Tribunal Constitucional: nuevo conflicto a la vista

José María Brunet informaba este lunes de que hay magistrados en el Tribunal Constitucional (TC) que se están preparando para torpedear la renovación de los que el próximo 12 de junio cumplen los 9 años para los que fueron designados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dos de ellos, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez fueron designados por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Los otros dos, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares fueron designados por el CGPJ.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez puede sustituir a González Trevijano y Narváez, dado que el 12 es domingo, desde el día 13. El CGPJ “en funciones” no puede, por el contrario, hacerlo, ya que la LOPJ fue reformada con la finalidad de que un órgano “en funciones” desde hace ya más de tres años no pueda proceder a nombrar a los magistrados del TC.

¿Puede el Gobierno hacer los nombramientos sin que el CGPJ haga los que les corresponde o, por el contrario, tiene que esperar a que se renueve el CGPJ para poder hacerlo?

Se trata de un problema que no se ha planteado hasta la fecha. Las designaciones de los magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ siempre se han hecho en las fechas que tocaban, sin que se haya producido nunca la prolongación del mandato de ninguno de ellos. No ha ocurrido lo mismo con los designados por el Congreso de los Diputados y el Senado, que sí han sido designados con retrasos en varias ocasiones. 

La Constitución dice que el TC se renueva por tercios, uno de los cuales está constituido por el Gobierno y el CGPJ. En buena lógica debería tratarse de una renovación conjunta por ambos órganos constitucionales. Pero ¿qué ocurre cuando uno de esos órganos constitucionales, el CGPJ, está “en funciones”, porque el principal partido de la oposición, el PP, se niega a cumplir la Constitución y acordar la renovación? ¿Puede el incumplimiento de la Constitución por parte del PP impedir que el Gobierno cumpla su obligación de designar a los magistrados que le corresponde?

De aceptarse esta interpretación, se estaría favoreciendo a quien incumple la Constitución. La norma para la renovación del CGPJ  es la misma con la que se llevó a cabo la renovación en 2013, cuando el PP disponía de mayoría absoluta e hizo uso de la misma para modificar la LOPJ, pero no en lo relativo a la renovación del órgano. El Gobierno socialista ha respetado la norma para la renovación establecida por el PP. El comportamiento del PSOE ha sido el mismo cuando estaba en la oposición que cuando está en el Gobierno. Es el PP el que se comporta de distinta manera cuando deja de estar en el Gobierno. Ocurrió en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Y ha vuelto a ocurrir en 2018, con Pedro Sánchez. ¿Puede aceptarse una interpretación de la Constitución que favorece a quien la incumple y penaliza a quien la respeta?

No parece razonable que sea la conclusión que debe alcanzarse. Nada hay en la Constitución que impida al Gobierno designar a los dos magistrados que habrían de sustituir a González Trevijano y Narváez. Todo lo contrario. La designación, una vez cumplidos los nueve años, es una obligación no sometida a condición de ningún tipo.

Aquí es donde entra en juego la maniobra de la que da cuenta José María Brunet en su crónica en EL PAÍS. La mayoría actual en el TC parece que quiere impedir que el Gobierno cumpla con su obligación y que no pueda designar los dos magistrados que le corresponden hasta que lo haga también el CGPJ.

En el caso de que el Gobierno decidiera designar los dos magistrados que sustituirían a González Trevijano y Narváez es obvio que ninguno de ambos podría pronunciarse sobre las designaciones del Gobierno, ya que no hay causa de abstención más clara que la de verse directamente afectados por la decisión que tendrían  que tomar. En el caso de que el acto del Gobierno de designación de los dos candidatos fuera impugnado, no podrían formar parte del Tribunal Constitucional que tuviera que dar respuesta a dicha impugnación. Tendrían no que abstenerse, sino que ausentarse. El debate únicamente podría producirse entre los demás magistrados sin la presencia de ninguno de los afectados directamente por la decisión del Gobierno.

La única salida del círculo vicioso en que hasta ahora se encontraba exclusivamente el CGPJ, pero en el que a partir del próximo lunes se encontrará también el TC, es que el PP se avenga a cumplir la Constitución y ponga fin al juego sucio que lleva practicando desde que Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno.