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Los bancos retiran 200 clausulas suelo ante la amenaza del Principado de sancionar con 18.000 euros
Asturias —
La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) asegura que en un mes ha logrado que se retire la cláusula suelo de doscientas hipotecas , después de que el departamento de Consumo del Gobierno de Asturias abriera 17 expedientes sancionadores por “falta grave” a cuatro entidades bancarias por su “uso abusivo” y la amenaza de una multa de hasta 18.000 euros por contrato.
La UCE tiene recogidas más de 500 reclamaciones y ha tramitado ya 350. La respuesta de las entidades bancarias a esta iniciativa ha sido llamar a la puerta de la organización para que quite las denuncias, “pero no lo haremos hasta que ellos retiren la cláusula y devuelvan el dinero”, asegura su presidente, Dacio Alonso.
El Gobierno del Principado fue el primero en tomar la iniciativa contra los bancos que se resisten a quitar la cláusula suelo de las hipotecas, impidiendo que los ciudadanos se beneficien de las bajadas de tipos de interés. Los bancos afectados son Popular-Pastor, Liberbank, Sabadell y Caja Rural.
El ejemplo de Asturias es seguido ya por las comunidades autónomas, que según Dacio Alonso, están anunciando expedientes a bancos y cajas por el “uso abusivo” de la cláusula suelo. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, de mayo de 2013, que habla de “oferta engañosa”, los bancos “no han modificado esta práctica abusiva y los ciudadanos se encuentran en una situación de indefensión”, dice Alonso.
Hasta ahora las administraciones públicas se mantenían al margen de enfrentarse a las grandes entidades financieras, pasando la pelota al tejado del Banco de España, que ya dejó claro que “no es asunto de su competencia”, sino de los departamentos competentes autonómicos.
Según los datos que maneja la UCE, de los 9.000 millones de beneficios que obtuvo la banca en 2013, más del 10 por ciento corresponden “al abuso y la ilegalidad de la cláusula suelo, que mantiene atrapadas a 30.000 familias en Asturias y a cuatro millones en España”.
Una vez que las comunidades autónomas han dado el paso, ahora toca el turno a los ayuntamientos. El Ministerio de Administraciones Públicas ya les dijo que, a pesar de la reforma local, seguirán ejerciendo competencias en cuento a la protección de consumidores y usuarios. “Así, que no escurran el bulto”, advierte Dacio Alonso.
El presidente de UCE en Asturias denuncia que ni un solo ayuntamiento del Principado cuenta con un inspector de consumo que vele por el cumplimiento de la normativa y que están dejando en manos de la Policía Local una función “para la que no está preparada”.
Además de la campaña de información que está realizando para informar sobre las consecuencias económicas de la cláusula suelo en los contratos hipotecarios, la UCE tiene previsto llevar a la Junta General del Principado un proyecto de ley para reformar la normativa de 2002, “que ha quedado obsoleta ante las necesidades de los ciudadanos en tiempos de crisis” y mejorar la protección de los consumidores.
Para esta organización, una de las cuestiones que ha patentado la crisis es la indefensión que sufren los consumidores ante los abusos de las grandes empresas, “que han pasado de la condición de soberano a la de súbdito”.
Las sanciones impuestas por el Principado a las entidades bancarias radican en su mala fe, que incluyen la cláusula suelo “en un contrato de préstamo a interés variable que de hecho lo convierte en un préstamo a interés fijo”. La escasa transparencia de esta práctica, hace que “los consumidores no tengan conocimiento claro de la incidencia de la cláusula en la ejecución del contrato de la hipoteca” y por lo tanto la considera “abusiva, al atraer al cliente mediante una oferta competitiva que no es real”.
