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La Intervención General Municipal de València detecta varias irregularidades en la ya extinta Fundación Valencia Activa, hasta mediados de 2025 a cargo del concejal de Vox Juan Manuel Badenas, a quien Fiscalía investiga por contratos de publicidad esta entidad. El exportavoz de Vox fue apartado de sus responsabilidades en materia de Empleo tras una fuerte crisis en el seno del partido y del propio consistorio, que derivó en una concatenación de reformas en el equipo de gobierno que dirige María José Catalá, tras la entrada de la UCO en el Ayuntamiento y el expediente interno de Vox hacia el que fuera su cabeza de lista.
La Fiscalía acordó en marzo abrir diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental tras una denuncia del PSPV y Compromís, una denuncia que se amplió un mes después, con otro contrato de patrocinio. El propio Badenas ofreció una rueda de prensa para desmentir las acusaciones junto a un abogado de la Fundación, donde defendió que había actuado conforme a derecho y denunció un “montaje” político y de medios de comunicación contra él. Tres meses después, el Patronato de la Fundación de políticas de empleo inició el proceso de extinción de Valencia Activa.
El informe de auditoría cuestiona una serie de contratos menores, al margen de los que ya investiga el Ministerio Fiscal, y las retribuciones al margen del personal de la Fundación. El informe, adelantado por Valencia Plaza y debatido este lunes en el pleno ordinario de diciembre, detecta contratos menores que no están bien justificados, contratos que realizan directivos y no técnicos, y dos contratos de patrocinio que, a juicio de los interventores, deberían ser subvenciones. Asimismo, cuestiona complementos salariales del personal de la Fundación cobrados de forma indebida y considera que deben ser reintegrados.
El PSPV ha anunciado que ampliarán la denuncia en Fiscalía contra el concejal de Vox que fue responsable de la Fundación, Juan Manuel Badenas, y estudian remitir el informe completo elaborado por los interventores al Ministerio Fiscal. “Estamos ante un manual práctico del desgobierno. Un espejo que devuelve una imagen de un gobierno sin rumbo, sin ética y sin voluntad de corregir. Se fraccionan contratos para evitar licitaciones, se usan tarjetas de crédito sin control, se realizan pagos injustificados de comidas, hoteles, taxis, incluso personas ajenas; se contrata sin expedientes y se niega información a los auditores”, ha expresado el socialista Javier Mateo, sobre la auditoría en general, que también lanza alertas sobre el Palacio de Congresos y más de una decena de organismos públicos.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, señaló el pasado viernes, sobre la auditoría, que detecta “importantes irregularidades” en contratos de patrocinio “vinculados a la etapa de Juanma Badenas en València Activa”. “Todo lo que rodea a Badenas no huele bien y, como Catalá lo sabe, lo mantiene sin prácticamente competencias, pero cobrando un sueldo público”, denunció la valencianista.
Los auditores recogen que la entidad manifiesta la existencia de una investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Valencia en torno a varios contratos de la Fundación tramitados durante los años 2021 a 2024, por lo que excluyen los citados contratos de la evaluación. Sin embargo, los interventores encuentran otras “incidencias comunes” en varios contratos menores de patrocinios, que suman 53.000 euros más IVA, como que “la finalidad no es acorde a los fines institucionales de la Entidad”, porque excede de València ciudad; que el informe de necesidad de todos los contratos analizados lo suscribe el subdirector de Emprendimiento de la Fundación, cuando, según el manual de procedimientos de compras y pagos de la Entidad, lo debe de realizar el técnico del departamento que detecta la necesidad y aprobarlo la Dirección-Gerencia. Asimismo, continua el informe, la conformidad de las facturas también la realiza dicho directivo, aunque, de acuerdo con el citado manual, esta función corresponde al personal técnico de la Fundación.
Tampoco consta en ninguno de los cinco contratos analizados que una estimación económica del retorno de la inversión que el contrato tiene para la imagen de marca de la Fundación, ni una descripción del presupuesto de la actividad que se patrocina donde figure la cantidad que aporta la Entidad, “al objeto de acreditar que no se trata de una subvención en lugar de un patrocinio”, señala el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.
En dos de estos contratos, los auditores consideran que se abona como patrocinio lo que es realmente una subvención, que se regula por un proceso público que requiere autorización del Ayuntamiento, dado que “el evento se financia en su totalidad” y “no podría realizarse sin la aportación de la Fundación”. Tampoco se justifica “de forma adecuada y suficiente” por qué no se han pedido al menos tres presupuestos, dado que el contrato es superior a 3.000 euros.
La auditoría señala incidencias particulares en contratos de patrocinio en jornadas de medios de comunicación y medios audiovisuales. Se trata de acciones relacionadas con el deporte de élite y la inserción laboral y otros sobre el empleo y emprendimiento. En uno de ellos, relacionado con la dana -como figura en la facturación-, los auditores indican: “No hemos obtenido ningún tipo de evidencia de en qué ha consistido el evento y qué acciones se han hecho para difundir la imagen de la Fundación”. Cuestionan también que se contrate por 13.000 euros a una empresa de comunicación que se encargue de la difusión internacional de un evento.
Complementos salariales cuestionados
Los auditores cuestionan una serie de complementos salariales del personal de la fundación pública. “El personal fijo de la Fundación ha consolidado como parte de su retribución básica conceptos salariales que han percibido de forma indebida y sin que les corresponda de acuerdo con el marco legal que fija su régimen retributivo, y que deberían ser objeto de reintegro”, cita el texto. En concreto, señala dos complementos salariales -de carrera profesional y de actividad-; el primero se incluye como salario base y del segundo no consta acuerdo de reconocimiento, y que los trienios que perciben se han calculado por encima de lo que marcan las tablas salariales del Ayuntamiento.
También se pone en entredicho la contratación de dos directivos y el subdirector de emprendimiento, ya cuestionado por los cinco contratos menores de patrocinio. Según afirman, la contratación del subdirector “se debería haber llevado a cabo mediante procedimientos que garantizaran la publicidad y la concurrencia, con el objeto de cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. “Adicionalmente, las retribuciones íntegras percibidas exceden en 1.215 euros a las consignadas en el contrato”, prosigue, y subraya que no se han tenido en cuenta directrices del sector público, como que “no se ha realizado, con carácter previo a la contratación de la subdirección, un informe del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Valencia sobre aquellas cuestiones que se consideren relevantes relativas al cumplimiento de las normas jurídicas aplicables al procedimiento de acceso”.