Claves para la democratización social en España

En la vida personal y en la vida en sociedad, existen dos formas de solucionar un problema. La primera consiste en intervenir sobre sus causas, en transformar la cadena causal que lo origina para que el problema deje de tener lugar. Así se eliminan de cuajo sus condiciones de posibilidad, aun a riesgo de desencadenar otros procesos que deriven en problemas diferentes. En cambio, la segunda opción es aquélla que prefiere intervenir sobre los efectos: se permite que la raíz del problema subsista y se actúa solamente sobre el escenario que ésta crea, canalizando sus consecuencias de la manera menos perjudicial. Como aspecto negativo, esta segunda opción implica la asignación y el mantenimiento de recursos de forma sostenida (tan largamente como la causa exista) y que al problema sólo se le ofrece una compensación parcial.

En la vida social, encontramos estas dos aproximaciones al capitalismo y su Problema: el esquema de trabajo asalariado no distribuye el valor de una forma justa, entendiendo por esto ajustada a los hechos de la producción. O lo que es lo mismo: a través del salario la clase trabajadora en su conjunto recibe menos valor del que ella misma produce. Esto da lugar a las crisis capitalistas: cuando la clase trabajadora no puede comprar/consumir aquello que ella misma produce y necesita para vivir dignamente (crisis de demanda solvente), o bien no puede devolver los créditos que durante algún tiempo le habían permitido hacerlo, encubriendo con ello el problema (crisis de demanda reconvertida en crisis financiera).

Según las alternativas delineadas en el primer párrafo, existen dos maneras de afrontar este problema. La primera (la que busca eliminar sus causas) aboga por expropiar y socializar los medios de producción para que la clase trabajadora decida sobre la totalidad del valor que ella misma produce. Esta opción —socialista en sentido estricto— implica un cambio en las relaciones de producción y la disolución de la diferencia entre clase trabajadora y propietaria. Allí donde esta opción se implementó, surgió sin embargo el problema colateral de una casta privilegiada que cristalizaba en las proximidades de la gestión (ya no la posesión) burocrática de esos medios de producción socializados.

La segunda opción (la que permite que la raíz del problema subsista mientras se interviene en sus efectos) deja indemne las relaciones de producción capitalistas y su división de clases y se concentra en abrir nuevos cauces para que la clase trabajadora pueda recibir el valor que le corresponde, cauces alternativos que se añaden y complementan los salarios. Tradicionalmente esta opción se ha asociado al paradigma social-demócrata. Este acercamiento es del todo dependiente de un aparato institucional capaz de imponer un sistema impositivo progresivo, uno destinado a compensar las injusticias del trabajo asalariado gravando las ilícitas ganancias que éste crea, devolviendo el valor a la clase trabajadora en forma de servicios públicos. En el plano teórico, esta opción se topa con un límite estructural, puesto que confía toda la producción a la iniciativa privada. De ahí que la redistribución impositiva jamás pueda llegar a compensar enteramente la injusticia de la distribución que perpetra el esquema de trabajo asalariado —o de lo contrario no habría beneficio para el empresario ni, por lo tanto, actividad productiva—. Pero, en la práctica, este riesgo nunca se ha llegado a actualizar. Al contrario: el margen del beneficio tolerado por la social-democracia se ha demostrado siempre demasiado alto, desmedido, pues ha permitido que cristalicen conglomerados empresariales capaces de chantajear con sus decisiones al propio Estado que debía proteger y compensar la injusticia sufrida por la clase trabajadora en primer lugar.

Existe toda una gama de variantes intermedias entre las dos opciones (nacionalización de algunas ramas productivas pero no de otras), del mismo modo que existen muchas maneras de redistribuir el valor que el trabajo asalariado escamotea a la clase trabajadora, formas que implican comprensiones diferentes del fenómeno redistributivo, del propio aparato institucional y de su relación con las comunidades. Es evidente que España debe hoy explorar y profundizar en todas estas opciones para relanzar, a través de sus instituciones, el proceso de democratización y justicia social que reclaman hoy sus mayorías sociales. De esto me gustaría hablar en un segundo texto que se publicará en este medio como un artículo diferente.

