Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad.
Tres escenarios diferentes
En los artículos 1 y 2, el constituyente hizo una especie de síntesis de la Constitución. Todos los demás artículos, así como las disposiciones adicionales y transitorias, vienen a ser una suerte de desarrollo de las decisiones político-constitucionales contenidas en ambos artículos. España es un Estado social y democrático de derecho que “reconoce” el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” que la integran. Estado Social, Democrático y Autonómico. Esto es lo que el constituyente pactó en 1978.
La crisis desatada por la COVID-19 pienso que es un buen momento para reflexionar acerca de cómo ha impactado dicha crisis en cada uno de esos componentes: social, democrático y autonómico de nuestra fórmula de gobierno. Es bien sabido que las constituciones se fortalecen o debilitan en los momentos de crisis por los que inevitablemente tienen que pasar. ¿Qué valoración se podría hacer provisionalmente del impacto de la crisis de la COVID-19 en nuestra Constitución?
En mi interpretación, desde que se inició el confinamiento, del que ahora mismo estamos saliendo, es decir, desde el momento en que la crisis estalló con toda intensidad, se han superpuesto tres escenarios diferentes en la respuesta a la misma.
En lo que al escenario social se refiere, la Constitución ha reaccionado de manera más que satisfactoria. Con un consenso social amplísimo, alcanzado a través de la negociación entre los agentes sociales y los poderes públicos, se han arbitrado medidas de protección del conjunto de la población, que han evitado una catástrofe humanitaria que hubiera sido de proporciones gigantescas. El carácter del estado social de derecho definido en la Constitución se ha visto reafirmado de manera inequívoca con carácter general. Queda por diseñar la reconstrucción y, por tanto, queda todavía lo más difícil por hacer, pero la respuesta inicial ha sido prometedora.
En lo que al escenario autonómico se refiere, la respuesta ha sido mejor incluso de la que cabía esperar, sobre todo si tomamos en consideración que veníamos de una crisis territorial en Catalunya de dimensión más que notable, que había exigido incluso la activación del artículo 155 de la Constitución, con las consecuencias por todos conocidas. La estructura territorial del Estado con la que entramos en la crisis de la COVID-19 estaba muy tocada y podíamos albergar muchas dudas acerca de si resistiría ante una emergencia de dimensión tan extraordinaria.
Y sin embargo, ha resistido. Aunque es verdad que se han producido algunas quejas tanto por el nacionalismo catalán como por el vasco por algún “exceso de centralización” en la respuesta estatal, no lo es menos que las quejas han sido moderadas en su formulación y han ido siendo atendidas, al menos en parte, a medida que se avanzaba en la gestión del estado de alarma. La sucesión de conferencias del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas y del ministro de Sanidad con los consejeros han supuesto un avance práctico formidable en la conexión entre el principio de unidad política del Estado y el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones”, que es el núcleo esencial de la Constitución territorial.
La crisis de la COVID-19 ha venido a confirmar que el constituyente español acertó en la opción por la descentralización política, aunque la forma en que la constitucionalizó sea manifiestamente mejorable. Pero acertó en que el Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la democracia española. ¿Puede alguien imaginarse cómo se hubiera podido hacer frente a estas crisis sin la “corresponsabilidad” de las comunidades autónomas?
Hay que subrayar, además, que el instrumento de coordinación entre el Estado y las “nacionalidades y regiones”, la Conferencia de Presidentes, que no está siquiera contemplada en la Constitución, y de la que casi no se había hecho uso durante los cuarenta primeros años de democracia, se ha incorporado en estos meses a nuestra fórmula de gobierno de manera previsiblemente definitiva. La Constitución territorial española no solamente ha resistido, sino que se ha enriquecido con el impacto de esta crisis. Quedan por resolver problemas de diseño constitucional muy importantes, pero en este terreno hemos salido mejor de lo que entramos.
No cabe decir lo mismo en lo que al escenario democrático se refiere. Si las relaciones entre los agentes sociales y los poderes públicos y entre los presidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas se han desarrollado de una manera aceptable, las relaciones entre los distintos partidos con representación parlamentaria han dejado mucho que desear.
El debate en el Congreso de los Diputados de manera permanente y en el Senado de forma ocasional ha sido un ejemplo de lo que no debe ser un debate parlamentario democrático. Ambas Cámaras no han sido “parlamentos”, sino “reñideros”, en los que el insulto y la descalificación han prevalecido sobre la argumentación razonada. Mientras que los ciudadanos han soportado el confinamiento con mucha dignidad, mientras empresarios y sindicalistas han dialogado educadamente y han alcanzado acuerdos, mientras el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad se han relacionado con los presidentes y los consejeros de las comunidades de manera fluida y con voluntad de compartir un diagnóstico y de llegar a acuerdos, nada de eso ha sido posible en las Cortes Generales.
Es verdad que, al final, el Congreso de los Diputados ha acabado aprobando todas las medidas que se tenían que aprobar y que, si nos quedáramos con el resultado de las votaciones exclusivamente, habría que concluir que el escenario democrático también ha funcionado de manera aceptable. Pero nos estaríamos engañando a nosotros mismos con esa conclusión. El contraste entre la conducta de los ciudadanos, de los agentes sociales y de los titulares de los órganos ejecutivos del Estado y de las comunidades autónomas y la conducta de los parlamentarios en los plenos de ambas cámaras no ha podido ser más llamativo.
El balance general, en todo caso, puede considerarse positivo. Se trata obviamente de un balance provisional. Lo más difícil queda todavía por delante. Pero, tras lo vivido en estos últimos tres meses, haber llegado al comienzo del verano como hemos llegado supone un alivio. No mucho más que un alivio, pero un alivio.
Como dejó dicho José Luis Cuerda en el título de una de sus películas más memorables, “Amanece, que no es poco”.
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