Archivado en Gandia el caso de presunta financiación irregular del PSPV

El exalcalde de Gandia José Manuel Orengo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta para investigar la posible financiación irregular del PSPV-PSOE, denuncia realizada por diversos diputados autonómicos del PP.

Esta causa afecta a la compra de un inumueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50% por el Ayuntamiento de Gandia.

Según consta en un auto de este juzgado fechado el pasado 11 de marzo la jueza no aprecia ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo para la concesión de dicha subvención, “en cuya tramitación intervinieron representantes de los diferentes grupos municipales, que votaron de forma unánime y sin oposición”.

“De las diligencias practicadas y de la documental obrante en autos no se reúnen suficientes indicios para entender que se ha cometido infracción penal alguna, toda vez que, tal y como indica el fiscal, el inmueble está destinado al uso para el que se adquirió y su precio de adquisición está dentro del valor que se le otorgaba en la fecha, según la tasación realizada para obtener la hipoteca”, añade el auto.

El inmueble cuya adquisición se ha investigado pertenecía al ex teniente de alcalde socialista de ese Ayuntamiento Antonio Gomar, padre del gerente de la empresa de comunicación Crespo Gomar, Alberto Gomar, que trabajó para el PSPV y varios Ministerios en época de gobierno del PSOE.

En 2006, el inmueble se vendió por 280.000 euros a la mercantil Mora Gomar, administrada por el esposo de una hija de Antonio Gomar, Joaquín Mora, que lo vendió finalmente a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes.

Caso en Benidorm

Después de cerrarse provisionalmente la rama de Gandia todavía queda abierta la de Benidorm. Allí un juzgado investiga también la presunta financiación irregular socialista a través de terceras empresas.

La UDEF ha investigado el uso de administraciones públicas como fuente de financiación, que habrían incumplido la legislación para la adjudicación de campañas publicitarias.

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