3.289 inmigrantes sin papeles recibieron atención médica en Asturias

Asturias es una de las comunidades que, junto con Andalucía y el País Vasco, garantiza la sanidad pública y las recetas médicas a los extranjeros en situación irregular, a diferencia de Madrid o Castilla la Mancha. En España unas 150.000 personas quedaron sin derecho a la atención sanitaria tras la entrada en vigor de la reforma de la ministra de Sanidad, Ana Mato, hace ahora un año. En Asturias, esa medida ha afectado, según datos del pasado mes de junio, a 10.000 inmigrantes.

Al mismo tiempo que el Gobierno central aprobaba la ley, el Ejecutivo socialista de Javier Fernández publicaba una disposición para garantizar la sanidad pública a este colectivo. Y desde entonces, 3.289 personas han pasado consulta o se les ha realizado pruebas diagnósticas.

Además, el Servicio Público de Salud, junto con Cruz Roja, les garantiza el acceso a los medicamentos farmacéuticos en condiciones semejantes que al resto de los ciudadanos de la comunidad. El Gobierno de Asturias encontró la solución en los programas de atención sociosanitaria a inmigrantes sin recursos, que están fuera del circuito de facturación de la sanidad pública que, tras la norma del PP, impide que se emitan recetas a personas en situación irregular a través del Sistema Nacional de Salud.

Para llevar a cabo estas dos medidas específicas, el ejecutivo asturiano cuenta con el respaldo y la participación de diferentes organizaciones sociales y profesionales del sector sanitario que, al igual que el Gobierno del Principado, consideran que la exclusión de estas personas de la sanidad pública es “una medida innecesaria e injusta, que carga el peso de los recortes sobre los colectivos y grupos sociales con menor capacidad de respuesta”.

La normativa autonómica contempla que toda persona que resida en Asturias y que lo solicite, sea cual sea su situación administrativa, será incorporada a la base de datos de población del Servicio de Salud, se le asignará centro de salud y médico y se le garantiza el acceso a la atención dentro de los servicios sanitarios autonómicos.