyecto por desavenencias económicas, desapareciendo con él la necesaria capacitación técnica para la gestión de fulminantes y productos pirotécnicos.

En 1963 obtuvo una licencia provisional de la Subdelegación de Industria de Alicante que caducó sin ser renovada en octubre del año siguiente, lo que no sólo no impidió que siguiera funcionando sino que pudo ampliar desde entonces su plantilla, producción e incluso sus instalaciones. En el momento del accidente tenía a medio construir una gran nave, sin contar tampoco con la preceptiva autorización, según consta en el sumario 12/1968 instruido por el Juzgado de Alcoi.

Más que la investigación oficial, cerrada precipitadamente para ocultar las causas y diluir los efectos de la tragedia, serán los testimonios de los supervivientes y familiares de las víctimas quienes darán cuenta de las terribles condiciones de trabajo de aquella empresa fantasma, que apenas se diferenciaban de las denunciadas por Engels hacía más de un siglo en el Manchester de la primera revolución industrial: jornadas de entre 10 y 12 horas, en condiciones precarias, sin contrato ni las más elementales medidas de seguridad, distribuidos entre una vieja masía y varias casetas que no disponían de agua corriente ni electricidad.

Víctimas…y culpables

De las 60 personas que trabajaban allí en el momento de la explosión, sólo ocho estaban aseguradas en una Mutua privada (los propietarios, administrativos y encargados), siendo la mayoría mujeres (31) y el resto varones (20) y niños menores de 14 años (9), de los que 30 murieron en el acto y otros 3 en los días siguientes, quedando el resto heridos de diversa consideración. Todos los fallecidos, salvo los hermanos Ferre, eran emigrantes procedentes mayoritariamente de pequeños pueblos de Granada (12), Ciudad Real (7) y Almería (6)…, y una tercera parte de los cuales murió sin llegar siquiera a cobrar su primer salario, pues se habían incorporado apenas unos días antes.

El funeral y entierro de las víctimas constituyó una dramática manifestación de dolor y rabia contenida, bajo la presidencia oficial de unas autoridades (Ministro de Trabajo, Gobernador provincial, Corporación municipal) que, por acción u omisión, resultaban objetivamente responsables de lo sucedido y que desde el primer momento trataron de eludir su culpabilidad.

Quienes, como el Ayuntamiento y la patronal juguetera, habían mirado hacia otro lado durante años tardaron sólo un día en emitir una enérgica nota de protesta contra los medios de comunicación para que “no mancharan el nombre de la industria local” (sic), al tiempo que en una infame demostración de su insensibilidad proponían celebrar “…con toda normalidad” las fiestas de Moros y Cristianos previstas para dos semanas más tarde.

Tuvo que ser el párroco de la localidad, Federico García Moreno, quien salvara la dignidad del pueblo y en una vibrante homilía de la misa-funeral celebrada el día 23 de agosto declarase que si las autoridades y la Comisión de Fiestas mantenían la convocatoria, la imagen de la patrona –precisamente la Virgen de los Desamparados!- no saldría en procesión, como expresión simbólica del dolor por las víctimas, lo que provocó finalmente la suspensión de las festividades, en un clima de fractura emocional entre comunidades (“les festes son nostres….i al cap i a la fi ells son castellans!”) y tensión creciente entre gran parte de la élite local y el sacerdote.

Pocos meses más tarde sería discretamente cesado el alcalde, Paco Guillem, mientras que desde el Ministerio se procedía a indemnizar a los familiares de las víctimas (1.805.100,96 pesetas en cómputo global) en un intento apresurado de acallarlas y, tras quince meses de instrucción secreta, en enero de 1970 se daba por cerrado el sumario sin identificar culpables ni fijar responsabilidades penales o políticas.

Al año siguiente, atendiendo las preces de la derecha local, el obispo de Orihuela, Pablo Barrachina, destituiría al párroco que había osado situarse junto a los parias de su tierra y que mantendría hasta el final de su vida (murió el 2 de febrero de 1992) su compromiso social de cura obrero, trabajando en el Hospital General de Elche y participando en la lucha sindical como militante de la HOAC y de las Comisiones Obreras de la comarca del Baix Vinalopó.

In memoriam

El cambio democrático y las transformaciones económicas y sociales acumuladas desde entonces han contribuido a mejorar notablemente las relaciones laborales en nuestro país y, a nivel local, superar en gran parte la brecha existente inicialmente entre población autóctona y emigrante, en un proceso positivo de integración.

Con todo, tuvieron que pasar casi cincuenta años para que se celebrase, el 30 de abril de 2017, un acto oficial de homenaje y desagravio a las víctimas de aquel dramático episodio, consistente en una ceremonia cívico-religiosa y la inauguración de un monumento recordatorio con los nombres de los 33 muertos… a los que, por expresa demanda de los familiares, se añadió el de D. Federico García Moreno, en agradecimiento a su actuación y solidaridad.

Previamente se había publicado un librito sobre el caso (“Mirafé, retrato de una época”) que aun aportando valiosa información documental y gráfica lo hacía de forma deliberadamente aséptica, como si de una catástrofe natural se tratara, concluyendo que “no hubo culpables…, sólo víctimas”. Dicho relato, asumido como propio por las autoridades municipales de orientación conservadora, sería contundentemente impugnado por el hijo de una de aquellas víctimas que, en un artículo en la prensa local (“Escaparate”, 4 de marzo de 2016), defendía su dignidad y denunciaba como culpables a todas las instituciones (empresariales, políticas, administrativas y judiciales) implicadas.

Es siguiendo esa misma línea donde se sitúa modestamente este texto que pretende reivindicar la memoria de aquellas mujeres, hombres y niños a quienes una explosión de injusticias arrebató la vida hace hoy cincuenta y tres años, en su pueblo…que es también el mio.