Puertas abiertas, arcas vacías

El 9 de octubre no podrá celebrarse con la vuelta de las emisiones de RTVV, una de las promesas que el nuevo Consell no ha podido cumplir de momento, dada la maraña legal en la que sigue inmersa la empresa, y a la espera de poder reabrir la radiotelevisión autonómica, lo que sí se han abierto a los ciudadanos son las puertas del Palau de la Generalitat, como símbolo de una etapa de cambio que se pretende basar en la transparencia y la participación.

Las jornadas de puertas abiertas son el colofón a 100 días de Gobierno en los que el tripartito ha demostrado que su prioridad es la política social y en los que también se ha visto que las principales dificultades van a venir del lado económico, con una deuda de 40.000 millones, la herencia de sobrecostes como el de la Fórmula 1, que se prolongará hasta 2023 con 7,5 millones anuales, y una financiación que ya todos reconocen como injusta.

De hecho, conseguir una reforma de la financiación autonómica es la principal tarea a la que se enfrenta el Consell, tanto por su envergadura como por su importancia, ya que supondría poder empezar a hacer frente a las necesidades económicas y sociales de la Comunidad sin estar constreñidos por las actuales restricciones presupuestarias. Este aspecto estará determinado, aparte de por la capacidad de presión y negociación de la Generalitat, por el color que tenga el gobierno que salga de las elecciones generales. De momento, Rajoy no atiende las peticiones de Puig y ni siquiera se ha sentado a hablar, a pesar de que el socialista se lo demandó en su primer día al frente de la Comunidad y de que el presidente acaba de visitar tierras valencianas.

No obstante, en estos 100 primeros días el gobierno salido del Pacto del Botànic ha demostrado que los recortes no eran la única política posible ante la ausencia de recursos económicos, sino que, muy al contrario, se ha apostado por proteger a los sectores más desfavorecidos e incidir en la mejora de las prestaciones en los servicios públicos para amortiguar los efectos de años de crisis y austericidio.

Así, se ha puesto de manifiesto que sí era posible prestar servicios sanitarios a los inmigrantes y garantizar de ese modo un derecho humano universal; controlar mejor a las empresas concesionarias de los servicios de sanidad; pagar las ayudas a la dependencia puntualmente y abonar también los atrasos a los cuidadores de personas que fallecieron esperando ver que su derecho sobre el papel se hacía efectivo; o detener los desahucios mediante la redacción de una ley que devuelva a la vivienda su función social.

Tras años de castigo a la escuela pública, también la política educativa del nuevo ejecutivo deja ver que el maltrato a la educación era una opción totalmente voluntaria del Partido Popular para beneficiar los intereses de los centros concertados, pues sin una mejora  significativa de las condiciones económicas, se ha conseguido avanzar en la consecución de una enseñanza verdaderamente gratuita, con las ayudas universales a los libros de texto. También el inicio de la extensión de la gratuidad en el tramo de cero a dos años es una reivindicación histórica de la comunidad educativa, que redunda además en aspectos extraescolares como facilitar la incorporación al mercado laboral en condiciones de igualdad, especialmente para las mujeres.

En el capítulo del debe, el ejecutivo de Puig ha tenido que aplazar el fin del copago en dependencia hasta 2016 y la reapertura de RTVV. Asimismo, se enfrenta con la ingente tarea auto impuesta y sin duda necesaria de relanzar la economía y cambiar el sistema productivo, con miras en la sostenibilidad y la creación de las condiciones para la mejora de las cifras de empleo, un aspecto muy ligado a la mejora de la financiación procedente del Estado.

En definitiva, los 100 primeros días de esta nueva etapa han echado por tierra el fantasma del tripartito radical catalanista, por mucho que el PP en su torpeza estratégica se empeñe en intentar resucitarlo, para mostrar que, al menos, se pueden hacer las cosas de otra forma: más transparente, más consensuada, más cercana a los intereses reales del ciudadano, económicamente más racional, más igualitaria y más honrada. Aún así, la legislatura no ha hecho más que comenzar y el Gobierno deberá demostrar durante los próximos cuatro años que es capaz de acordar dentro de su pluralidad de siglas las políticas que sigan poniendo el acento en la mejora económica y la atención social; que puede reforzar la identidad valenciana en un proyecto integrador en el que quepan la mayoría de sectores sociales; y que tiene la suficiente capacidad de liderazgo y negociación con Madrid para poner por delante los intereses de la Comunidad a los del propio partido, si coinciden las siglas en ambos gobiernos.

Cierto es que los anteriores ocupantes del poder han dejado el pabellón tan bajo que cualquier gesto de apertura, aire fresco y guiño a los más desfavorecidos se agradece inicialmente, pero también lo es que las esperanzas puestas en el cambio son muchas y muy exigentes, y la tarea de recuperación de un sistema público depauperado y de unas arcas saqueadas será larga y difícil. A la coalición de izquierdas le toca cumplir y no defraudar, dos verbos tan obvios en política y tantos años olvidados.