“Nos vemos en los bares”: El PP y la hostelería como ariete político

La supuesta criminalización de la hostelería se ha convertido en el ariete discursivo de la derecha en la Comunitat Valenciana contra la Generalitat. El PP, convencido de que trasladar el discurso de Isabel Díaz Ayuso a otros territorios es una buena idea, ha intensificado su campaña contra las restricciones que el Consell impuso el pasado enero, centradas en el cierre de la hostelería, el confinamiento de las ciudades los fines de semana y las limitaciones de horario y aforo al comercio.

Los populares han hecho de las protestas de los hosteleros uno de los emblemas de su oposición y las sacan a relucir en cuanto tienen oportunidad. El pasado sábado, la portavoz del PP de València, Maria José Catalá, enviaba un mensaje de apoyo a la plataforma SOS Hostelería, que ha presentado un recurso contencioso para pedir la anulación del cierre de bares y restaurantes. “Vais a conseguirlo”, animaba la concejal, que previamente había cargado contra el portavoz socialista en las Corts Valenciana, Manolo Mata, por ofrecer servicios de asesoría a los establecimientos hosteleros.

El domingo, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, lanzaba desde sus redes sociales un vídeo que con el lema “Nos vemos en los bares”, cargaba contra los cierres y esa “criminalización” del sector. “Os echamos de menos. No sois los culpables”, figuraba en el post compartido en sus perfiles. “Nuestros hosteleros seguirán sin poder trabajar este mes. Basta ya de criminalizar a todo un sector”, añadía el mensaje, que reclamaba una “apertura escalonada” de la hostelería a partir del 16 de febrero. Precisamente esta es la fecha que ha utilizado un colectivo de Castellón para abrir los bares y restaurantes como protesta por las restricciones, una acción que el Consell ha advertido que puede acarrear sanciones de hasta 60.000 euros.

Los populares valencianos están convencidos de que el cierre de la hostelería no tiene impacto en el descenso de la incidencia acumulada porque la Comunidad de Madrid permite la apertura y ha aumentado la permisividad con las reuniones. Sin embargo, el PP en Galicia decretó el cierre de la hostelería incluso con la reducción de contagios y no prevé una apertura inmediata; así como en Murcia se optó por el cierre en los municipios de riesgo extremo a principios de enero y por una apertura gradual según la incidencia acumulada en cada municipio, unas medidas que comenzarán a relajarse este miércoles al bajar la presión asistencial. En Castilla y León el interior de la hostelería permanecerá cerrado hasta el 23 de febrero, aunque se permiten terrazas con límite de aforo.

Desde que se decretara el cierre total, la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana ha descendido en picado. El 21 de enero, cuando se anunciaron las medidas, la incidencia en los últimos 14 días era de 1.166 casos por cada 100.000 habitantes, ascendió a 1.459 el 27 de enero, máximo histórico, y comenzó a descender. Los últimos datos de este lunes sitúan la incidencia acumulada en 505 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes; muy por encima del umbral de riesgo -250 casos por cada 100.000 habitantes-.