Estado de alarma y derecho al disparate

El derecho al disparate es un derecho fundamental, que no figura en tales términos en ninguna Constitución, pero que no deja de estar presente en todas las constituciones dignas de tal nombre. Descansa en la evidencia empírica de que es menor el coste de permitir que se digan disparates, al que supondría para la sociedad privarse de todas las opiniones que quedarían silenciadas, si alguien tuviera autoridad de calificarlas como disparatadas.

Ahora bien, un disparate no deja de ser un disparate porque se tenga derecho a decirlo. Antonio Maestre, en “La otra peste”, incluía una variada relación de disparates proferidos en estas últimas semanas y estoy seguro de que los lectores podrían ampliar dicha relación de manera considerable, si se ponen a ello.

En una situación de emergencia como en la que nos encontramos, el ejercicio del derecho al disparate comporta más riesgos para la convivencia por razones obvias, pero dicho ejercicio no puede ser suspendido. El derecho al disparate no figura en la Constitución entre los derechos susceptibles de ser suspendidos. En ningún caso. En consecuencia, por mucho que complique el “disparate vírico” la lucha contra el coronavirus real, no podemos hacer nada para evitarlo. Tenemos que aprender a convivir con él e intentar fortalecer nuestro sistema inmunológico para hacerle frente.

Esta es una de las dificultades adicionales con las que tiene que contar el Gobierno en primer lugar, pero todos los ciudadanos a continuación. La pandemia es la que es y para hacer frente a la misma es para lo que se ha declarado el estado de alarma y se ha concentrado el poder en la forma constitucionalmente prevista y legalmente desarrollada en la “autoridad competente”. Ello está permitiendo al Gobierno hacer muchas cosas para proteger a los ciudadanos que no podría hacer sin dicha declaración, pero lo que no puede es impedir que se transmita información que tergiversa la acción gubernamental y la presenta como algo distinto a lo que realmente es. Moralmente es repugnante, pero jurídicamente no es controlable.

El Gobierno puede ocuparse de lo que está ocurriendo en las residencias de mayores, a pesar de que son competencia de las Comunidades Autónomas, y puede enviar a la Unidad Militar de Emergencia para que proceda a la desinfección de las mismas con las máximas garantías posibles, pero lo que no puede evitar es que Pablo Casado deslice la sospecha de que solo se pone el foco en las residencias radicadas en aquellas comunidades con gobiernos del PP.

El Gobierno puede informar de que, dada la situación de saturación de los hospitales de la Comunidad de Madrid, se ha decidido abrir en IFEMA el mayor hospital de campaña. Pero no puede impedir que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, diga a continuación que el presidente del Gobierno está “señalando como apestada” a dicha Comunidad.

Transmitir a los ciudadanos la sospecha de “parcialidad territorial” por parte del Gobierno de la Nación a la hora de hacer frente a la pandemia es un disparate, pero no hay forma de impedirlo.

El Gobierno hace bien en no entrar al trapo y enzarzarse en una pelea en terreno enfangado, pero los medios de comunicación sí deberían tomar cartas en el asunto. El Washington Post lleva contabilizando una a una todas las mentiras de Donald Trump desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Algo parecido debería hacerse respecto de los disparates que se están haciendo correr desde que entró en vigor el Decreto de declaración del estado de alarma. Jurídicamente no se puede hacer nada contra quienes ejercen el derecho al disparate, pero no se debería dejar de recordarles que se toma nota de dicho ejercicio y de poner a disposición de los ciudadanos un lugar al que pudieran acudir para encontrar la relación de disparates sobre la pandemia.