La política de abajo arriba

Desde que estalló la pandemia, muchos han sido los debates que se han abierto -con mayor o menor acierto- sobre el papel que deben ejercer las administraciones para hacer frente a esta situación inédita. Jamás una sociedad había imaginado cómo un virus podría transformar no sólo nuestro modo de vida, nuestras costumbres. Esta pandemia ha segado la vida de demasiadas personas, sigue poniendo a prueba a nuestros profesionales sanitarios y ha golpeado duramente a nuestra economía. Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, esta pandemia ha asestado un duro golpe a miles de familias en España y en la Comunitat Valenciana.

A nivel global hemos visto cómo los gobiernos de los distintos países han aplicado medidas para contener la ralentización de la economía y sostener al sistema sanitario. Pero no han sido los únicos. Los Ayuntamientos han alzado su voz y han mostrado su empeño en cooperar en esta crisis. Su labor ha sido extraordinaria. Desde los primeros días en los que la incertidumbre y el temor a un virus desconocido nos atenazaba, los gobiernos locales han sido el sostén de los municipios. De hecho, se han revelado como una pieza clave y se han convertido en los auténticos protagonistas de la gestión de la pandemia. Son los principales garantes para que ninguna persona se quedara sin alimentos o sin la medicación necesaria. Han sido los consistorios los que han procurado la desinfección de calles y han velado por la seguridad de sus ciudadanos. Los ayuntamientos han tendido la mano a las personas más desfavorecidas y, tanto el Gobierno central como la Generalitat, deben seguir confiando en ellos a la hora de diseñar las políticas y acciones necesarias para la recuperación.

Por ello no solo quiero reivindicar su trabajo. También defender la necesidad de apoyar a las entidades locales, sin condiciones. Respaldar a los ayuntamientos va más allá de elogiar a un alcalde o alcaldesa de uno u otro partido. Defender a los ayuntamientos supone apoyar a sus autónomos, a sus hosteleros y a sus pequeños comercios, en definitiva, defender a la ciudadanía. Las entidades locales, y especialmente los ayuntamientos por ser la administración más cercana al ciudadano, se están esforzando por paliar esta crisis. Ordenanzas fiscales extraordinarias, modificaciones presupuestarias, ayudas directas a autónomos, planes de reactivación del comercio local, interrupción de liquidación de tasas, ayudas para el alquiler de negocios o ayudas extraordinarias para cubrir necesidades básicas de alimentación son solo algunos ejemplos de cómo han reorientado su gestión a amortiguar el golpe que ha asestado la pandemia. Un esfuerzo que, en gran parte de los casos, obliga a estas pequeñas administraciones a necesitar mayores recursos para su financiación. Es esencial que todos seamos conscientes de su papel clave en la recuperación de todos los sectores, de todas las familias, sin excepción. No hablamos de darles un cheque en blanco, sino de tenderles la mano con independencia de su situación financiera, para que sigan haciendo frente a las necesidades de sus municipios. Hacer lo contrario sería como entrar en un callejón sin salida.

En los últimos meses, una infinidad de nuevos términos se han sumado a nuestro vocabulario cotidiano. El campo léxico vinculado al COVID-19 se ha convertido en un habitual en nuestras conversaciones diarias y éste no incluye únicamente vocablos vinculados al ámbito sanitario sino también al político. Si bien la cogobernanza no es un término reciente, sí que ha sonado con perseverancia durante este año. Quizás este abuso o exceso en el uso del término debe ser entendido de acuerdo al contexto y sopesando la magnitud que conlleva una pandemia mundial. Difícilmente se puede negar el pragmatismo de adoptar precisamente una actitud de colaboración y apostar por la cogobernanza. Desde el punto de vista político, hablamos de colaboración pero también de complicidad, lo cual no exime el debate y tampoco la argumentación. Hablamos de complicidad con el fin de desarrollar acciones conjuntas con un fin muy determinado: acabar con la pandemia y amortiguar todas las consecuencias socioeconómicas que conlleva. En este punto, el trabajo conjunto, la cooperación se vuelve imprescindible y para ello y según el pretexto, es esencial abandonar la jerarquía de las instituciones para articular políticas y ayudas públicas acorde a las necesidades de la ciudadanía.

El análisis de lo cotidiano es esencial. Y, sin duda, las instituciones más capacitadas para este fin son los Ayuntamientos. Jerárquicamente, la “política de abajo” es la que conoce de primera mano las verdaderas necesidades por su amplia capacidad de diálogo con agentes sociales. Podemos calificarla incluso, como una de las políticas más maduras pues afronta las adversidades con celeridad, posee gran capacidad de respuesta y de adaptación a los cambios. Las entidades locales pueden aportar una perspectiva de gran riqueza a la hora de modular las acciones políticas, su visión puede o incluso, debe influir en las decisiones adoptadas, en las “políticas de arriba”. Todo, desde un análisis previo de las necesidades y aportando el mayor grado de consenso posible. A dos meses de cumplirse un año desde el inicio de esta pandemia, nuestro país y el resto del planeta siguen atravesando un túnel en el que se vislumbran los primeros rayos de luz. Con la llegada de la vacuna todo nos lleva a pensar que este puede ser el año de la esperanza y la recuperación. Sin embargo, debemos ser realistas. Debemos seguir cooperando, tender la mano a quienes más lo necesitan. Desde el primer hasta el último escalón de nuestra administración.

No podemos bajar la guardia, sino redoblar los esfuerzos para contener el virus hasta que la vacuna llegue a la mayoría de las personas. Una tarea que debe conducirnos, en definitiva, a construir una sociedad más solidaria, justa y cohesionada.