La ensoñación del referéndum pactado

El referéndum para decidir si Escocia debería ser un país independiente tuvo lugar el 18 de septiembre de 2014. Fue convocado a raíz de un acuerdo político entre el gobierno de la región británica de Escocia y el del Reino Unido, por el que se establecieron las bases para un referéndum sobre la independencia escocesa. La decisión fue aprobada por el Parlamento de Escocia en noviembre de 2013.

El origen de la convocatoria está en el resultado de las elecciones al Parlamento de Escocia de 2011. En ellas, el Partido Nacional Escocés alcanzó una mayoría absoluta de 53 escaños de los 73 que componen el Parlamento. Y la alcanzó con un programa electoral, en el que prometió a los ciudadanos la celebración de un referéndum de independencia si alcanzaba dicha mayoría.

Legalmente, la convocatoria de esta consulta solo podía hacerse desde Londres, pero el Gobierno presidido por David Cameron aceptó ceder provisionalmente esa competencia mediante el denominado Acuerdo de Edimburgo de 2012. “Siempre quise demostrar mi respeto a los escoceses. Votaron a un partido que quiere un referéndum y yo lo he hecho posible garantizando que sea decisivo, legal y justo”, con estas palabras justificó el primer ministro británico el pacto para la celebración del referéndum.

En Catalunya no se ha producido hasta la fecha un resultado en unas elecciones autonómicas que justifique un acuerdo similar al alcanzado en Edimburgo en 2012. Ningún partido nacionalista catalán ha conseguido una mayoría absoluta con base en un programa que incluyera un referéndum de independencia.

La única ocasión en que se podría haber producido una cierta aproximación a este resultado fue en las elecciones autonómicas de 2012. En las elecciones de 2010 CiU, con Artur Mas como candidato, no llegó a la mayoría absoluta, pero sí alcanzó un gran resultado con 62 escaños. En 2012, en la estela de una Diada verdaderamente extraordinaria, Mas convocó unas elecciones anticipadas con la esperanza de alcanzar mayoría absoluta.

El resultado no fue el esperado. CiU bajó de 62 a 50 escaños, dependiendo para la investidura de ERC, que obtuvo 21. En las siguientes elecciones, celebradas tras la “consulta participativa” del 9 de noviembre de 2014, la candidatura conjunta de CiU y ERC bajó de los 71 escaños de 2012 a los 62 que CiU había alcanzado en solitario en 2010. A partir de ese momento ya no se pudo investir president de la Generalitat sin el concurso de la CUP. Como consecuencia de ello, Mas no fue investido president y en su lugar entraría Carles Puigdemont.

El coste para el nacionalismo catalán sería enorme. No podremos saber nunca qué hubiera pasado si Mas hubiera continuado siendo president de la Generalitat, pero lo que sí sabemos es que el veto de la CUP facilitó el procesamiento y condena de Mas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la celebración de la consulta del 9-N. La sentencia sería ratificada por el Tribunal Supremo. Mi impresión es que un Mas president no hubiera sido procesado. El veto de la CUP fue el que realmente condenó a Artur Mas.

En cualquier caso, lo que me interesa subrayar es que, desde que se produjo el salto de la autonomía a la independencia, no se ha producido un proceso de convergencia entre los diferentes partidos nacionalistas, sino todo lo contrario. La base social catalanista permanece, pero no es capaz de hacer una síntesis política unitaria de sí misma, que le permita liderar con garantías una operación tan sumamente difícil como es un proceso de independencia.

Catalunya lleva una década sin Gobierno. Institucionalmente cuenta con un president de la Generalitat y con un Consejo de Gobierno, pero políticamente, ninguno de ambos órganos desempeña la tarea de “dirección política” de la nación catalana que cabe esperar de ellos.

Lo estamos comprobando estos días. La ejecutoria de Pere Aragonés es el intento más serio de dirección política de la última década, pero con la composición del Parlament dicha ejecutoria no puede tener continuidad. La celebración de las elecciones municipales en mayo de 2023 y de las generales en diciembre lo van a certificar de manera indiscutible.

En estas circunstancias pensar en la celebración de un referéndum de independencia es una ensoñación.