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El informe OLAF sobre el puerto de Gijón entra en campaña electoral contra la gestión de los socialistas
Asturias —
El Informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF, sobre las irregularidades detectadas en la obra de ampliación del puerto de Gijón (El Musel), se puede convertir en un arma más contra la gestión de los socialistas de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo. Por lo menos así lo interpreta el Gobierno de Asturias, tras escuchar a la ministra de Fomento, Ana Pastor, decir que el asunto es “muy grave y muy serio”.
Las afirmaciones de la ministra son calificadas por el ejecutivo asturiano como “absolutamente desmedidas”, por vincular el informe a la gestión de los gobiernos socialistas, en concreto al de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que durante su mandato se realizaron casi todas las gestiones para la ampliación, aunque los primeros pasos los inició el gabinete de José María Aznar.
El escenario político está marcado por la cita electoral de mayo, hecho que no pasa desapercibido a la consejera de Fomento del Gobierno asturiano, Belén Fernández. “Estamos en precampaña a unas elecciones europeas y la tentación de sacar rédito político puede ser grande por parte del Gobierno del PP”, advierte y pide a la ministra Ana Pastor una actitud más prudente y “más en un tema de esta enjundia”.
Para Belén Fernández, la ministra se olvida que los trámites para llevar a efecto las decisiones políticas están avalados por informes de carácter técnico y jurídico, emitidos por empleados públicos y profesionales que han estado bajo el mandato de gobiernos del PP y del PSOE. “Acaso de que quiera poner en tela de juicio la profesionalidad de los juristas, debería de ser más comedida en sus declaraciones”, dice.
El informe de 340 páginas hace alusiones de carácter personal y a la confidencialidad; recomendaciones que no se han tenido en cuenta una vez que se ha filtrado que la OLAF ha detectado irregularidades en la licitación pública, reclama a España la devolución de 198 millones de euros y recomienda que no se entreguen los 49,5 millones pendientes de abono por la UE y que completan la subvención de la obra de ampliación del principal puerto de Asturias.
En el documento se critica el procedimiento de adjudicación, duda de los precios abonados por la piedra con la que se rellenó la obra, indica la existencia de información falsa sobre la cantidad de material transportado, fallos en el pesado de los camiones, censura la falta de control de España y denuncia que la UTE que se encargó de la ampliación del puerto (Dragados, FCC, SATO y Alvargonzález) obstaculizó la investigación.
La oficina de la Fiscalía General del Estado remitió el informe a la Fiscalía Anticorrupción, que está analizando la voluminosa documentación antes de decidir si presenta o no una denuncia en los juzgados. Los Ministerios de Fomento, Hacienda y Administraciones Públicas también están trabajando en la decisión sobre qué hacer, si se devuelve o no el dinero.
También el Gobierno de Asturias, que ya ha recibido la documentación de la OLAF después de reclamarla por carta al Gobierno central, ha puesto el informe en manos del Consejo Consultivo, “para actuar con seguridad jurídica y estar asistidos por la legalidad que necesitamos”.
