Golpe de Estado institucional

El 6 de septiembre Tomás de la Quadra publicó en El País un artículo con el título “Las palabras y las cosas”, en el que sostenía la tesis de que “la alteración por el PP del normal funcionamiento de uno de los poderes estatales a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado institucional”.

Casi tres meses después de su publicación, la tesis ha estado siendo confirmada por la conducta de la dirección del PP. La esperanza de que Alberto Núñez Feijóo tuviera un comportamiento distinto al de Pablo Casado se ha desvanecido rápidamente. Por la información que se va recibiendo por los distintos medios de comunicación, se ha dado por descartada la renovación del CGPJ en esta legislatura.

Pero no es solamente la tesis relativa al bloqueo del CGPJ la que se ha visto confirmada, sino que dicha tesis tiene que hacerse extensiva a la renovación del Tribunal Constitucional. Los ocho miembros del CGPJ designados por el PP en 2013 se resisten a designar los dos magistrados que les corresponde, pretendiendo de esta manera, con la colaboración según parece del actual presidente del TC designado por Mariano Rajoy, que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no pueda hacerlo tampoco. 

El bloqueo del CGPJ sería el instrumento para bloquear la renovación del TC. El 13 de septiembre era la fecha en que los miembros del CGPJ en funciones tenían que haber designado los dos magistrados que le correspondían. Ya llevan un retraso de más de dos meses y medio y, aunque se ha fijado la fecha del 22 de diciembre para una posible decisión, nada indica que tal día vaya a producirse. 

En la Constitución se prevé que el TC se renueve por tercios cada cuatro años. Un tercio corresponde a los designados por el Congreso de los Diputados, otro tercio a los designados por el Senado y un tercio a los designados por el Gobierno y por el CGPJ. 

Pero la Constitución también dice que el nombramiento es por nueve años y no hace depender en ningún momento el nombramiento de los dos magistrados por parte del Gobierno de la designación de los otros dos por el CGPJ. Interpretar la Constitución en el sentido de hacer prevalecer la voluntad del órgano que incumple la Constitución sobre la voluntad del órgano que la cumple es completamente absurdo. 

Se trata, sin embargo, de la interpretación que se pretende imponer por parte del PP y de todas sus terminales mediáticas e incluso académicas. 

No entendí en su momento que se aceptara la oferta de Pablo Casado de renovar parcialmente los magistrados del TC, el Defensor del Pueblo y los ministros de Tribunal de Cuentas, dejando para más adelante la renovación del CGPJ, a pesar de que el mandato de los miembros de este último había caducado mucho antes. Era una oferta con trampa, ya que la no renovación del CGPJ era lo único que al PP le interesaba. Pensando, además, que en esta misma legislatura se tendría que renovar parcialmente el TC y que, en ese momento, podría hacer uso del CGPJ en funciones para intentar impedir la renovación del TC, como está ocurriendo.

Tampoco entendí que el Gobierno no designara el 13 de julio los dos magistrados del TC que le corresponden, ya que el 12 de dicho mes se agotó el mandato de los dos magistrados designados por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

En cualquier caso, pienso que el Gobierno, aunque con retraso, ha hecho bien en no esperar más y haya designado los dos magistrados que le corresponden. Ahora veremos cómo reacciona el presidente del Tribunal Constitucional. Espero que el Gobierno haya contemplado todos los posibles escenarios y ponga en marcha todos los instrumentos de los que dispone.

La no renovación del CGPJ ha supuesto una crisis constitucional importante. La no renovación del TC lo sería todavía más. El CGPJ no puede dar un golpe de Estado. El TC sí puede.

El 19 de enero me preguntaba en una entrada de este mismo blog: “¿Será posible renovar alguna vez el CGPJ?” No puedo ni imaginar lo que puede ocurrir si no se renueva tampoco el TC. Entraríamos en una crisis constitucional para la que no tenemos salida en términos constitucionales.