La tesorera del PP, citada como imputada por la financiación ilegal del PP de Valencia
La tesorera del PP Carmen Navarro ha sido citada a declarar como imputada en la pieza del caso Imelsa sobre la financiación de las campañas electorales del PP de Valencia. El juez investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos públicos, blanqueo de capitales y delito electoral.
La declaración de Navarro será el próximo lunes y junto a ella testificarán tres personas más -entre ellas un representante de JC Decaux- en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre la financiación de las campañas electorales del PP en las municipales de 2007 y 2011 a través de empresa Laterne.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han señalado a EFE que en la providencia del instructor, fechada este lunes 16 de octubre, se cita también como testigos a seis representantes de empresas o grupos empresariales como Secopsa, Pavasal, Fovasa, Luis Batalla y Agricultores de la Vega de Valencia para que declaren el día 27.
En sus comparecencias, estos testigos deberán aportar facturas sobre pagos o entregas dinerarias a Laterne, City Management Council y Product Management Council entre los años 2006 y 2008.
Asimismo, se oficia a un banco para que informe de las personas físicas autorizadas para tener acceso a una cuenta a nombre del Partido Popular.
Un millón de euros de fianza a Alfonso Grau
El pasado día 6 el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se acogió a su derecho a no declarar por la financiación de esas campañas electorales del PP tras haber sido citado como investigado por cohecho, malversación y delito electoral.
Precisamente este lunes se ha hecho público un auto de ese juzgado donde se le impone una fianza de un millón de euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su imputación.
Según el auto por el que se le citaba a declarar ese día, el informe elaborado por la Guardia Civil concluía que en 2006 Grau y el empresario Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, “convinieron en utilizar el entramado empresarial” de este último para “sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007”.
