El Ministerio de Transición Ecológica trata de pacificar el conflicto del agua con mesas de trabajo entre comunidades

La escasez de recursos hídricos en España está tensando las relaciones entre las comunidades autónomas, especialmente en las cuencas que menos lluvias registran. A la situación de grave sequía y restricciones que han afectado a casi la mitad del país se suman las demandas de los sectores más afectados, como la agricultura, que trasladan la presión a los gobiernos autonómicos y estos a su vez al Gobierno central, así como la situación de los humedales y los parques naturales.

Para tratar de apaciguar los conflictos, el Gobierno ha anunciado la creación de grupos de trabajo y mesas de diálogo, así como una calendarización de encuentros con gobiernos autonómicos como el valenciano. Tras una reunión con el presidente de la la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un grupo de trabajo con Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar el trasvase Tajo-Segura, uno de los principales temas de discordia.

En concreto, el Ejecutivo creará este espacio para actualizar las reglas del trasvase Tajo-Segura, que afectan a estas cuatro comunidades, aunque probablemente se convocará más adelante a Extremadura por su implicación con el Guadiana. La también vicepresidenta tercera del Gobierno ha puntualizado que no se abordará el caudal ecológico ni los planes hidrológico ya aprobados, que responden al cumplimiento de sentencias por parte del Gobierno, pero sí las llamadas reglas de explotación del trasvase: cuáles son los condicionantes para el transporte de agua mes a mes, el margen de holgura, en palabras de la ministra. “Es importante escuchar a los técnicos”, afirma Ribera, que insiste en la conveniencia de que exista un foro en el que las autonomías afectadas entiendan otros puntos de vista y expongan el propio.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, quien mantiene profundas discrepancias con el Gobierno central y el castellanomanchego sobre el trasvase, también ha puesto en valor la medida: Es “una decisión que se hará desde el diálogo, el rigor y la multilateralidad para buscar un acuerdo y abrir una nueva etapa para abordar el futuro”. Mazón ha agradecido la predisposición del Gobierno y el acuerdo para complementar las aportaciones hídricas a l'Albufera de València.

Los dirigentes no ocultan sus diferencias entorno al trasporte de agua entre ambas cuencas. “A mi juicio, no tener más que un mes de trasvase cero, pese a tres años de sequia, pone de manifiesto que las reglas están funcionando; sobre el aprendizaje de todos estos años se puede ver si hay margen de mejora”, afirmó la responsable de Transición Ecológica, que entiende que “a algunos responsables autonómicos les gustaría que hubiera más y a otros menos”. Preguntado por la posición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Mazón apuntó: “No podemos estar de acuerdo cuando se nos acusa de malversar el agua. Me encantará que con un grupo de trabajo del ministerio podamos hablar todos”.

Posteriormente, el presidente socialista castellanomanchego se pronunció sobre el encuentro. “Las reglas de explotación ya tenían que haberse cambiado. No quiero ni mucho menos atosigar ni calificar de incumplimiento algo que la ley ya exige y es que contáramos con unas nuevas reglas de explotación”, protestó Page, quien criticó la postura de lo que denomina “el levante español” en la reclamación de agua e insiste en el uso de desaladoras: “El levante español, si se trata de recibir agua, quieren toda, venga de donde venga y se la quiten a quien se la quiten, y cuando se trata de darla, por ejemplo, ahora que hay sequía en Barcelona, entienden que darla solo es si es desalada en una desaladora del Estado y solo para beber, nunca para regar”. “¿Por qué hay esa doble vara de medir?”, planteó el dirigente, que recordó las sentencias favorables al gobierno de Castilla-La Mancha. Finalmente, el socialista valoró la propuesta del ministerio -“es su obligación”, afirmó-, pero recordó que el plan hidrológico ya se desarrolló como consecuencia del diálogo social “en el que todos hemos opinado y hablado, y ya se ha aprobado, ya es norma, y es coherente con las resoluciones de los tribunales tanto del Supremo como de la Unión Europea”.