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El Gobierno valenciano cifra en 935 millones la deuda del Estado por la atención al sistema de dependencia

Desde 2015, la Generalitat valenciana ha aportado 2.170 millones mientras que el ministerio solo ha participado con 299,3 millones, lejos del 50% que marca la ley de dependencia

Helena Ferrando, secretaria autonómica de Servicios Sociales

Helena Ferrando, secretaria autonómica de Servicios Sociales

La secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Helena Ferrando, ha cifrado en 935 millones de euros la deuda del Estado con la Generalitat en dependencia desde 2015 ya que el Consell ha aportado en este periodo un total de 2.170 millones mientras que el ministerio solo ha participado con 299,3 millones cuando debería financiarse al 50 por ciento.

Por ello, Ferrando, en una entrevista concedida a Europa Press, ha apuntado que está "muy contenta" de la abstención de Compromís en el primer debate para investir a Pedro Sánchezpresidente del Gobierno porque era "lo que tocaba hacer" ya que en 2018, según las estimaciones, el Gobierno central solo aportó el 11,20%, 76 millones, y la Generalitat el 89,80%, 602 millones.

En esta línea, ha recalcado se trata de un incumplimiento de la Ley y que si el Estado abonara el 50% que le corresponde, el Consell 
tendría los recursos necesarios para "poder trabajar más y mejor" con "la contratación de más personal y nuevas residencias".

No obstante, ha aclarado que "este pozo presupuestal para atender la dependencia no se acaba" pues esta partida está asegurada por un crédito ampliable ya que este Gobierno "tiene claro que venimos para rescatar a las personas".

En concreto, el sistema, según los datos de dependencia a 30 de julio, atiende a 83.477 personas beneficiarias y se han introducido 
76.515 afectados desde julio de 2015. Además, en lo que va de año se han registrado 26.753 nuevas solicitudes, 3.308 sólo en el mes de julio.

Ferrando ha destacado cuando accedió el Botànic al Consell el sistema de dependencia "no funcionaba, con una espera de hasta cinco años" mientras que ahora "los nuevos expedientes se resuelven en unos seis meses, el plazo que marca la ley".

Al respecto, ha explicado que el problema se tiene con "algunos expedientes antiguos heredados" que son "más complicados de resolver" porque se deben actualizar los datos, ya que muchos de ellos han cambiado de domicilio o estado.

"Pero ahora el sistema ya funciona porque se basa en una administración eficaz y eficiente", ha recalcado. De hecho, ha hecho hincapié que en tres meses se han hecho las mismas valoraciones que en 2015.

Ferrando ha explicado que además de "una mala gestión" el problema de los atascos se debían a que el PP "no aumentaba el presupuesto" y "el sistema se colapsaba" cuando además no se ha llegado al techo ya que, por el índice de envejecimiento, se calcula que habrá que atender al 2,07% de la población cuando ahora se está en el 1,6%. "Ese es el gran hito junto a la calidad", ha expuesto.

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