Coca-Cola y la ley del más débil

La Audiencia Nacional declaró hace poco nulo el expediente de regulación de empleo del grupo Coca-Cola Iberian Partners que supuso el cierre de cuatro plantas con casi 2.000 empleados en plantilla. La condena, un varapalo en toda regla para la dirección empresarial, supone la readmisión de los trabajadores y el pago de los salarios dejados de percibir.

La decisión ha suscitado una airada reacción por parte de las asociaciones empresariales que ven en ella una grave amenaza al ejercicio de su poder. En una misiva enviada al Gobierno cargan contra lo que consideran una aplicación heterodoxa de las normas laborales y anuncian que no se quedarán de brazos cruzados.

El argumento no es nuevo. Los empresarios llevan tiempo insistiendo en la necesidad de aprobar otra reforma laboral, aún más dura que la actual, para amordazar a los jueces laborales y sustraerles su capacidad para ponderar la proporcionalidad o adecuación de los despidos en los casos concretos.

Visto desde su perspectiva, la actitud de los togados sería interpretada como una suerte de desobediencia normativa, una estrategia para proteger de forma indiscriminada a los trabajadores en un contexto de crisis económica. Lo cierto, no obstante, es que tal forma de ver las cosas no se ajusta para nada a la profesionalidad con la que actúan la mayoría de ellos a la hora de hacer cumplir la ley. Un buen ejemplo de esto es, sin duda, la rigurosísima aplicación de la reforma laboral del 2012 en el caso Coca-Cola desde la óptica de las directivas comunitarias sobre la materia.

En realidad, Coca Cola Iberian Partners es el resultado del proceso de fusión de las ocho empresas embotelladoras situadas en diversas partes del territorio. Esta reorganización productiva implicaba la necesidad, según la empresa, de realizar el cierre de varios centros de trabajo y efectuar el despido de 1.190 trabajadores, habiéndose finalmente ejecutado 821. Y ello, a pesar de la existencia de pingües beneficios. Con la finalidad de revertir tal situación, los sindicatos convocaron una huelga en el centro de Fuenlabrada y un boicot a los productos que produjo una bajada de las ventas en un 48,6% hasta finales de febrero en la zona centro.

El tribunal pondera, ahora, que la empresa no siguió en todo ello los trámites legales para informar y garantizar los derechos de los trabajadores en el proceso de fusión. Se aprovechó, a su vez, de su recién creada condición de grupo para actuar como tal en la negociación, y no de forma separada en cada empresa. No solo eso: ocultó información esencial sobre la forma de reorganizar la producción tras el cierre de cuatro centros. Como colofón, la sentencia llama la atención sobre la gravedad del denominado “esquirolaje tecnológico” al que se sometió a los huelguistas.

La proyección, mecanismo psicológico de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, suele ser una estrategia útil para dejar fuera de juego al adversario. Cuando se descalifica a los jueces se pretende preparar un escenario que justifique otra nueva vuelta de tuerca legislativa a los derechos laborales. En realidad, el estigma de la ilegitimidad debería proyectarse no hacia ellos, sino sobre empresarios que con sus actuaciones conculcan conquistas sociales que son de todos los ciudadanos. En el caso de la Coca-Cola, ni más ni menos que el propio derecho de huelga, un medio de legítima presión en manos de los trabajadores que goza en la Constitución española de una protección jurídica reforzada.

La labor de los jueces es, precisamente, amparar a los más vulnerables con el objetivo de remover los obstáculos que impiden mayores cuotas de justicia social. Como decía el jurista Ferrajoli, los derechos fundamentales son la ley del más débil. Aquí se encuentra la más bella y contundente tarea judicial: velar por su máxima efectividad. Quienes desconocen ese mandato son, en el fondo, los auténticos desobedientes a la ley.