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Monarquía y democracia: la muerte de Diana de Gales e Isabel II

Tributo a la princesa Diana de gales en las inmediaciones del palacio de Kensington en Londres, en agosto de 1997. 1997.EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

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La muerte de Diana de Gales anticipó la singular relación entre la institución monárquica y la democracia, cuya consistencia se va a poner a prueba tras la muerte de Isabel II. Carlos III será el portador de dicha singular relación de cuya ejecutoria dependerá la suerte de la monarquía. De la de Inglaterra y de la de todas las demás.

La muerte de Diana de Gales de una manera y la de Isabel II de otra completamente distinta nos vienen a recordar la anomalía democrática de la institución monárquica. Anomalía que resulta insuprimible, porque la monarquía choca frontalmente con los dos principios básicos sobre los que descansa la democracia como forma política: el principio de igualdad y el carácter representativo de todo poder político.

Por eso, la democracia es una forma de organización política formalmente igualitaria y representativa. Y por eso también la institución monárquica es cuña de otra madera. La democracia es un proyecto de ordenación racional del poder, tanto en su origen como en su ejercicio, y en dicho proyecto no tiene cabida una magistratura de tipo hereditario. La herencia es una institución coherente con la propiedad privada, pero no con el poder del Estado, que es una forma política que se caracteriza esencialmente por la separación del poder político de la propiedad. El poder político no puede ser de nadie, sino que tiene que ser de todos. De ahí la exigencia del sufragio universal. Esto es lo que diferencia a la democracia de todas las demás formas de organización del poder conocidas en la historia de la humanidad.

En democracia, la monarquía es injustificable en términos racionales. Donde todavía se mantiene su justificación es por razones exclusivamente históricas. Es una consecuencia del peso de la institución monárquica en el proceso de formación del Estado nacional en el continente europeo. Por eso, a pesar de que la Revolución Francesa y los procesos subsiguientes a través de los cuales se puso fin al Antiguo Régimen en Europa fueron antimonárquicos en los principios no lo fueron institucionalmente. En la Europa de finales del siglo XVIII y de casi todo el siglo XIX, una forma política no monárquica resultaba inimaginable. Los siglos de monarquía absoluta pesaban demasiado todavía.

Esta contradicción de principios e institucional ha marcado desde entonces la evolución de todas las monarquías europeas sin excepción, resolviéndose siempre la misma en caso de conflicto a favor del principio democrático y en contra de la institución monárquica. Al menos desde una doble perspectiva.

En primer lugar, aquellas monarquías que no supieron adaptarse institucionalmente a los nuevos principios del Estado Constitucional, es decir, las que no supieron convertirse a lo largo del siglo XIX en monarquías parlamentarias y en las que el Rey continuó siendo un poder real y efectivo del Estado, resultaron incompatibles con la propia existencia del Estado Constitucional en el tránsito del liberalismo a la democracia en los primeros decenios del siglo XX. Serían, en consecuencia, barridas por la historia. Es el caso de las monarquías autoritarias centroeuropeas, alemana y austrohúngara, de la rusa, la portuguesa, la italiana y la española, aunque esta última, a diferencia de las demás, podría resistir como consecuencia de la rebelión militar dirigida por el General Franco y la Guerra Civil.

En segundo lugar, las monarquías que supieron adaptarse institucionalmente al Estado Constitucional a lo largo del siglo XIX y consiguieron de esta manera sobrevivir a la marea democrática posterior a la Primera Guerra Mundial, han experimentado un proceso de democratización sui generis que las hace depender para su supervivencia cada vez menos de su carácter hereditario y, por tanto, de su legitimidad histórica, y más de su aceptación por la opinión pública.

La monarquía es, pues, una anomalía histórica que ha tenido que ser corregida por el Estado Constitucional, bien mediante su supresión pura y simple, bien mediante el sometimiento de la misma, de una manera singular por supuesto, a ese axioma del constitucionalismo democrático según el cual “todo poder procede del pueblo”. La monarquía, o ha dejado de existir, o allí donde todavía se mantiene se ha convertido en una institución enormemente dependiente de la opinión pública. Su legitimidad de origen no basta para continuar justificando su existencia en nuestros días, sino que necesita también una legitimidad de ejercicio, que solo puede obtener de su sintonía con la opinión pública.

Esta evolución de las relaciones entre la monarquía y la democracia es la que exteriorizó dramáticamente la muerte de Diana de Gales. Desde una perspectiva político-constitucional fue y sigue siendo, con mucha diferencia, lo más significativo de aquél trágico accidente. Aquello que más afectó al diseño institucional del Reino Unido.

El impacto de la muerte de Diana de Gales fue la prueba más visible del cambio que se ha producido en la justificación de la institución monárquica en el Estado democrático de nuestros días. La muerte de Isabel II lo vuelve a subrayar con mucha mayor intensidad.

Lo que ambas muertes, cada una a su manera, vienen a poner de manifiesto es que una institución cuya utilidad política residía, inicialmente, en su carácter hereditario, esto es, en el hecho de estar garantizada la jefatura del Estado por un orden de sucesión perfectamente definido y la primera magistratura del país quedaba a cubierto de los vaivenes de la opinión pública, convirtiéndose de esta manera en símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Ha pasado a necesitar una justificación completamente distinta. Distinta y no opuesta, pero siempre que la legitimidad histórica se subordine a la legitimación democrática. Si esto no ocurre, la distinción se convierte en contraposición y la institución monárquica no puede sobrevivir.

Dicho de otra manera: justamente porque la monarquía es una magistratura hereditaria, porque el monarca no puede ser desalojado de la jefatura del Estado cada cuatro años, es por lo que la exigencia de su aceptación cotidiana por la opinión pública se acentúa todavía más que respecto de las magistraturas elegidas (aunque de forma distinta, por supuesto). El elemento personal, el factor humano, que es del que se pretendía hacer abstracción al instaurar la monarquía como forma de Estado y del que de hecho se ha venido haciendo abstracción en todos los Estados monárquicos, se ha convertido en un elemento de capital importancia en la monarquía desde los años finales del siglo pasado. 

Esto es lo que anticipó la muerte de Diana de Gales y lo que se plantea ahora con mucha más intensidad con la muerte de Isabel II. Este es el desafío al que tiene que enfrentarse el nuevo rey Carlos III, en el que confluyen el mensaje constitucional de la muerte de la que fue su esposa y de la que ha sido su madre. La monarquía, como la nación en la famosa definición de Renan, se ha convertido en una suerte de plebiscito permanente. La ejecutoria de Isabel II como reina ha sido el mejor ejemplo conocido hasta la fecha. 

Veremos si Carlos III está a la altura del desafío que le va a suponer la comparación con la ejecutoria de su madre. Desafío que afecta no solamente a la supervivencia de la monarquía británica, sino de la monarquía en general. No es verosímil que las demás monarquías europeas puedan sobrevivir a la desaparición de la británica.

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