Una hija y el yerno de Zaplana declaran ante la jueza por pagar un alquiler al político tras ingresar 2,2 millones de Suiza

La mujer, una de las hijas y el yerno del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana serán interrogados este martes ante la jueza encargada de instruir el caso Erial, mientras que la declaración de Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino -expresidente de las Corts Valencianes que falleció hace unos meses por la Covid-19- ha quedado suspendida por motivos de salud.

Se trata de la segunda ronda de toma de declaraciones a investigados por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de València que investiga presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano, en una causa en la que está imputado Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación. Por el momento, el juzgado ha podido recuperar unos siete millones de euros tras la confesión del abogado uruguayo Fernando Belhot, quien llegó a un acuerdo para traspasar el dinero que, dijo, correspondía a Zaplana.

María Zaplana, la hija del expresidente de la Generalitat, y su marido, Luis Iglesias, serán preguntados previsiblemente por los hechos por los que han sido imputados por presunto blanqueo de capitales. En concreto, por el pago entre 2015 y 2019 del alquiler del piso de la calle de Pascual y Genís, en pleno corazón financiero de València, donde residió el político durante su tratamiento de leucemia en el hospital La Fe. Iglesias recibió una transferencia de 2,2 millones de euros desde una cuenta de Suiza compartida con su esposa once días antes de hacerse cargo del arrendamiento de 3.500 euros mensuales.

La jueza del caso autorizó una entrada y registro de la vivienda del matrimonio en Madrid y posteriormente la Guardia Civil prestó declaración a ambos en presencia de sus abogados. En el caso del empresario Iglesias Rodríguez-Viña, este explicó que los 2,2 millones son “ingresos profesionales” de las sociedades de su propiedad o en las que ha trabajado, Drago Capital, Marenostrum Capital y Manzana K. y que sus emolumentos anuales rondan los 350.000 euros. Es decir, que todo el dinero de esa cuenta era de su propiedad y no compartido con su pareja, que está como cotitular. 

Durante el interrogatorio de la Guardia Civil, el empresario explicó que nunca había hecho negocios con su suegro y negó haber recibido fondos suyos o haberle pagado una comisión. A la pregunta de si Eduardo Zaplana le habría devuelto los más de 150.000 euros que costó el alquiler del piso, Iglesias Rodríguez-Viña contestó tajante que no.

Por su parte, María Zaplana declaró ante la Guardia Civil que nunca trataron con el empresario búlgaro propietario original del inmueble y que lo hicieron a través de la inmobiliaria Engel & Völkers. Sobre la compra de su piso en la calle del Poeta Querol, que también se investiga en la causa, explicó que pagó 600.000 euros y que era para “invertir” tras una donación de su padre..

Ante la instructora también declarará la mujer del exministro, Rosa Barceló; además de la secretaria del exjefe del Consell, Mitsouko Henríquez. También está previsto que acuda a declarar María Teresa García, esposa del que fuera jefe de gabinete del exministro, Juan Francisco García.

El ex presidente valenciano y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas ya prestó declaración ante la jueza hace un par de semanas y negó haber cobrado algún tipo de comisión por la adjudicación del Plan Eólico a Sedesa, la empresa de la familia Cotino, cuando él era jefe del Consell. También mantuvo que los 500.000 euros que ingresaron a su cuenta fue la cantidad que pactó con el empresario Vicente Cotino, dueño de la mercantil, por diferentes servicios prestados en una operación de compraventa.

Junto a Olivas, también comparecieron ante la jueza Francisco Pérez López, representante de una gasolinera a quien se vincula con la compra de una embarcación que sería finalmente de Zaplana; Saturnino Suanzes, abogado y considerado por los investigadores como quien se encargaría de gestionar los fondos ocultos en Andorra; y la hermana de este último, exdiputada del PP en las Corts Valencianes y también considerada intermediaria, Elvira Suanzes.

También acudieron a la Ciudad de la Justicia los empresarios Robert Edgar Bataouche y Ángel Salas; y María Paloma Domínguez, mujer de Francisco Grau, considerado diseñador de la red societaria de la que se servían los supuestos implicados en la trama.

Todos los investigados quisieron prestar declaración excepto los hermanos Suanzes. A su salida del juzgado, Elvira manifestó a los medios de comunicación, preguntada por si es inocente, que es “evidente”: “Lo llevamos diciendo en todos los escritos y en todos los momentos en los que hemos tenido oportunidad”, apostilló.