En cualquier caso, resulta esencial comprender que la decisión acerca de cuál de estas dos opciones es preferible —intervenir sobre las causas o sobre los efectos— no es una decisión teórica, sino histórica. Esto debería desanimar a todo aquél que se rasgue las vestiduras respecto a la radicalidad o moderación de una u otra opción de izquierdas, convencerle del carácter superfluo de su gesto. Teóricamente las dos son válidas y solventes: ambas están basadas en la teoría del valor de Marx y ambas incluyen mecanismos para que éste sea devuelto a las clases trabajadoras, que es lo que de verdad importa cuando se quiere evitar el sufrimiento que le acarrean las crisis económicas. Una opción actúa sobre las causas y otra sobre los efectos, pero a priori esto no dice nada acerca de su adecuación. En realidad, el terreno en el que ha de basarse la decisión sobre su idoneidad es el análisis histórico, el estudio del presente y de la situación concreta en la que se ha de intervenir para solucionar el problema. Se evaluarán entonces las consecuencias de una y otra, sus pros y sus contras, sus condiciones de posibilidad, los obstáculos, problemas colaterales, etc.

Lo mismo sucede con otros tantos problemas que atraviesan la vida social. Por ejemplo: la prostitución o el consumo de drogas. ¿Se quiere intervenir sobre sus causas o sobre sus efectos? ¿Cuál de estas aproximaciones está más a mano aquí y ahora, teniendo en cuenta las dinámicas globales de uno y otro fenómeno? A la hora de contestar estas preguntas, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una cuestión diferente (a priori) de la ilegalización de los dos fenómenos, si bien es innegable que la ilegalización hace más difícil —en los dos casos— intervenir sobre las consecuencias que las drogas y la prostitución provocan. No sólo por el peligro de criminalización que sufren las propias víctimas, unido al estigma social, sino porque su legalización permitiría —también en los dos casos— someter ambas actividades a la visibilidad de un marco de regulación que evitaría más fácilmente los peores efectos que fomenta su clandestinidad actual. Finalmente, también permitiría al Estado generar más ingresos con los que intervenir sobre sus efectos con servicios específicos. Sabemos que en 2010, la prostitución y las drogas supusieron un 3,7% del PIB europeo y un 1,7 del PIB español. En su libro CeroCeroCero, Roberto Saviano sostiene la hipótesis de que el consumo de drogas genera más ganancias al capitalismo mundial que la plusvalía extraída a las clases trabajadoras. Sin embargo, de los beneficios que generan la droga y la prostitución el Estado no recibe un solo euro para intervenir sobre sus peores consecuencias. Desde este punto de vista, la legalización no es una buena solución pero tampoco es la peor de ellas.

Una última nota. Por doquier se alzan voces que señalan a la educación como la solución de todos los problemas. En la mayoría de los casos esta afirmación no implica más que una huida idealista hacia adelante, vacía de todo contenido. La educación no actúa sobre las causas o los efectos de los problemas, sino que es el modo de mantener vivo su conocimiento y las alternativas que hasta ahora se han propuesto como solución. De esto se deriva que de una educación que no trabaje sobre la identificación de problemas sino sobre su ocultación no cabe esperar solución alguna. De una educación que sólo reivindique el status quo, la legalidad vigente, las relaciones de producción capitalistas; que forme a los alumnos en valores pero no en problemas, criminalizando a las víctimas y moralizando sobre sus consecuencias; que asuma las competencias que reclama la gran empresa como competencias educativas en sí mismas sin complementarlas con el mínimo análisis teórico acerca de la realidad capitalista, y que no realice si quiera un intento por conectar su funcionamiento con las experiencias diarias del alumnado (con sus goces, sufrimientos, deseos, frustraciones, etc.)… de una educación y una sociedad así, insisto, no cabe esperar solución alguna.