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¿Es el momento de cortar cabezas?

La secretaria de Estado y directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en 2020

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Sabemos con seguridad que el teléfono de Angela Merkel durante los años en que fue canciller de Alemania estuvo intervenido, al menos por los Estados Unidos. Que yo recuerde a nadie se le ocurrió pedir que rodaran cabezas en el Gobierno o en los servicios de inteligencia del país. Y todavía no existía el programa Pegasus, ni habíamos oído hablar de Cambridge Analytica y otras herramientas por el estilo.

Por lo que yo he leído, no creo que haya ningún Gobierno europeo que pueda dar garantías a su población de que no se va a poder hacer uso en su país de herramientas como las que incorpora el programa Pegasus. Mientras la empresa israelí que lo fabrica pueda venderlo y no haya ningún control sobre la forma y las condiciones en las que puede ser adquirido y utilizado, el programa se seguirá produciendo y seguirá siendo adquirido. Y seguirá siendo utilizado con los resultados que ya conocemos. Nadie, independientemente del lugar que ocupe en la arquitectura del Estado, puede impedirlo. Exigir, en consecuencia, que rueden cabezas no conduce a ningún sitio. ¿Garantizaría una cabeza cortada que no se podría volver a hacer uso de ese mismo programa o de otro similar?

La Comisión Europea acaba de decir que el espionaje que posibilita un programa como Pegasus resulta inaceptable, pero ha decidido, con buen criterio en mi opinión, que no es ella la encargada de hacer la investigación pertinente sobre el mismo. Una cosa es que la Unión Europea debería plantearse cómo se debe dar respuesta a escala europea al problema que la existencia de un programa como Pegasus plantea y otra distinta es que la Comisión Europea pueda dar ahora mismo esa respuesta.

La búsqueda de dicha respuesta es obvio que tiene que plantearse en el marco de la Unión Europea, que es el club de Estados con un nivel de exigencia democrática más alta del mundo conocido hasta la fecha. No hay organización con la legitimidad democrática que ella tiene para ocuparse de un problema de esta naturaleza. Pero ese proceso lleva su tiempo y tiene que avanzar de la forma en que avanzan estos asuntos en la Unión.

Pegasus o cualquier programa similar es incompatible con la democracia como forma política. Es imposible garantizar el ejercicio de los derechos constitutivos de la personalidad frente al uso de dicho programa. Y sin los derechos constitutivos de la personalidad hablar de democracia es absurdo. A partir de esta premisa habría que diseñar la respuesta jurídica y exigir que cada Estado miembro la haga suya.

Obviamente, nada impide a cualquier Estado miembro no esperar a que llegue la respuesta de la Unión Europea. Cualquier Estado miembro puede tipificar como delito desde ya la posesión y el uso del programa Pegasus. En lugar de empezar exigiendo que se corten cabezas, como se está haciendo en España ¿por qué no se exige que el Gobierno presente un proyecto de ley en el que se tipifique como delito la posesión y el uso del programa Pegasus? ¿O por qué no se promueve un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios para que se apruebe una ley por el procedimiento de urgencia con dicho contenido?

Tal como está el patio político en nuestro país, me temo que son los que están exigiendo que se corten cabezas los que pueden ver amenazadas las suyas. 

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