Reivindicación de la memoria obrera

Hace ahora 50 años, a la salida de una reunión en las Escuelas Profesionales San José en Valencia, convocada por las clandestinas Comisiones Obreras para preparar la negociación del IV Convenio Provincial del Metal, la policía política de la dictadura (BPS) detuvo a varios trabajadores en las inmediaciones del Puente de Ademuz. Era la tarde-noche del 25 de octubre de 1970 y durante los tres días siguientes caerían más sindicalistas (entre ellos dos sacerdotes jesuitas) hasta un total de 14, mientras que otros dos lograban escapar y huir hacia el exilio francés. Se iniciaba así el Sumario 981/70 del Tribunal de Orden Público (TOP) que propondría una petición fiscal de 137 años de cárcel y 270.000 pesetas de multa.

Aquel fue un año en el que el régimen franquista, tras tres largas décadas de dictadura, iniciaba su último ciclo represivo en un intento agónico por detener la creciente expansión de las protestas obreras y demandas democráticas.

Según datos oficiales (estimados siempre a la baja por los burócratas verticalistas), en 1970 se registraron 817 conflictos colectivos, en los que participaron 366.146 trabajadores con un total de 6.750.900 horas perdidas por huelga.

La frialdad estadística de los números no permite vislumbrar las difíciles condiciones de trabajo que justificaban aquellos conflictos, ni el compromiso de los hombres y mujeres que participaban en los mismos, ni sus miedos, riesgos y esperanzas…, es por eso que la reivindicación de la memoria obrera y democrática exige ampliar el foco, contextualizar los hechos y poner en valor su aportación a la conquista de los derechos y libertades.

La década de los sesenta había sido la del desarrollismo capitalista, gestionado por los tecnócratas del régimen, y coincidió con una serie de profundos cambios sociodemográficos en el mundo del trabajo al que se incorporaba la primera generación que no había participado en la guerra, tras importantes flujos migratorios que vaciaron la España rural del interior, provocando el desplazamiento de millones de trabajadores hacia la periferia industrial y el exterior, poniendo de relieve la magnitud de la cuestión social (salarios bajos, desigual acceso al consumo, pobreza, desarraigo…) en un marco, sólo aparentemente contradictorio, de liberalización económica y represión política, al que se opondrá una creciente conflictividad obrera impulsada por un nuevo sindicalismo de carácter asambleario, estructura flexibles en los centros de trabajo, orientación unitaria y proyección sociopolítica.

Dicho movimiento alcanzará pronto una amplia difusión mediante la utilización, a partir de 1966, de las instancias representativas de base del corporativismo oficial (enlaces y jurados de empresa) y su articulación con la propia organización clandestina, especialmente a partir de la sentencia del Tribunal Supremo (febrero de 1967) por la que se declaraba ilegales a “las denominadas comisiones obreras”, lo que se traducirá en un aumento de la represión que, en el País Valenciano, se concretaría en la detención (y posterior Consejo de Guerra 36-V-1967) de cinco jóvenes sindicalistas en la primera manifestación del 1º de Mayo desde la guerra civil y la de otros 36 trabajadores en noviembre de 1968, varios de los cuales fueron sometidos a terribles torturas que aún ahora siguen siendo objeto de querella judicial.

La dureza de la represión frenó durante un tiempo el desarrollo de la protesta obrera que, a partir de 1970, recuperaría la iniciativa operando, desde entonces, como factor clave en la conquista de la democracia, articulando las reivindicaciones laborales con la lucha por la amnistía y las libertades civiles.

La situación a finales de aquel año resulta muy representativa de este proceso, tanto por el contexto (negociación colectiva, protestas contra el Proceso de Burgos) como, en el caso que ahora recordamos, por el perfil de los detenidos y la solidaridad que generaron entre los nuevos sectores que se incorporaban a la lucha democrática (profesionales, estudiantes, comunidades cristianas…).

Se trataba de un grupo de trabajadores, mayoritariamente jóvenes (33 años de media), procedentes tanto de grandes empresas (Macosa, Unión Naval de Levante, Astilleros, Saludes) como de pequeños talleres metalúrgicos y sectores auxiliares (véase cuadro adjunto) que preparaban la negociación de su convenio, incluyendo demandas tan subversivas como un salario de 136 pesetas/dia para el peón y de 159 para el oficial de primera…, al tiempo que exigían libertades y rechazaban las penas de muerte que se tramitaban en Burgos. Pero así fue, así era entonces y conviene no olvidar de dónde venimos y honrar la memoria de quienes lucharon entonces asumiendo los riesgos de la represión.

Es ahora, cuando los herederos del franquismo denigran la historia de quienes defendieron las libertades republicanas y participaron en la resistencia contra la dictadura, cuando se hace más necesario que nunca reivindicar su memoria y defender su legado.

*Pere J. Beneyto, Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS)