Primero Aitor Esteban; después, el lehendakari Urkullu

“Si la disyuntiva es Feijóo o amnistía, amnistía”, dijo Aitor Esteban. Este fue, en mi opinión, el momento más determinante de toda la sesión de investidura. El camino hacia la amnistía quedaba definitivamente despejado. Las derechas españolas, que son minoritarias en el Congreso de los Diputados desde las elecciones de diciembre de 2015, pero que consiguieron mantenerse en el Gobierno entre julio de 2016 y julio de 2018, como consecuencia del cordón sanitario que consiguieron imponer al nacionalismo catalán, dejaron el Gobierno como consecuencia de la “moción de censura” de julio de 2018. Y continúan sin poder volver a él, porque no han sido capaces de volver a tener mayoría parlamentaria que lo haga posible. A Núñez Feijóo le ha costado entenderlo, pero el resultado de la sesión de investidura ha sido inapelable. 

Esto no es una anomalía, como pretende hacer creer el candidato popular. Es todo lo contrario. La única anomalía constitucional que ha habido desde la entrada en vigor de la Constitución ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Ha sido el único Gobierno desde la entrada en vigor de la Constitución que contó con “mayoría de investidura” pero no con “mayoría de gobierno”, ya que la investidura se produjo gracias a la abstención del PSOE. Esto no había ocurrido nunca antes, ni ha vuelto a ocurrir después. Por eso, la legislatura de 2016 ha sido la más “raquítica”, desde la perspectiva del ejercicio de las “funciones parlamentarias”, potestad legislativa, potestad presupuestaria y potestad de control de la acción de Gobierno (art. 66. 2 de la Constitución) de toda nuestra historia constitucional democrática. No ha habido ninguna legislatura en la que se hayan aprobado menos leyes, menos presupuestos y, como consecuencia de ambas cosas, en la que la función de control gubernamental haya tenido menos consistencia por falta de materia sobre la que poder ejercerse. El control gubernamental es tributario del ejercicio de la potestad legislativa y de la potestad presupuestaria. Si no se aprueban leyes ni presupuestos, no hay sobre qué realmente ejercer un control. Hay sesiones de control, pero no control propiamente dicho. Esto es, justamente, lo que ocurrió en los dos últimos años de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Mariano Rajoy hizo la oposición a la oposición recurriendo a la argucia de la “disminución de ingresos o aumento de gastos” para torpedear todas las iniciativas legislativas de los partidos de la oposición que contaban con mayoría en el Congreso de los Diputados. No ha habido otra anomalía constitucional como esa desde la primera legislatura constitucional de 1979 hasta hoy. 

Lo que sí está ocurriendo desde 2015 es que la formación de Gobierno exige la negociación entre múltiples fuerzas políticas, independientemente del número de las mismas que entren o no a formar parte de él. Una vez que las derechas españolas han dejado de tener mayoría en el Congreso de los Diputados, hemos tenido un Gobierno monocolor de Pedro Sánchez después de la moción de censura de julio de 2018 y un Gobierno de coalición del PSOE con Unidas-Podemos a partir de 2019. Pero tanto uno como el otro han sido posibles por el apoyo de prácticamente todos los partidos que no estuvieran a la derecha en el arco parlamentario. La coalición “de facto” que aprobó la moción de censura en julio de 2018 se ha mantenido y se sigue manteniendo, de alguna manera, hasta hoy. 

Negativamente, sin ninguna duda. De ahí el rechazo a la investidura de Núñez Feijóo. Positivamente, está por ver. Si Pedro Sánchez consigue ser investido presidente, se habrá despejado la incógnita. Veremos qué gobierno se configura. Pero sea cual sea, está claro que tendrá que contar con el apoyo de todos los partidos políticos que no sean de derecha y de manera indefinida.

Eso es lo que significaba la apuesta por la amnistía frente a Feijóo, que resumió de forma insuperable Aitor Esteban. Apuesta que ha sido ratificada por el lehendakari Urkullu en la mañana de este pasado lunes en el programa Hoy por Hoy de la SER. Independientemente de los partidos que formen jurídicamente el Gobierno de coalición, políticamente el Gobierno tiene que ser de todos y durante todo el tiempo. Tal como está el patio político, no se puede hacer descansar el Gobierno en la “abstención” de nadie. No es necesario solamente el concurso de Junts, sino el de todos. 

De ahí que haya que empezar con la amnistía. Y con el orgullo de que se va a hacer frente al problema constitucional más importante con el que ha tenido que enfrentarse la democracia española desde su primera expresión genuina en 1931 hasta hoy. “No sé si será fácil o difícil”, dijo Manuel Azaña en el debate parlamentario de 1932, “pero sí sé que la democracia española tiene que resolverlo”. Esto, exactamente, es lo que tienen que hacer las Cortes nacidas de las elecciones del 23 de julio. Y ello exige la participación de todas las fuerzas políticas durante toda la legislatura. Porque de nada servirá aprobar la amnistía, si la legislatura no tiene continuidad tras dicha aprobación. 

La necesidad de la amnistía la expresó Aitor Esteban en la sesión de investidura de manera insuperable. La participación de todos durante toda la legislatura la ha expresado el hehendakari Urkullu de la misma manera. Lo que está en juego es tan importante y tan difícil que exige el compromiso inequívoco de todos y el descarte de la abstención, aunque fuera posible, siquiera como posibilidad.