El Parlamento valenciano debate medidas de sanción de la prostitución: “Me vendieron por 300 euros a un hombre”

El Parlamento valenciano trabaja en una modificación de las leyes de carreteras y espectáculos públicos para sancionar la prostitución. La medida fue propuesta por el PSPV, después de un intento de reformar estas normas por la entonces consellera Gabriela Bravo, al frente de Justicia, que provocó gran tensión con la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad, primero dirigida por Mónica Oltra y después por Aitana Mas, ambas de Compromís. Los partidos chocaron por una cuestión competencial, pero especialmente por la respuesta a la explotación sexual: no había unanimidad en determinar cuál era la mejor medida y la propuesta socialista se consideró punitivista y perjudicial.

Las socialistas decidieron presentar esta medida como Proposición de Ley para que pudiera debatirse en el Parlamento y llevar expertas, activistas y afectadas. Este miércoles, en la comisión de Igualdad, participaron más de una decena de mujeres en representación de entidades, con posturas diversas sobre el abordaje de la prostitución. El lenguaje importa, y mucho. También la perspectiva. En las Corts Valencianes comparecieron víctimas de explotación sexual, académicas, organizaciones de derechos humanos y también varias asociaciones que defienden la regulación de la prostitución. Sobre la mesa, cuestiones como regulación o sanción, abolicionismo, consentimiento, diferencia entre “trabajo sexual”, explotación sexual o violencia sexual, entre prostitución y trata; abusos, secuelas, educación sexoafectiva.

“Someterse para sobrevivir no puede equivaler a consentir”

Un testimonio sobrecogedor fue el de Amelia Tiganus. Escritora y activista, fue víctima de explotación sexual siendo menor de edad. Desde hace más de una década se dedica a pensar y divulgar sobre la abolición de la prostitución. Tiganus contó en la comisión cómo la “vendieron por 300 euros a un hombre que explotaba a mujeres de Rumanía”, su país de origen, cuando tenía 17 años. “Me convirtieron en la materia prima de esta industria criminal, para que hombres se divirtieran”, censuró. Tiganus sufrió abusos sexuales de niña, fue violada por cinco hombres de adolescente y después fue prostituida. “Las putas no nacemos putas, se nos fabrica”, apuntó ante los diputados, relatando cómo “aprendí que mi sexualidad no era mía, no era para disfrutar o crear vinculo”. “Someterse para sobrevivir no puede equivaler a consentir, es lo que tenemos las mujeres más pobres”, insistió, para denunciar que “los prostíbulos son campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas”. Preguntada por la prostitución voluntaria, indicó: “No podemos legislar sobre a lo que a algunas mujeres les va bien (...) No podemos convertir el acto sexual en un producto de mercado”.

“La penalización refuerza la marginación”

Tras Tiganus, que dejó a los parlamentarios casi sin aliento -tanto que se determinó un breve receso-, tomó la palabra la representante de Amnistía Internacional Carmen Soto. Soto, que lleva vinculada a la organización valenciana desde sus inicios, apunta que AI adopta una posición sobre el trabajo sexual -se referirá siempre al trabajo sexual- “al encontrarse de plano con graves violaciones de los derechos humanos en investigaciones sobre tortura, violencia contra las mujeres y penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo”. La experta recalca la perspectiva de los derechos humanos y el papel del Estado, que tiene como obligación garantizarlos, sin dejar a nadie al margen.

Soto recalcó la importancia de diferenciar el trabajo sexual de la trata, la explotación sexual y la violencia sexual. “El consentimiento es fundamental”, subrayó, para abordar los perjuicios de una perspectiva punitivista. “Quienes ejercen el trabajo sexual se en obligadas a vivir al margen de la ley. No suelen tener acceso a un recurso efectivo ni a reparaciones”, denunció. La responsable de AI reclamó la despenalización de “todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso” y pidió que se elimine la regulación penal “del trabajo sexual consentido entre personas adultas”. “La penalización refuerza la marginación”, sentenció.

En paralelo, pidió a los Estados medidas para eliminar la discriminación y desigualdades estructurales: “Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación influyen enormemente en que una persona se dedique al trabajo sexual”, pero, recalcó, “la criminalización no es la respuesta”.

En la misma línea se mostró Carolina López, víctima superviviente del sistema prostitucional y miembro de la asociación Alanna, que trabaja con víctimas de violencia machista. López manifestó que “está muy bien legislar, perseguir al proxeneta y a la demanda, establecer leyes, pero no podemos dejar a las mujeres atrás”. “Necesitamos planes efectivos con la adecuada perspectiva. La prostitución es violencia extrema para las mujeres y hay que acompañarlas adecuadamente”, reivindicó, para reclamar que se escuche a las supervivientes. “Somos mujeres resilientes con una perspectiva real de lo que es el sistema y cómo daña a las mujeres y sabemos los pasos a seguir”, señaló.

Mercedes López, del movimiento Regularización Ya, recalcó que en luchar contra la trata “estamos todas de acuerdo”, pero defendió que, “en el capitalismo trabajar no representa una opción, es una obligación para la supervivencia”. Así, “las mujeres, aún en contextos de pobreza, tomamos decisiones en cuanto a nuestras estrategias de supervivencia (...) forma parte de nuestra dignidad que respeten nuestras decisiones, sean de vuestro agrado o no”. “La prostitución es el síntoma de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo de un país”, dijo, para indicar que, tras diez años ejerciendo la prostitución, ha visto que “este trabajo no es la última opción, sino la alternativa a empleos hiperexplotados”. Poner el foco en la demanda es apartarlo de las estructuras de desigualdad, señaló, para después reivindicar la derogación de la ley de extranjería.

También asistió como experta Rosa Cobo, profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña y autora de numerosos estudios. La socióloga, que participó previamente en una concentración abolicionista, denunció: “La prostitución es una industria ilegal que genera millones de euros cada día, que está envuelta en economías ilícitas, en niveles altísimos de criminalidad y que deshace el tejido social”. El también sociólogo Antonio Ariño, autor del estudio de mayor alcance sobre prostitución en la Comunitat Valenciana, reclamó un plan integral para abordarla.