El presidente de Puertos del Estado visita el dique norte y se reúne con el 'lobby' portuario a espaldas del Ayuntamiento de València

El presidente de Puertos del Estado recientemente nombrado, Álvaro Rodríguez Dapena, visitó este miércoles por sorpresa el Puerto de València y se reunió con los directivos de la Autoridad Portuaria de València (APV), encabezados por su presidente, Aurelio Martínez, y con representantes de la comunidad portuaria, algunos con intereses en la polémica ampliación norte, con los que profundizó sobre los retos y oportunidades de Valenciaport en los próximos años en áreas como las infraestructuras, el medio ambiente, la transformación digital o la relación ciudad-puerto, entre otros.

La visita de Rodríguez Dapena causó sorpresa entre autoridades políticas y entre la prensa en general, puesto que no se convocó a los medios en un momento crucial de la tramitación de la futura terminal que en estos momentos el organismo estatal debe evaluar y validar.

Además, entre las autoridades hubo distinciones. Por ejemplo, sí que se invitó a la visita al conseller de Política Territorial, el socialista Arcadi España. Aunque no pudo asistir por cuestiones de agenda, pero no así a la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, de Compromís. Tampoco se comunicó la visita al alcalde de la ciudad en la que se encuentra el recinto portuario, Joan Ribó, también de Compromís.

El ninguneo de la APV y de Puertos del Estado hacia los estamentos críticos con la ampliación del Puerto de València es una constante. Sin ir más lejos, como informó recientemente elDiario.es, la conselleria Mollà solicitó por carta a Puertos del Estado el proyecto de los nuevos muelles de la ampliación para analizar posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La respuesta firmada por el propio Rodríguez Dapena habla por sí sola: “Lamento que no sea posible atender a su solicitud, toda vez que la competencia para la evaluación ambiental de proyectos de titularidad estatal corresponde exclusivamente al Estado, concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.

El presidente de Puertos del Estado viene a pedir a Mollà que espere a que el proyecto se apruebe en el seno del consejo de administración de la APV, donde el Gobierno valenciano cuenta con dos representantes: “Se encuentra en elaboración un informe de Puertos del Estado sobre un proyecto constructivo en curso cuyo órgano promotor es la Autoridad Portuaria de Valencia, a quien le corresponde tanto su redacción como su aprobación. Desde dicha Autoridad Portuaria se nos indica que, una vez acordada la aprobación técnica del proyecto, será remitido a su Consejo de Administración, del que forman parte representantes de la Generalitat Valenciana, que podrán tomar conocimiento del mismo”.

En su visita al Puerto de València, el presidente de Puertos del Estado visitó las instalaciones del recinto portuario donde constató alguno de los proyectos estratégicos para el Puerto de València, entre ellos el dique norte construido entre 2008 y 2012 en la primera fase de la ampliación.

En cuanto a la reunión con miembros de la comunidad portuaria y logística que opera en el Puerto de València, estuvieron presentes: Francesc Sánchez, director general de la APV; Néstor Martínez, adjunto a la dirección de la APV; Sven Valentin de Terminal MSC Valencia; Elías García de Cosco Valencia Terminal; Carlos Arias de APM Terminal; Antonio Crespo de Valencia Terminal Europa; Vicente Boluda, presidente de Asociación Naviera Valenciana (ANV); Ignacio Ballester, presidente de Consignatarios de la ANV; Gustavo Ferrer, presidente de Estibadores de la ANV; y los representantes de la nueva terminal de pasajeros, Adolfo Utor (Baleària) y de la nueva terminal norte de contenedores, Francisco Lorente (MSC España).

Tanto Boluda, como Utor y Valentin tienen intereses en la ampliación. El último forma parte de la compañía a cuya filial (TIL) se ha seleccionado como futura adjudicataria de la concesión para construir y gestionar la futura terminal norte (fue la única empresa que se presentó al concurso).

Por su parte, Baleària, la empresa de Utor, ha sido adjudicataria de la nueva terminal de cruceros que se construirá en los astilleros de Unión Naval, propiedad de Boluda, quien además forma parte del consejo de administración de la APV.

Para hacer efectivo el traslado de la terminal de cruceros de su actual ubicación en el dique norte a las instalaciones de la Unión Naval, la APV aprobó el rescate de la concesión otorgada en su día al naviero, para lo que se le compensó con una nueva concesión para la construcción de un edificio de oficinas, una maniobra que investigan el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.

La propia APV se vió obligada a dejar sin efecto la permuta de concesiones tras sendos informes desfavorables de la Intervención y de la Abogacía del Estado, al considerar que no procedía una compensación por el rescate de la primera (la de Unión Naval), una cuestión que se dirirmirá en los juzgados.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contra la resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.

Un informe de compatibilidad con las estrategias marinas

Dapena acudió también a un desayuno informativo organizado por Diario del Puerto. Preguntado por el estado actual y los plazos de la adjudicación, comentó que prevé que el informe vinculante que el organismo ha de elaborar sobre la Terminal Norte del Puerto de Valencia esté listo a finales de enero o, si se detectara algún “problema técnico especial”, en febrero. Asimismo, defendió la conveniencia de desarrollar este tipo de infraestructuras para dar respuesta a una demanda existente y ayudar al tejido productivo “cumpliendo, por supuesto, con todos los estándares ambientales”.

En cuanto a la parte pública, manifestó que es un expediente constructivo que se ejecutará en su día una vez aprobado ese proyecto. En este caso, en noviembre se remitió a Puertos del Estado el proyecto y ahora se está trabajando en el correspondiente informe vinculante. “Probablemente, a final de enero, o si hay algún problema técnico especial en febrero, lo tengamos hecho para elevarlo al Consejo de Administración para que se apruebe por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia el proyecto constructivo”, dijo.

En cuanto a la parte privada, el expediente arrancó con el concurso de concesión demanial --ganado por MSC-- que está pendiente de un acto de otorgamiento que tiene que producirse en Consejo de Administración y “el 'timing' es que espere a la aprobación del proyecto constructivo”.

“Entre medias, ese proyecto constructivo requiere de un informe de compatibilidad con las estrategias marinas, una tramitación que se hace con el Ministerio de Transición Ecológica”, comentó Dapena, que señaló que “a lo largo de este año se podrían ir resolviendo todos estos temas”.