Un estudio de la Universitat de València ve factibles los seguros de divorcio “como ayuda, no como un ‘premio’ por divorciarse”

Un estudio liderado por la Universitat de València analiza la viabilidad de implementar un seguro de divorcio. Esta cobertura pretende contribuir a sobrellevar los gastos inmediatos asociados a la ruptura, entre los que destacan los costes jurídicos, de las mudanzas o de los alojamientos temporales.

El estudio, publicado en la revista Humanities and Social Sciences Communications, está desarrollado por Juan Bataller-Grau, catedrático de Derecho Mercantil y director de Patrimonium, y Carlos Vidal-Meliá, catedrático de Economía Financiera y Actuarial de la UV. El trabajo aborda la falta de protección frente a las necesidades económicas inminentes que sufren muchos hogares, especialmente mujeres y colectivos vulnerables, durante una ruptura matrimonial.

Los autores destacan que el seguro de divorcio es objeto de debate desde hace décadas, pero se ha aplicado de manera excepcional. En este sentido, el objetivo de la investigación es examinar las condiciones necesarias para que una cobertura de este tipo resulte técnica, jurídica y socialmente viable. Para ello, Bataller y Vidal toman como ejemplo la representación del seguro de divorcio transmitida a través de las narrativas culturales y la contrastan con casos reales. Concretamente, combinan el análisis de la serie The Divorce Insurance con el estudio de experiencias de Estados Unidos y Europa y de las principales dificultades jurídicas y financieras afrontadas.

El equipo investigador resalta que “una cobertura limitada y bien diseñada puede ayudar a cubrir los gastos derivados de una ruptura matrimonial. No se trata de incentivar el divorcio ni de compensar todas sus consecuencias económicas, sino de estudiar una posible herramienta de protección complementaria al derecho de familia y a las políticas públicas”.

Los hallazgos muestran que las propuestas más factibles consisten en coberturas de corto plazo destinadas a proporcionar liquidez para los gastos inmediatos. El estudio enfatiza en que, además de diseñar un seguro que encaje con el ordenamiento jurídico, también necesita aceptación social. “Debe percibirse como una ayuda ante una transición familiar difícil, no como un ‘premio’ por divorciarse”, apunta el grupo de trabajo.

Asimismo, Bataller y Vidal subrayan que “las fórmulas más plausibles son las que proporcionan una protección económica limitada, mediante un capital previamente pactado o una cobertura de gastos concretos, especialmente jurídicos”. El análisis plantea las condiciones necesarias para desarrollar un producto asegurador responsable. En esta línea, los autores también recalcan la importancia de establecer periodos de carencia, límites de cobertura y mecanismos que reduzcan la contratación ante una ruptura ya inminente y los incentivos al fraude.

El trabajo ha recibido financiación de la Generalitat Valenciana, mediante el proyecto CIPROM/2024/75 “El moderno derecho del seguro”, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mediante el proyecto PID2024-159634NB-I00 “Towards the prevention of ageism: an ius privatist approach”.

El marco para una protección financiera temporal

El estudio parte de dos investigaciones previas. Vidal ya había desarrollado una primera versión del modelo del seguro de divorcio, publicada en la revista Family Transitions, en la que recoge las posibles aplicaciones de este seguro a través del análisis de una población simulada de 10.000 parejas, que proyecta la supervivencia biológica y el mantenimiento de las relaciones de matrimonio de la muestra durante 30 años.

Este enfoque permite traducir características verificables —como la edad al contraer matrimonio, la historia de convivencia, la asimetría de ingresos entre cónyuges y los divorcios previos— en la configuración de pagos diferenciados en función de las características de la pareja. Según los resultados de las simulaciones, este seguro es “actuarialmente concebible como protección financiera temporal”.

Por otro lado, Bataller y Vidal habían analizado también la posibilidad de establecer en España un seguro de divorcio como un capital previamente pactado que, conforme explican, “se abonaría al producirse la separación”. Este trabajo, publicado en la Revista de Derecho del Sistema Financiero, aporta el “andamiaje para la construcción de un contrato atípico, pero de práctica utilidad, y examina cómo articular esta cobertura en el derecho español”, concluyen sus autores.