La amnistía y Puigdemont

Hace unos días, tomando como punto de partida un artículo de Tomás de la Quadra en El País, escribí que el problema no era la amnistía, sino Puigdemont. La aprobación de una amnistía “material” a través de la extensión de los indultos a los políticos y funcionarios nacionalistas implicados en el procés sería recibida con naturalidad por la mayoría de la sociedad española. Lo que no resulta aceptable es que Carles Puigdemont sea amnistiado. Estoy convencido de que, si se hiciera una encuesta en la que se preguntara a los ciudadanos por la adopción de una medida de gracia para los implicados en el procés con la exclusión de Puigdemont, el resultado sería completamente distinto que el que tendría la medida de gracia que incluyera a Puigdemont. 

Hoy pretendo examinar la relación entre la amnistía y Puigdemont desde una perspectiva distinta, que entiendo que es la que tiene más peso en la percepción que tiene de la amnistía el propio expresident de la Generalitat.

Es obvio que, cuando Carles Puigdemont decidió atravesar la frontera y situar su residencia en Bélgica, lo hizo porque se maliciaba que la persecución penal que se iba a poner en marcha iba a ser terrible. También lo es que no podía desconocer que, con esa decisión, agravaba la situación de los demás miembros del Govern y de la Mesa del Parlament que se quedaban en España. Y no era obvio, pero sí previsible, que la persecución penal se extendiera a un número importante de políticos y funcionarios que, de alguna manera, se hubieran visto implicados en el recorrido del procés, como ha acabado ocurriendo. La decisión de salir de España no tenía consecuencias solamente para él, sino para muchos más.

A lo largo de estos seis años los procesamientos y condenas que se han ido produciendo tienen que haberse convertido en una tortura permanente para Carles Puigdemont. ¿Cómo no hacerte responsable de dichos procesamientos y condenas y cómo sobrellevar, desde fuera, el dolor y la angustia de todas esas personas, sus familias y amigos que no tuvieron siquiera la posibilidad de hacer lo que él pudo hacer? ¿Y que no le han recriminado que hiciera lo que hizo y que posiblemente le han continuado dando su voto en todas las elecciones desde las de diciembre de 2017? Esa fidelidad en circunstancias tan extraordinariamente adversas es la que ha hecho posible que en las elecciones del pasado 23J el “partido de Puigdemont” se haya convertido en indispensable para la investidura del presidente del Gobierno.

Por esto es por lo que he considerado que Carles Puigdemont apoyaría con seguridad la investidura. La amnistía para quienes le han estado apoyando con un enorme coste personal y familiar no era una opción, sino una obligación moral. Tengo la impresión de que es el último acto de su trayectoria política. Carles Puigdemont en su fuero interno sabe que ya no está en condiciones de hacer política y que lo mejor que puede hacer, tras haberse quitado el peso de los procesamientos, condenas y multas de sus seguidores, es abandonar la escena política. 

Es lo que habría ocurrido si hubiera tenido la posibilidad de convocar las elecciones de diciembre de 2017. Pero la aplicación del 155 de la forma en que se hizo se lo impidió. Para Carles Puigdemont ser el gestor de la autonomía de Catalunya no ha tenido, posiblemente nunca, mucho interés. Si aceptó ser president de la Generalitat fue porque pensaba que había un recorrido hacia la independencia más allá de la autonomía prevista en la Constitución. Pero ahora, tras saber dónde están los límites de dicha gestión de la autonomía, mucho menos.